La Gaceta Jurídica

Relaciones entre el Derecho constitucional y la filosofía del Derecho

La utilización de las doctrinas elaboradas por los filósofos del Derecho permite ahondar en el estudio y comprensión más profunda de los fenómenos constitucionales.

Foto: danielcunado.wordpress.com

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La Gaceta Jurídica / Alfonso Santiago

00:00 / 16 de abril de 2013

“La ciencia del derecho debe extraerse de lo íntimo de la filosofía” (1).

La filosofía del derecho, la ciencia del derecho y la actividad jurisprudencial están llamadas a tener estrechas y fructíferas relaciones entre sí, señala con acierto Couture: “en la vida de todo jurista hay un momento en el cual la intensidad del esfuerzo en torno a los textos legales conduce a un estado de particular insatisfacción. El Derecho positivo va despojándose de sus detalles y queda reducido a una ciencia de grandes líneas. Pero, a su vez, estas grandes líneas exigen un fundamento que la misma ciencia no puede proporcionar. El jurista se siente entonces como si la tierra le faltase bajo los pies e invoca la ayuda de la filosofía. La mayor desgracia que le puede ocurrir a un estudioso del Derecho es la de no haber sentido jamás su disciplina en un estado de ansia filosófica” (2).

La búsqueda y formulación de los interrogantes fundamentales presentes en cada una de las ramas del Derecho llevan de la mano a sus cultores hacia la filosofía del Derecho para intentar dar bases sólidas a los desarrollos teóricos de sus propias disciplinas. Por esa razón, también los constitu- cionalistas estamos llamados a tratar y abordar planteos que tienen una clara impronta iusfilosófica. Las instituciones y conceptos constitucionales son implícita o explícitamente tributarias de determinadas concepciones iusfilosóficas.

La utilización de las doctrinas elaboradas por los filósofos del Derecho permite ahondar en el estudio y comprensión más profunda de los fenómenos constitucionales.

En este libro reunimos algunos estudios y trabajos sobre temas y cuestiones que pueden ser de interés común, tanto para el Derecho constitucional como para la filosofía del Derecho de nuestros días y que son fruto de ese esfuerzo por acer­ car estas dos disciplinas jurídicas (3).

Se trata, en resumidas cuentas, de elaboraciones de un constitucionalista con inquietudes iusfilosóficas. Comencemos por hacer unas caracterizaciones sobre estas dos disciplinas que luego intentaremos poner en relación. Consideramos que el núcleo central de la problemática constitucional es la relación entre derecho y política.

El Derecho constitucional se sitúa precisamente en el “cabo de hornos”, donde estos océanos de la realidad humana se encuentran y convergen.

El constitucionalismo moderno nació con la finalidad de someter el proceso político al Derecho, es decir, procurar encuadrar jurídicamente la actividad social consistente en la lucha por el poder político y su ejercicio desde el gobierno. Así, como a partir del Derecho romano, procuró el encuadre jurídico de las relaciones humanas básicas y, siglos más tarde, el Derecho comercial pretendió regular la actividad comercial con instrumentos jurídicos adecuados a esa nueva realidad del intercambio, modernamente, el Derecho constitucional ha intentado, con mayor o menor éxito, el encuadre jurídico de la actividad política, tanto en sus dimensiones agonal como plenaria.

En todos esos fenómenos aparece siempre una actividad humana con sus propias características y requerimientos y un régimen jurídico que pretende garantizar las exigencias de justicia en las relaciones que surgen en un determinado campo de la vida social (4).

El derecho constitucional moderno aparece en su conjunto, como un instrumento al servicio de una finalidad, lograr un poder político eficaz para el logro de los objetivos comunitarios, pero, a la vez, limitado, previsible y respetuoso de los derechos de los ciudadanos y de los grupos sociales que integran el estado.

Para que esa finalidad sea posible desarrolla serie de técnicas e instituciones jurídicas que facilitan su consecución, la existencia de una constitución rígida con la correspondiente separación entre el poder constituyente extraordinario y los poderes constituidos ordinarios; el control de constitucionalidad a cargo de uno de los poderes constituidos que asegure la supremacía constitucional;

La división de funciones y las relaciones recíprocas de cooperación y control entre los poderes constituidos; el federalismo que descentraliza territorialmente el ejercicio del poder; la elección popular de las autoridades públicas; la periodicidad en la duración de los mandatos; el reconocimiento de derechos humanos que se consideran previos al estado y la existencia de garantías tendentes a su protección; la asunción de compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de los estados y el reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales supranacionales en este ámbito; y muchas otras instituciones políticas y jurídicas que, con el paso del tiempo, han sido establecidas en los textos y en la práctica constitucional.

El fundamento axiológico último de aquellos objetivos y estas técnicas constitucionales es la protección de la particular, eminente, igual e inviolable dignidad de cada persona humana. El constitucionalismo es una de las tradiciones más valiosas desarrolladas en la cultura occidental, una herencia de la que hemos de estar orgullosos, cuidar con esmero y acrecentar su patrimonio.

Por su propia naturaleza, el Derecho constitucional mantiene estrechas relaciones temáticas con la ciencia política, la teoría del Estado, la antropología filosófica, la historia, la sociología, la economía, la psicología social, las demás ramas del derecho, en particular del derecho público y también con la filosofía del Derecho.

Por su parte, la filosofía del Derecho pretende estudiar en sus causas últimas el fenómeno jurídico. Forma parte de la llamada filosofía práctica e intenta descubrir y reflexionar sobre el sentido último de la actividad jurídica para comprenderla y orientar su desarrollo y continua mejora al servicio del humano. Buena parte de su problemática se sitúa en las relaciones entre la Ética y el Derecho. Por su naturaleza raigal su finalidad no es estudiar qué es de Derecho, qué conducta concreta es conforme a sus exigencias (¿quid iuris?), objeto propio de la ciencia del Derecho, sino contribuir a responder aquel interrogante más radical y definitivo acerca de lo qué es el Derecho, cuál es su esencia (¿qui ius?).

Las preguntas fundamentales que se plantea son: ¿qué es el derecho?, ¿cómo se lo conoce?, ¿cuál es su fundamento?, ¿por qué es obligatorio? A partir de Kant algunos autores postularon que el objeto propio de la filosofía del Derecho es someter a crítica la posibilidad, contenido y alcance de la ciencia del derecho. En nuestra época la cuestión de los derechos humanos, de su concepto, fundamentación y delimitación ha alcanzado un notable desarrollo entre las preocupaciones intelectuales de los iusfilósofos y constituye un claro y creciente punto de encuentro con los estudios constitucionales.

Los filósofos del derecho reflexionan sobre el fenómeno constitucional desde un escalón más elevado, más alejados de la realidad concreta en la que están inmersos los constitucionalistas. Por eso también sus miradas pueden ser complementarias. Las elaboraciones iusfilosóficas pueden inspirar el análisis constitucional, a la vez que la realidad constitucional puede actuar de banco de pruebas de las elaboraciones iusfilosóficas.

La penetrante mirada iusfilosófica tiene mucho que aportar a los constitucionalistas y el realismo y operatividad de los constitucionalistas puede enriquecer considerablemente las reflexiones iusfilosóficas. La cercanía con algunos de los problemas constitucionales, ha permitido a la filosofía del Derecho de nuestros días una aproximación al mundo jurídico real, mucho mayor que la de otros momentos históricos.

Trascendencia iusfilosófica de la aparición de las constituciones modernas

Con mucha audacia, tal vez rayana en la temeridad,  afirmo que a la luz de la realidad jurídica de nuestros días, los cuatro hitos fundamentales de la historia del Derecho de occidente son los siguientes:

i) El surgimiento y desarrollo del Derecho Romano, que fraguó y consolidó en la elaboración del Código Justiniano a mediados del siglo VI. Allí se contienen las bases de todo nuestro Derecho, en especial del Derecho privado;

ii) La sanción del Código Civil de Napoleón, aprobado por la ley de 24 de marzo de 1804, que recogió los intentos del modelo del legalismo racionalista, pretendió monopolizar en el Estado la creación normativa y estableció las bases del Derecho privado moderno que luego se difundieron por los diversos países;

iii) La sanción en 1787 de la Constitución estadounidense, que puso en marcha el proceso del constitucionalismo moderno con notables transformaciones de los sistemas políticos y jurídicos durante los dos últimos siglos. Este acontecimiento fue complementado por el surgimiento del control judicial de constitucionalidad a partir de la sentencia del caso “Marbury vs Madison” de 1803, fallo que dio origen a una de las transformaciones más profundas de la función judicial desde su misma génesis histórica.

Los jueces dejaron de juzgar sólo las conductas según las leyes y pasaron a ser también jueces de las propias leyes positivas. Este proceso, que tuvo lugar en Estados Unidos a comienzos del siglo XIX llegará a Europa con características propias a partir de la Constitución austriaca de 1920 y especialmente con la Constitución de los tribunales constitucionales alemán e italiano luego de la Segunda Guerra Mundial (5).

iv) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, que expresa la conciencia jurídica universal acerca de la igual dignidad de la persona humana como principio fundamental que rige la convivencia nacional e internacional y sienta las bases para el progresivo desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos (6).

Se trata de cuatro revoluciones, de grandes transformaciones profundas del sistema jurídico, de decisivos cambios de paradigma que modificaron notablemente la estructura normativa, la función judicial y el modo de pensar y operar el derecho.

Quisiera ahora centrarme únicamente en algunas de las consecuencias derivadas de la aparición de las modernas constituciones como pieza basal de todo el ordenamiento político y jurídico. La Constitución significó el intento por subordinar al Derecho no sólo el proceso de conformación de las autoridades públicas, sino también el ejercicio de todas sus atribuciones y funciones de gobierno. Los productos normativos de los órganos de gobierno dejaron de ser ya de “libre configuración jurídica” y pasaron ellos mismos a estar sometidos parcialmente a un Derecho positivo de carácter superior y supremo (higher law), integrado por normas de difícil reforma.

La finalidad que persigue y la posición jurídica que pasó a ocupar el texto constitucional lo convirtió en la primera y fundamental norma positiva, transformándose en el puente entre las exigencias permanentes del Derecho natural y el contenido de las disposiciones legales (7). A través de sus amplías previsiones, la Constitución tiende a receptar y desarrollar los contenidos de derecho natural y cumple la función de integrar de modo coherente las distintas instancias normativas dentro de un único y jerarquizado sistema jurídico.

Esta función mediadora llamada a cumplir la Constitución atrajo hacia ella y hacia las posibilidades derivadas de su despliegue jurídico, la atención de la filosofía del derecho. Surgía una nueva clase de ley positiva, una ley de leyes, cuya finalidad y contenido era positivizar y formalizar las principales exigencias de justicia, éticas, que se derivan de la especial e igual dignidad de las personas para intentar conformar de acuerdo a ellas la totalidad del ordenamiento jurídico. Por la función que cumple dentro de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, la constitución no puede dejar de llamar la atención de los iusfilósofos que intentan comprenderla y descubrir todo su potencial para los fines propios de la práctica jurídica. Ella comienza a interesarles mucho más que las leyes ordinarias.

Su posición estratégica en el marco del ordenamiento jurídico explica que las miradas de la filosofía del Derecho y del Derecho constitucional tiendan a converger en la Constitución y se planteen problemas y cuestiones comunes (8). Sin duda, este encuentro ha sido más estrecho en el ámbito de los derechos humanos, en lo relativo a la denominada parte dogmática de la Constitución, que en lo relacionado a la organización de los órganos de gobierno del Estado o parte orgánica, como lo muestra la abundante literatura que se desarrolla en las últimas décadas en relación a la problemática iushumana.

Estrechamente vinculado al concepto de supremacía constitucional y como su derivación connatural, surgirá el revolucionario fenómeno del control judicial de constitucionalidad, con aspectos novedosos que provocan serios replanteos en la teoría jurídica (9). Al analizar el significado de la introducción del control de constitucionalidad en el sistema constitucional alemán, decía el juez Bachoff:

“Esta concepción señala el abandono del positivismo legalista en el pensamiento político y jurídico alemán, la perdida de la creencia en la omnipotencia del legislador estatal. Esto significa un cambio en la historia del espíritu, cuya última y decisiva causa se produjo por la degeneración nacionalsocialista de las leyes en puros actos de poder y arbitrio, por la injusticia como sistema; pero su origen yace mucho más atrás y, en el fondo, significa solamente una vuelta a concepciones mucho más viejas y nunca del todo olvidadas sobre el Estado y el Derecho y sobre las relaciones existentes entre ambos. Es un retorno de la idea de ‘la ley como previa al derecho’, a la idea de ‘el derecho como previo a la ley’” (10).

Podemos afirmar que el control de constitucionalidad guarda estrechas relaciones con las doctrinas del realismo iusnaturalista, tanto en la afirmación de la existencia de una instancia jurídica superior (lex superior, higher law, exigencias de derecho natural) directamente operativa y desde la que es posible juzgar las normas sancionadas por los poderes constituidos, como en el otorgamiento al juez de un amplio radio de acción en la búsqueda de las soluciones justas del caso concreto.

El fenómeno de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos europeos a partir de la posguerra europea y el surgimiento de las diversas corrientes del neoconstitucionalismo, multiplicarán los puntos de contactos entre el derecho constitucional y la filosofía del derecho (11).

Refiriéndose a ese proceso, señala Vigo que “la constitucionalización del Derecho vigente brinda la oportunidad para generar nuevas propuestas en la teoría jurídica que resulten idóneas para explicar los cambios producidos y también para respaldarlos y potenciarlos. Muchos iusfilósofos comienzan a prestar atención y a reflexionar sobre esa constitucionalización, generando un aparato conceptual y crítico que se aparta del ius­ positivismo. También algunos constitucionalistas sensibilizados por los cambios recurren a nuevas visiones iusfilosóficas que le permitan leer con mayor realismo, coherencia y consistencia su propia materia. La Constitución desborda a los constitucionalistas e impregna de inquietudes y sugerencias a todos los juristas, pero es en buena medida la iusfilosofía o la teoría del derecho la perspectiva más idónea para comprenderla y operarla. De ese modo es posible identificar una lista de juristas que hacen filosofía o teoría jurídica con la constitución, convirtiéndose ésta en el disparador de sus tesis y el banco de pruebas de las mismas” (12).

Por otra parte, la dinámica de los sistemas democráticos constitucionales contemporáneos plantea la compleja y difícil dialéctica entre derecho y democracia, caracterizada por el modo en que se resuelva la relación entre las exigencias jurídicas derivadas de la dignidad de la persona y que tienen per se vigore y la legitimidad jurídica de los productos normativos derivados del procedimiento democrático (13).

Notas

1. “Ex intima philosophia ahurienda iuris disciplina”, Cicerón, De Legibus, i, p. 5.

2. E. J. Couture, en el prefacio a la obra de J. Goldschmidt, Problemi generali del diritto, Padova, 1950, p. 2.

3. En otra obra Bien común y Derecho constitucional, Ábaco, Buenos Aires, 2002. Ya hemos analizado cuestiones que relacionan al derecho constitucional con la antropología filosófica y la ciencia política y más indirectamente con la filosofía del Derecho.

4. “Las diversas ramas del derecho son sistemas de encuadramiento de las relaciones humanas para introducir en ellas el orden y la justicia. El Derecho civil es un sistema de encuadramiento de los comportamientos humanos en el ámbito de la familia y de las relaciones patrimoniales, para introducir en el mismo seguridad, orden, equidad, etc. el derecho mercantil es un sistema de encuadramiento de actividades de los comerciantes de cara a introducir orden, exactitud, sinceridad, justicia, etc. El Derecho laboral encuadra y reglamenta relaciones entre jefes de empresa y asalariados, a fin de alcanzar objetivos del mismo orden. Este esfuerzo de encuadramiento, que ha tenido lugar muy pronto para los fenómenos de la vida de relación entre los individuos, al menos para el Derecho civil y mercantil, ha sido emprendido también, aunque más tardíamente, para las manifestaciones de la vida política. El resultado de este esfuerzo es lo que se llama derecho constitucional.

Pero es necesario indicar inmediatamente que el encuadramiento de los fenómenos políticos no es una empresa fácil, y ello por tres razones:

-Porque, por decirlo de alguna manera, la violencia es inherente en las relaciones políticas.

-Porque la vida política tiene, aparte de la violencia, una espontaneidad y un poder de evolución considerables.-Porque los preceptos del Derecho constitucional se dirigen a “actores jurídicos particularmente poderosos, que no siempre obedecen las reglas establecidas”.

5. A. Hauriou, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ariel, p. 27. Desarrollaremos la génesis y evolución de estas transformaciones en el capítulo VI de esta obra.

6. Este fenómeno en el capítulo VII del libro completo.

7. “La idea de un derecho fundamental o más alto (higher law) era claramente tributaria de la concepción del derecho natural como superior al derecho positivo e inderogable por éste”, E. García De Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, 1985, p. 51.

8. El análisis del concepto, significados e importancia de la Constitución se amplía en el capítulo II del libro.

9. “Difícilmente se habría mantenido el higher law como protección para los individuos si no se hubiese apoyado sobre la judicial review (la facultad de declarar inconstitucionales las leyes). De este modo, investido con forma legal e instrumentado por judicial review, el higher law, con juventud renovada, entra en uno de los más grandes períodos de su historia y, jurídicamente, el más fructífero desde los días de Justiniano”, E. García De Enterría, ob. cit., p. 53.

10. O. Bachoff, Jueces y Constitución, Taurus, Madrid, p. 35.

11. Remitimos al capítulo VI del libro, en especial al apartado 2.

12. R. Vigo, Constitucionalización y neoconstitucionalismo: algunos riesgos y algunas prevenciones.

13. Este punto se amplía en el capítulo IV y en el apartado 2 del capítulo Vii de este libro.

Es especialista en Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional y Vicerrector Académico de la Universidad Austral, Argentina.

Capítulo uno del libro En las fronteras entre el Derecho constitucional y la filosofía del Derecho. Consideraciones iusfilosóficas acerca de algunos temas constitucionales

Tomado de: ucm.es

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