La Gaceta Jurídica

Proceso autonómico detenido

Tenemos un Ministerio de Autonomías prácticamente paralizado y, para rematar, contamos con un Órgano Legislativo que prácticamente trabaja y hace leyes en función de lo que manda el Órgano Ejecutivo y no en función de la iniciativa ciudadana, las iniciativas indígenas, iniciativas campesinas y ni para qué hablar de iniciativas de niveles subnacionales de gobierno.

El proceso no deja de ser objeto de observaciones sobre su avance.

El proceso no deja de ser objeto de observaciones sobre su avance. Foto: indymedia.org

La Gaceta Jurídica / Wilman Ramón Cardozo*

03:23 / 29 de enero de 2013

El Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es parte de la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y, lamentablemente, en este momento no se trabaja iniciativas indígenas en pro de la pronta y efectiva aplicación de la Justicia Indígena.

La propia Cámara de Diputados está abocada a otras leyes que vienen pensadas y diseñadas, naturalmente, desde el Órgano Ejecutivo y en el tema indígena campesino pocas o ninguna iniciativa legislativa llegan al comité.

No sé qué es lo que está pasando con los hermanos indígenas. La propia Constitución Política del Estado faculta y establece claramente sus derechos. En todo caso, son casi nulos los proyectos de ley que hayan radicado en el Comité.

Fundamentalmente, es que el proceso autonómico en sí, es decir, las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas están paralizadas en el país. El gobierno está con otra visión de país, no está dando impulso al proceso autonómico y eso se debe fundamentalmente a que el Ministerio de Autonomía prácticamente ha desaparecido del mapa a nivel nacional.

Quienes deben dar el asesoramiento técnico son los técnicos de dicho ministerio, quienes tendrían que dar las pautas a la ciudadanía, a los propios hermanos indígenas sobre los derechos que tienen. Por eso, aseguramos que, prácticamente, el proceso autonómico está parado en todo el territorio y lo señalado sería uno de los motivos fundamentales para que no se dé la debida importancia a lo que ha significado un logro histórico denominado “autonomía indígena”.

La implementación de la autonomía indígena no es una prioridad para el gobierno, no es una política de Estado.

Por otra parte, ninguno de los gobiernos departamentales ni los municipios autonómicos han adecuado sus estatutos a la Constitución Política del Estado, no ha habido interés, están con otros temas en agenda, priorizan leyes judiciales, leyes procesales; a lo único que dan atención es a la propia judicialización del Estado, pero no lo que realmente le interesa a la gente.

Los propios indígenas están haciendo un gran esfuerzo de acuerdo a sus alcances y posibilidades para aprobar sus estatutos en los lugares o comunidades donde se ha dicho sí a la autonomía indígena, como en Charagua y otros territorios indígenas. Lamentablemente, no hay muchos avances ni voluntad política por parte del Estado.

Desde la salida de Carlos Romero del Ministerio de Autonomía, este ministerio prácticamente ha desaparecido del contexto nacional y tan solo es un nominativo. La autonomía se cae a pedazos ya que la gente que actualmente maneja este ministerio no entiende la importancia y ni el proceso autonómico tal como se lo concibió en un principio, sumando que se tiene limitaciones en la Constitución Política del Estado Plurinacional y en la Ley Marco de Autonomías.

Tenemos un Ministerio de Autonomías prácticamente paralizado y, para rematar, contamos con un Órgano Legislativo que prácticamente trabaja y hace leyes en función de lo que manda el Órgano Ejecutivo y no en función de la iniciativa ciudadana, las iniciativas indígenas, iniciativas campesinas y ni para qué hablar de iniciativas de niveles subnacionales de gobierno.

El problema con la Ley de Deslinde Jurisdiccional es que, a pesar de que el mismo Gobierno ha introducido esta ley en el debate nacional, actualmente no existe más motivación al tratamiento o reglamentación de esta ley para su pronta aplicación.

Además, con los actuales problemas con pueblos indígenas a nivel nacional, parecería que hay una especie de arrepentimiento por parte del partido de gobierno de haber dado “muchas alas” a estos pueblos, temiendo que esto se puede convertir en un bumerán en contra del propio accionar de la administración de Estado.

Es por esto que ya al Gobierno como tal no le interesa hablar de estos temas, ni siquiera ya de hablar de Justicia Indígena Originaria Campesina, porque sabe que se le puede convertir en un problema.

Poniendo en práctica la Justicia Indígena Originaria Campesina con la Ley del Deslinde Jurisdiccional se podría complicar más todavía el tema de la gobernabilidad o la administración del Estado. Al pa- recer, dicen “nos hemos equivocado en esto y al final de cuentas vamos a convertirnos en un Estado totalmente ingobernable”.

Este debe ser el motivo por el que frenan acciones a favor de las autonomías y de la aplicación de la misma Justicia Indígena Originaria Campesina.

Lo que ocurre con el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) es una clara muestra de la ingobernabilidad que vivimos en Bolivia. Lo mismo que ocurre con la región del Chaco y el tema de la consulta previa. Es de imaginarse cuando se ponga en práctica la Justicia Indígena.

El gobierno ha ido por lana y ha salido trasquilado, por eso han puesto un alto a este proceso hasta que no se ordene y sepan realmente cuál es el norte al que van a apuntar con todos los derechos y los discursos que han creado en torno al indigenismo.

* Es diputado nacional, en la anterior legislatura fue vocal del Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.

Tomado de: justiciaenlosandes.org

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