La Gaceta Jurídica

Tratado de 1904 frente a la Constitución Boliviana

Llama la atención el nuevo capítulo de la larga historia de desencuentros entre Chile y Bolivia, que ahora, tras el reciente incidente fronterizo con tres soldados detenidos, podría derivarse en la construcción de “confianzas recíprocas” sobre una agenda de 13 puntos. Ahora, el jefe de la diplomacia chilena considera que, bajo determinadas condiciones, es posible restaurar la relación bilateral .

Expresidentes y el gobierno actual, según se han propuesto, deberán responder con una política marítima de Estado.

Expresidentes y el gobierno actual, según se han propuesto, deberán responder con una política marítima de Estado. Foto: Jaengelis Suárez abi.bo

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 22 de marzo de 2013

Además, para el canciller chileno, Alfredo Moreno, es posible avanzar en aspectos de interés común, según se aprecia en una reciente entrevista que ha concedido dicho diplomático al matutino cruceño El Deber (10/03/2013), en donde ha argumentado que “tenemos muchísimo de qué beneficiarnos mutuamente”.

Con esta afirmación, pareciera que la predisposición es clara, aunque se desconoce todavía las “condiciones” que generalmente acostumbran imponer las autoridades chilenas cuando se trata de dialogar abiertamente (caras vemos, intenciones no sabemos).

Hay muchos aspectos qué analizar y deducir de lo expresado en aquella entrevista. Sin embargo, por ahora quisiera detenerme en la siguiente preocupación de este Canciller:

“También es importante el tema de la Constitución boliviana de 2009, que estableció el derecho irrenunciable de Bolivia del acceso a la costa y de un corredor que uniera esa costa con Bolivia y estableció un periodo transitorio de cuatro años que, según entendemos, podría vencerse este 2013. Creo que el presidente (Morales) se ha sentido apretado por esos plazos. Le pedimos que clarificara este punto; si la Constitución afectaba o no el Tratado de 1904 (…)”.

Constitución y tratado

Ante todo, la preocupación no debería radicar en determinar si la Constitución boliviana afecta el Tratado de “Paz y Amistad” de 1904, sino al revés, es decir, si aquel Tratado con sus disposiciones --muchas de ellas leoninas--, afecta o vulnera directa o indirectamente los mandatos establecidos por la voluntad del soberano, expresada a través de la Constitución refrendada y aprobada el 2009; ello, en mérito a la gradación jerárquica que existe entre ambas normas.

Sobre éste aspecto, es necesario considerar que la Constitución boliviana es normativa, vale decir que se trata de la norma máxima que, por ser la base del ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia.

Además, porque ésta contiene un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos conforman el bloque de constitucionalidad, que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos emergentes de la relación entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí.

En este sentido, la misma Constitución, en el artículo 410 parágrafo II, además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas las demás normas.

En segundo lugar se encuentran los tratados internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 parágrafo I constitucional) y que, una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de Ley (artículo 257 parágrafo I constitucional), salvo por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que, una vez firmados o ratificados, prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales, deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13 parágrafo IV constitucional) y cuando estos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional).

En el tema marítimo

En cuanto a la reivindicación marítima, es clara la voluntad del constituyente al manifestar expresamente que “declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, a cuyo efecto reconoce que la solución efectiva al diferendo marítimo, únicamente puede prosperar “a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio”, los cuales, indudablemente, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado Plurinacional de Bolivia (artículo 267 constitucional).

Asimismo, en relación a los tratados suscritos con anterioridad a la aprobación de la Constitución en Bolivia, la Disposición Transitoria Novena ha dejado establecido que aquellos que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley, con la salvedad de que, “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

De la norma citada se infiere que, habiendo transcurrido el plazo constitucionalmente establecido (2009-2013), ahora caben dos alternativas respecto a la vigencia del referido Tratado: la  denuncia ante la instancia jurisdiccional correspondiente a nivel internacional, a cuyo efecto se debe verificar el cumplimiento de al menos tres condiciones:  apertura de la jurisdicción internacional, competencia favorable del tribunal respectivo y la sumisión voluntaria de Chile a dicho tribunal (K. Longaric).

O, en su caso, la renegociación (en consonancia con el pronunciamiento de la Asamblea General de la oea, que ha exhortado a Chile y Bolivia “a realizar negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”), en términos que necesariamente deben ser más favorables a nuestro país, a fin de mejorar las condiciones actuales en que nos encontramos a consecuencia del incumplimiento de Chile al Tratado suscrito de buena fe por parte de Bolivia.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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