La Gaceta Jurídica

Pueblos indígenas y reforma penal en Bolivia: de las normas a las prácticas

Parte I

Foto: mindef.gob.bo

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La Gaceta Jurídica / Ramiro Orías Arredondo

00:00 / 18 de diciembre de 2012

Esta ponencia analiza el alcance y la manera cómo la reforma del sistema procesal penal en Bolivia ha abordado el tratamiento especial para los pueblos indígenas dentro un modelo estatal de tipo “multicultural”; y plantea la necesidad de avanzar en una nueva generación de reformas de la justicia penal que contribuyan a mejorar la protección y garantías de los pueblos indígenas –bajo el paradigma de lo “plurinacional”– en el marco del respeto a la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, a la luz de la reciente reforma constitucional y los estándares internacionales sobre Derechos Indígenas.

Introducción

En la última década, la justicia penal en América Latina ha vivido un proceso intenso y amplio de transformación normativa, institucional y procesal.

En la gran mayoría de los países de la región se ha buscado sustituir el sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal por modelos de tipo acusatorio, oral y garantista. Al mismo tiempo, en esta década es cuanto mayor avance ha tenido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, han sido escasas o no siempre visibles las iniciativas desplegadas por articular ambos procesos en la construcción de un sistema de administración de justicia penal con carácter intercultural, basado en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto de sus particularidades culturales, lenguas, saberes y valores.

Algunos de los trabajos de Inés Marensi (1) y Silvina Ramírez ya plantearon el “hecho de la diversidad” como desafío para los procesos de reforma penal en varios países de la región. Es frente a ese reto que se hace necesario analizar si, en el caso boliviano, se ha avanzado en esta materia y –particularmente– si el paradigma de lo “plurinacional” ha marcado una diferencia sustantiva.

Con la reforma constitucional de 1994 se reconoció el carácter pluricultural y multiétnico de Bolivia. Esta definición de país “multicultural” se tradujo en un reconocimiento de los derechos a la diversidad cultural en la reforma procesal penal de 1999. Así, el Código de Procedimiento Penal estableció reglas especiales para el caso de procesos a miembros de pueblos indígenas por la vía penal, como ser: asignación de intérpretes o traductores, peritajes especializados, extinción de la acción penal y reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena, para la solución de conflictos penales entre los miembros de una misma comunidad.

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (nCPE) en 2009, Bolivia se constituye en un Estado “Plurinacional”, fundado —entre otros– en el pluralismo jurídico, cultural y lingüístico. Además, define que los pueblos indígenas “ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios” en igualdad de jerarquía a la justicia ordinaria.

En ese sentido, en diciembre de 2010 se ha promulgado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, con el objetivo de regular los ámbitos de vigencia y mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Simultáneamente, se ha producido algunas otras modificaciones al sistema penal.

En este documento revisaremos diversas disposiciones legales, tanto instrumentos internacionales como leyes nacionales, que se han desarrollado en materia de enjuiciamiento penal a miembros de pueblos indígenas. Posteriormente, bajo este marco, se hará un balance de los avances y retrocesos que, desde la justicia ordinaria, se han hecho de cara a la construcción del pluralismo jurídico en materia penal.

Derechos Indígenas: normas y estándares internacionales

Los pueblos indígenas de forma progresiva han ido conquistando un lugar específico, propio y relevante en el Derecho Internacional, particularmente en el de los Derechos Humanos. Se ha ido reconociendo y definiendo un conjunto importante de derechos colectivos que buscan proteger su vida política, económica, social y cultural en comunidad (2).

Con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce la diversidad cultural como un derecho humano fundamental.Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Luego, el Convenio Nº 169 de la oit (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas de 1989, traería algunas implicancias directas para asegurar ese derecho a la diversidad cultural en el derecho penal:

Artículo 8. 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Artículo 9. 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.Artículo 10. 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.

Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

La Declaración de las Naciones Unidas (nnuu) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el 10 de diciembre de 2007, en relación a la aplicación del derecho penal, refuerza además:

Artículo 13. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 35. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Es pertinente mencionar también los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que incorpora el principio de diversidad cultural en el régimen penitenciario.

Principio básico

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente.

Vestido

El vestido que deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y religiosa de las personas privadas de libertad.

Educación y actividades culturales

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales.

Personal de los lugares de privación de libertad

El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.

Finalmente, mencionaremos algunos criterios establecidos en la Recomendación General Nº 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que en relación al tema presenta unas reglas mínimas o estándares que se deberían considerar en los sistemas de justicia penal, a fin de evitar sus efectos discriminatorios sobre grupos raciales, étnicos y culturales:

23. Asimismo, los Estados Partes deberían garantizar a toda persona detenida, cualquiera que sea su pertenencia racial, nacional o étnica, los derechos fundamentales de defensa enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, concretamente el derecho a no ser arrestado ni detenido de manera arbitraria, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a los servicios de un intérprete, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a comparecer en breve plazo ante un juez o autoridad facultada por la ley para ejercer funciones judiciales.

Específicamente, en materia de detención preventiva, se deberá tomar en cuenta:

26. Habida cuenta de los datos que muestran que entre los detenidos en espera de juicio figura un número sumamente elevado de personas pertenecientes a los grupos mencionados, los Estados Partes deberían velar por que:

a) El mero hecho de la pertenencia racial o étnica o la pertenencia a uno de los grupos citados no sea motivo suficiente, de jure o de facto, para decretar prisión preventiva contra una persona. Dicha prisión preventiva sólo podrá estar justificada por motivos objetivos previstos por la ley, como el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de influencia en los testigos o de graves perturbaciones del orden público;

b) La exigencia de fianza o de garantía financiera para obtener la libertad antes del juicio se aplique de manera acorde con la situación de las personas pertenecientes a esos grupos, que a menudo se hallan en situación de precariedad económica, con objeto de que la referida exigencia no se traduzca en discriminación contra esas personas;

c) Los elementos de caución exigidos frecuentemente a los inculpados antes de iniciarse el proceso como condición para que permanezcan en libertad (domicilio fijo, trabajo declarado, lazos familiares estables) se consideren teniendo en cuenta la situación de precariedad a que puede dar lugar su pertenencia a esos grupos, en particular cuando se trata de mujeres y niños;

d) Las personas pertenecientes a esos grupos que se hallen en prisión preventiva disfruten de todos los derechos reconocidos al detenido en las normas internacionales pertinentes, en particular los derechos especialmente adaptados a su situación: el derecho al respeto de las tradiciones religiosas, culturales y alimentarias, el derecho a las relaciones con su familia, el derecho a la asistencia de un intérprete….

Por último, la Recomendación señala, además, que, con relación al proceso penal y la imposición de sentencia, se deberá tener en cuenta que:

27. Antes del proceso, los Estados Partes podrían alentar, si procede, la desjudicialización o la utilización de procedimientos parajudiciales frente al delito, teniendo en cuenta el entorno cultural o consuetudinario del autor de la infracción, especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos indígenas.

Con respecto a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, los Estados Partes deberían favorecer la aplicación de penas alternativas a la privación de la libertad y el recurso a otras sanciones mejor adaptadas a su sistema jurídico, teniendo en cuenta en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Nº 169 oit).

Derechos Indígenas: Constitución y Derecho Penal

A nivel nacional, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el 2009, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico (artículo 1).

Esto implica, a diferencia de la constitución anterior –que reconocía a la sociedad boliviana como una sociedad multicultural–, que ahora el Estado comprende una pluralidad de naciones, cada una con sus propias cosmovisiones, valores culturales y prácticas. Esto implica una nueva forma de funcionar para el Estado y sus instituciones, una nueva forma de gestionar la justicia y el conflicto.

El nuevo orden constitucional reconoce jurídicamente que las naciones y pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales (artículo 2).

El artículo 30 de la nueva constitución boliviana garantiza el derecho de ejercer su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, así como que sus saberes y conocimientos tradicionales, sus idiomas, rituales, símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

Específicamente, reconoce el derecho a ejercer sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

En ese marco, la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional y la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones.

La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones (artículo 98). En ese marco toca analizar en qué medida la justicia boliviana ha asumido la interculturalidad como principio de convivencia dentro del Estado Plurinacional.

El nuevo diseño constitucional boliviano declara que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios –entre otros– de pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, armonía social y respeto a los derechos. Define que la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria y aplica sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

Como hemos podido apreciar, el marco jurídico internacional y constitucional eleva el techo de garantía de los derechos de los pueblos indígenas y protección de la diversidad cultural, aplicables a la administración de la justicia penal. Ahora examinaremos cómo la legislación nacional específica, vigente en el país, se ha desarrollado en materia penal y veremos si guarda correspondencia con dicho techo jurídico.

En ese sentido, el nuevo Código de Procedimiento Penal (nCPP) de 1999 significó un avance pionero al dotar de ciertos elementos de interculturalidad a la gestión de la justicia penal. Por una parte, se reconoce a las decisiones de la justicia indígena un carácter de cosa juzgada y constituye causal de extinción de la acción penal.

Artículo 28. (Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado.

Continuará

Notas

1. Inés Marensi, Reforma Procesal Penal y Pueblos Indígenas, en Revista Sistemas judiciales, Año 6, Nº 12, Ceja, Santiago, mayo de 2007. Silvina Ramírez, Derechos de los Pueblos Indígenas y Reforma Procesal Penal: los casos de Chile y Guatemala, Ceja, Santiago, 2006 y La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas a través de un nuevo Sistema de Justicia Penal: Estados Oaxaca, Chiapas, Guerrero, DPLF, WDC, 2012.

2. Ramiro Orías Arredondo, Los pueblos indígenas en el derecho internacional: La cuestión de la libre determinación, en Revista: Umbrales, Nº 17. CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San Andres: Bolivia; Marzo de 2008.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, magister en Estudios Internacionales y director ejecutivo de la Fundación Construir. rorias2@fundacionconstruir.org

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