La Gaceta Jurídica

El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica

Se propone que, “la ética profesional es esa ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología” (1).

La Gaceta Jurídica / Carlos Chinchilla Sandí*

00:00 / 15 de enero de 2013

Identidades y diferencias entre la ética y la deontología

Cuando hemos hablado de deontología, irremediablemente, hemos realizado alusión a la ética y, en especial, a la ética profesional.Se propone que, “la ética profesional es esa ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología” (1).

Esta relación resulta sumamente estrecha, donde la deontología cuenta como punto de referencia y motivo de regulación, la ética profesional. La primera no subsiste sin la segunda y, de igual modo, la segunda no cuenta con sentido práctico de regulación y cumplimiento obligatorio, sin identificarse con un cuerpo normativo deontológico.

En este sentido, se dice que la deontología es la ética aplicada al campo profesional –v. gr.; abogacía–, la que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionales. Esta normativa esa aprobada por el colectivo de los profesionales, donde se enumera una serie de deberes y obligaciones mínimos para todos estos profesionales, regulando consecuencias de carácter sancionador –disciplinario– (2).

En esta búsqueda de similitudes, podemos encontrar esenciales diferencias entre ética y deontología, las cuales no hacen más que aclarar la estrecha relación entre una y otra, podemos señalar algunas diferencias que resultan de especial relevancia (3), veamos;

a) Cumplimiento de valores éticos y normas deontológicas. El cumplimiento de los valores éticos corresponde a un campo de la intimidad del ser humano, donde decide si los sigue o, de lo contrario, reniega de ellos se procede en forma consecuente. No existen normas imperativas que sancionen a aquellos ciudadanos que no respeten las regulaciones sociales morales y éticas; como tampoco encontramos mecanismos institucionalizados de amenaza para que los preceptos éticos se interioricen en cada ser humano y se conviertan en regla de vida de todos.

Por el contrario, en el campo de la deontología profesional su tendencia es la creación de regulaciones consensuadas de carácter moral y ético que se recogen en normativas internas para las diferentes profesiones, incluida la abogacía, donde estas disposiciones resultan e aplicación universal a todos los agremiados y de cumplimiento obligatorio. Inicialmente con un carácter preventivo, pero, en caso de incumplimiento a estos preceptos deontológicos, surge su faceta imperativa y sancionatoria donde podemos pensar en una simple amonestación o llamada de advertencia, hasta la suspensión en el ejercicio profesional.

b) Enseñanzas de la Deontología a la Ética. La ética tiene mucho que aprender de la deontología, pues la primera presenta un ámbito de regulación más genérico, abstracto y distante de los sujetos a los cuales se dirige, por lo que su efectividad y seguimiento resulta cuestionable y difícil de entender. Por su parte, la deontología muestra problemas y realidades concretas del profesional, donde se regula en forma directa y efectiva el acatamiento de las disposiciones o regulaciones ético-profesionales, pues su incumplimiento se encuentra inmerso dentro del ámbito de sanciones disciplinarias que podrían provocar, en el más grave de los casos, la separación temporal en el ejercicio profesional de aquellos agremiados que han incumplido estas normas deontológicas.

c) La Ética se dirige a la conciencia individual, por el contrario, la Deontología regula lo aprobado para el ejercicio de una profesión –carácter colectivo–. La ética dirige su atención –en última instancia– a la conciencia individual; sin embargo, esta conciencia personal necesita remitirse a reglas objetivadas en códigos deontológicos. Por su parte, la deontología tiende a regular lo aprobado para el ejercicio de una profesión, lo que le brinda el carácter colectivo. La deontología consiste en un desarrollo de los principios morales, partiendo de la existencia de normas jurídicas, hábitos, usos, costumbres, situaciones socioeconómicas del profesional, etc.

d) El código deontológico regula la conducta del profesional en su campo y prevé sanciones por su incumplimiento. La eficacia del código deontológico excede el fuero interno del profesional, pues ante la realización de ciertas conductas surge la sanción. Estas sanciones brindan eficacia en la prevención de la conducta profesional incorrecta; mecanismo que no posee la ética en sí misma.

Principios deontológicos de la abogacía como profesión

La Deontología se inspira en unos principios generales que permiten identificar sus líneas de acción y brindan cohesión al conjunto. Estos principios resultan particulares cuando se trata de la abogacía, por ello, el interés en identificar los mismos y conocer su contenido.

Justicia

Es difícil brindar un concepto de la justicia, muchos autores ni siquiera se detienen a pensar en ello, como otros llegan a confundirse en este trabajo de conceptualización. La abogacía ha sido diseñada para la Justicia (4). De igual forma, Couture, en su exposición de los mandamiento del abogado, recoge como 3° el siguiente;

“La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia” (5). Efectivamente el profesional en derecho debe dirigir su atención al fortalecimiento y aplicación de la justicia, de lo contrario, estaría incumpliendo su misión de ayuda al derecho y la misma sociedad.

Según Vásquez Guerrero se “…rehuye hablar lo justo en sí, se pone en duda la existencia de lo justo como absoluto, empleándose el término ‘justo’ como adjetivación del Derecho (justo) y de las disposiciones jurídicas (justas), para cuya existencia se han de cumplir dos exigencias: origen contractual de la norma o del Derecho y garantía de los derechos fundamentales” (6).

Lo justo es un bien primario y debe servir de norte al abogado en su ejercicio profesional. Por ello, para la deontología jurídica el valor supremo es la justicia, a ella dirige su atención.

En este desarrollo de la justicia ante el ejercicio profesional de la abogacía, Couture nos indicó el mandamiento 3 pero, además, nos muestra esa faceta práctica que enfrenta, aún hoy día, el abogado (litigante) ante los casos que le son sometidos a su conocimiento. En esta tesitura, podemos introducirnos, junto con Couture, en su explicación de aquello en los que consiste el trabajo del abogado desde la óptica de la justicia;

De cada cien asuntos que pasan por el despacho de un abogado, 50 no son judiciales. Se trata de dar consejos, orientaciones e ideas en materia de negocios, asuntos de familia, prevención de conflictos futuros, etcétera. En todos estos casos, la ciencia cede su paso a la prudencia. De los dos extremos del dístico clásico que define al abogado, el primero predomina sobre el segundo y el ome bueno se sobrepone al sabedor del derecho. …de los otros 50, 30 son de rutina. Se trata de gestiones, tramitaciones, obtención de documentos, asuntos de jurisdicción voluntaria, defensas sin dificultad o juicios sin oposición de partes. El trabajo del abogado transforma aquí su estudio en una oficina de tramitaciones. …De los 20 restantes, 15 tienen alguna dificultad y demandan un trabajo intenso.

Pero se trata de esa clase de dificultades que la vida presenta a cada paso y que la contracción y el empeño de un hombre laborioso e inteligente, están acostumbrados a sobrellevar. …En los cinco restantes se halla la esencia misma de la abogacía. Se trata de los grandes casos de la profesión. No grandes, ciertamente, por su contenido económico, sino por la magnitud del esfuerzo físico e intelectual que demanda el superarlos. Casos aparentemente perdidos, por entre cuyas fisuras se filtra un hilo de luz a través del cual el abogado abre su brecha; situaciones graves que deben someterse por meses o por años, y que demandan un sistema nervioso a toda prueba, sagacidad, aplomo, energía, visión lejana, autoridad moral, fe absoluta en el triunfo. …La maestría en estos magnos asuntos otorga al título de princeps fori.

…La opinión pública juzga el trabajo del abogado y su dedicación a él, con el mismo criterio con que otorga el título a los campeones olímpicos: por la reserva de energías para decidir la lucha en el empuje final” (7).

La Justicia tiene muchas acepciones y formas de entenderla. En este momento no nos interesa la justicia como poder –desde un ámbito político–, tampoco la justicia como cuerpo –concepto funcionarial–, y excluimos su identificación como administración de justicia –concepto cargado de un gran valor orgánico–, sino que nos interesa identificarla en dos de sus aspectos que consideramos más relevantes; la justicia como virtud y como resultado (8).

a) La justicia como virtud es un principio operativo que nos dirige a ser justos (9). Es virtud social, pues cada uno de nosotros llevamos, en forma consciente o latente, una idea primera de lo que es justo, “todo lo simple que se quiera, pero natural, incorruptible, aunque pueda estar soterrada bajo vicios, pasiones e intereses y aunque muchas veces no se la quiera escuchar. Y el abogado es –debe ser– el sacerdote de esa idea, que hace posible la convivencia y la cooperación social en un ambiente de orden fecundo” (10).

En todo esto es interesante reconocer que el talento no es cualidad suficiente en una profesión que se relaciona tan de cerca con la justicia. En este sentido, la independencia y el desinterés constituyen las virtudes esenciales y especialmente meritorias del abogado (11).

b) Justicia como resultado. La idea de justicia lleva implícita una noción de reparto. El dar a cada uno lo suyo implica un conocimiento previo de lo que es propio de cada cual, y una atribución a título personal de lo que hemos individualizado como de su pertenencia (12).

Esta perspectiva de la justicia desde el ámbito de la proporcionalidad, tiene dos visiones diferentes, según hablemos de la justicia conmutativa y justicia distributiva.Respecto a la justicia conmutativa tenemos que la proporcionalidad adquiere un perfil de igualdad aritmética, “pues aplicándose a las relaciones interpersonales, hay una equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe: en una compraventa, si prevalece la justicia, habrá una equivalencia entre la cosa y el precio. Cosa distinta será la determinación de la concreto de esa equivalencia” (13).

En el caso de la justicia distributiva la proporcionalidad tiene su razón en los méritos y circunstancias personales de aquéllos que participan en la distribución. Por ello, “el centro de gravedad de la operación se desplaza de la igualdad aritmética de las cosas que se dan y reciben (justicia conmutativa) a la desigualdad personal de los partícipes, cuya proporción ha de respetarse (justicia distributiva)” (14).

Existen prácticas que se consideran contrarias a la justicia y que dirigen a pensar en la injusticia. Lamentablemente, en algunas de estas prácticas participa el abogado, como artífice de conductas inapropiadas e indecorosas, las cuales justifica, sin razón alguna, en el ánimo de ganar el pleito judicial para favorecer a su cliente.

Respecto a este tema, Couture expone su mandamiento 8: “Ten fue en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho justicia ni paz” (15).El derrotero a seguir para el abogado se encuentra marcado por la justicia, la que no permite actuaciones contrarias a ella, por lo que, sin lugar a dudas, un proceder injusto como lo podrían ser: a) el uso alternativo del derecho; b) el fraude del fin perseguido por la ley; c) la multiplicación injustificada de incidentes o prolongación indebida de procedimientos; y d) cualquier otra desviación del proceso hacia la obtención de fines ilícitos.

Lo anterior nos llevaría a desconocer el preciado valor de la justicia para adentrarnos en un desvalor –o valor negativo– y perjudicial para el ejercicio de la abogacía, el derecho y la sociedad en general, como lo es, la injusticia.

Algunos de los profesionales en derecho, que no han logrado interiorizar la importancia de sus propios códigos deontológicos proceden, en forma consciente, a dirigir su ejercicio profesional de manera inadecuada y contraria a la justicia, la libertad y el mismo derecho. Por ello, estas normas deontológicas emergen en reclamo de esta desviación y, le requieren al abogado afrontar su responsabilidad por las actuaciones realizadas.

Independencia profesional

Este principio tiene una relación directa con la abogacía, debido a que sus características conducen a su identificación dentro del ámbito de la deontología jurídica. Para algunos, como Carlo Lega, la independencia profesional no tiene solamente relieve deontológico, sino que configura jurídicamente uno de los bienes materiales de que es titular el ente profesional, que ha sido dotado del poder deber de salvaguardarla (16).

Referido al ejercicio de la abogacía, para Lega la independencia se entiende como “ausencia de toda forma de injerencia, de interferencia, de vínculos y de presiones de cualquiera que sean provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del ente profesional para la consecución de sus fines institucionales y la actividad desempeñada por los colegiados en el ejercicio de su profesión” (17). Cualquier distorsión o intromisión en la independencia del profesional en derecho debe ser considerada ilícita (18).

La forma de definir el principio de independencia es en forma negativa, como la ausencia de injerencias y presiones en el ejercicio de la profesión; pero también desde un aspecto positivo, como lo son, la autonomía y la libertad en la citada actividad profesional. Es manifiesto que el abogado debe atenerse profesionalmente a su saber y conciencia, por lo que la independencia de su actuación, va referida, en principio, a estos extremos (19).

Partiendo de lo anterior, el primer obstáculo a la independencia profesional lo es la propia ignorancia del profesional en derecho. Por ello, cuando se hace referencia a la independencia del abogado, “no es a esa autonomía o independencia a la que nos referimos, sino a la que tiene su asiento en la voluntad, es decir, en la libertad del profesional; esto es, a la posibilidad de tomar decisiones propias, no condicionadas por injerencias o mediatizaciones externas. Estamos, pues, ante un concepto de independencia exterior, no interior” (20).

La independencia del abogado se puede ver amenazad, externamente y venir del (21): a) Órgano Judicial; b) autoridades administrativas; c) poderes político-económicos; d) colegio profesional; e) clientes.

Libertad profesional

El principio de libertad profesional tiene mucha afinidad con el principio de independencia profesional. La libertad profesional se refiere al propio ejercicio de la función de abogado.

A pesar de la cercanía y conexión que pueda existir entre éste y el principio de independencia profesional, se diferencian en cuanto el principio de libertad profesional se refiere a la libertad de autodeterminación del profesional en orden a su conducta en el ejercicio de la profesión no sólo desde un punto de vista técnico, sino también con relación a los comportamientos que complementan a los técnicos (22).

Según Lega, “mientras que el principio de independencia supone sobre todo una garantía del ente profesional y del profesional individualmente considerado frente a las intromisiones arbitrarias de terceros, el principio de libertad, en su aspecto deontológico, concierne en particular al comportamiento del abogado con relación a su cliente y tiende a atemperar la exigencias de las normas del arte forense con el interés del asistido y con la dignidad profesional del quien lo asiste” (23).

Ciencia y conciencia

El principio deontológico, el cual tiene alcance universal, se refiere a “obrar según ciencia y conciencia”. Este principio arroja dos conceptos que requieren una precisión inmediata para desentrañar el contenido del mismo:

a) Cuando se habla de “ciencia” hacemos referencia a la ciencia propia profesional; no solamente desde su aspecto teórico sino también práctico.

La ciencia propia del abogado es, esencialmente, una ciencia jurídica comprensiva no sólo de la normativa en rigor, sino además de su aplicación jurisprudencial y, comprende, el conocimiento de la doctrina y de los principios jurídico-filosóficos en que se basa la doctrina (24).

“El abogado debe ser, además, un humanista. Su ciencia no es una colección de principios abstractos y descarnados, sino aplicables a conflictos personales y concretos. De aquí viene al abogado su vocación humanista. En el hombre confluyen todos los saberes y todos ellos, como todo los humano, conciernen al jurista, aunque no con la misma intensidad y profundidad en todos los casos” (25).

b) El concepto conciencia lo debemos vincular al calificativo profesional. Conforme lo anterior, prescindimos de las discusiones de la conciencia a nivel de la filosofía, la psicología y la religión, pues su vinculación se realiza con la ética profesional.

La conciencia profesional se encuentra vinculada con el conocimiento y, en este sentido, con la autorresponsabilidad del profesional.

Este último “debe actuar no sólo con rigurosa atención a las normas técnicas, sino también con conocimiento de todas las consecuencias que derivan de su aplicación, incluso hasta más allá de los límites de la relación profesional, teniendo en cuenta el interés individual del cliente y el general de la colectividad en relación a la función social desarrollada por la profesión” (26).

Existe una clara vinculación del concepto conciencia con la moral, propiamente, una moral usual vinculada al marco del ordenamiento de la profesión de abogado y del ordenamiento jurídico en general. Esta cercanía entre conciencia y moral se evidencia, debido a que el abogado en su práctica profesional debe emplear, además de los aspectos técnicos de su ciencia, ideas propias de justicia.

La conciencia no es una simple opinión subjetiva sobre la moralidad del acto, como tampoco la conciencia profesional se limita al aspecto voluntarista (27).

Entre la ciencia y conciencia existe un innegable nexo, a pesar de que los términos de valoración de una y otra son diferentes, no es posible objetarse que entre ambas se cuenta con el conocimiento que el profesional debe tener de los valores esenciales de su profesión, tanto en el aspecto técnico, como social y humano (28).Lega (29) realiza una clara vinculación entre la deontología y la conciencia. Señala que la deontología toma en consideración la conciencia profesional en cuanto que persona humana inserta en el complejo social y reafirma la exigencia del conocimiento que aquél debe tener de los valores esenciales de su profesión. Pero también de los subjetivos (referidos a sí mismo, al cliente, a los terceros con quienes entra en contacto) y los de la colectividad en general.

En este sentido, Couture expone el mandamiento 2, según el cual; “El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. Del enunciado de este mandamiento se recoge el conocimiento científico que el profesional en derecho debe tener de la ciencia que aplica, pero, además, requiere realizar el ejercicio de su profesión con el pensamiento, con su conciencia.

Probidad profesional

La probidad es la honradez. Un profesional debe ser una persona honesta, donde su pauta de conducta sea su vida profesional y, además, privada. La probidad es un concepto que tiene carácter universal y una inmediata relación con la deontología, por lo que se aplica a todas la profesiones, incluida la abogacía.Se incorpora al concepto probidad el adjetivo profesional, que conduce a la identificación de la acepción más común de la probidad, identificada con la naturaleza y función social de la profesión a que se refiera, y de la que constituye un límite (30).

Debido al contenido amplio del concepto de probidad profesional, éste tiende a ampliarse al ámbito de la conducta privada del abogado. Por ello, un proceder inadecuado en la vida privada del profesional, podría repercutir en la reputación personal de éste. El impacto podría trascender del ámbito privado y particular del sujeto hasta el profesional, donde la reputación del abogado se podría ver perjudicada y, en algunos casos, dar lugar a la aplicación del código deontológico particular.

Conclusiones

La Deontología Jurídica abarca conceptos y principios que, esencialmente, se encuentran unidos a las actividades del proceder ordinario del profesional en derecho. Dentro de estos conceptos y principios entendemos la moral, la ética, la probidad, la independencia y libertad profesional, entre otros.

La correlación inmediata entre moral y ética resulta innegable, como también lo es de la deontología profesional y, específicamente, de la deontología jurídica. Existe algún tipo de resistencia a la promulgación de códigos deontológicos que regulen las profesionales liberales, incluida la abogacía.

A lo anterior, la gran mayoría de abogados se comporta en forma acorde con los más serios mandatos deontológicos, aún sin necesidad de la existencia de este tipo de normativa.

La función del abogado se debe a la sociedad y, por supuesto, al cliente. Lo anterior debe dirigirlo a la búsqueda, en todo momento, de la justicia al caso concreto, donde su proceder debe enmarcarse en el comportamiento ético profesional.

Notas

1. Cfr. Torre Díaz, Francisco Javier de la, Ética y Deontología Jurídica, Madrid, 2000, p. 107.

2. Cfr. Torre Díaz, Ética…, cit. p. 107.

3. Ver, Torre Díaz, Ética…, cit., pp. 106-107.

4. Cfr. Martínez Val, José María, Abogacía y Abogados, Barcelona, 1981, p. 35.

5. Ver, Couture, Eduardo J., Los mandamientos del Abogado, Buenos Aires, 1994, p. 11.

6. Vázquez Guerrero, Francisco Daniel, Ética, Deontología y Abogados. Cuestiones generales y situaciones concretas, Barcelona, 1997., p. 43.

7. Couture, Los Mandamientos…, cit., pp. 31-33.

8. Cfr. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., pp. 44-46; en igual sentido, Martínez Val, Abogacía…, cit., pp. 37-38.

9. Ver, Vázquez Guerrero, Ética…, cit. p. 44.

10. Martínez Val, Abogacía…, cit. pp. 37-38.

11. Cfr. Gómez Pérez, Rafael, Deontología Jurídica, Pamplona, 1988, p. 294.

12. Ver, Vázquez Guerrero, Ética…, cit. p. 45.

13. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 45.

14. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 45.

15. Couture, Los mandamientos…, cit. p. 51.

16. Lega, Deontología…, cit., p. 217.

17. Lega, Deontología…, cit., p. 217.

18. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 217.

19. Ver, Velásquez Guerrero, Ética…, cit., p. 53.

20. Velásquez Guerrero, Ética…, cit., p. 53.

21. Cfr. Velásquez Guerrero, Ética…, cit., p. 53.

22. Cfr. Lega, Deontología…, cit., pp. 221-222.

23. Ver, Lega, Deontología…, cit., p. 222.

24. Cfr. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 58.

25. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 58.

26. Lega, Deontología…, cit., p. 209.

27. Ver Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 59; Lega, Deontología…, cit., p. 210.

28. Lega, Deontología…, cit., p. 211.

29. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 211.

30. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 212.

*Es ex Juez Superior del Tribunal de Casación Penal de Costa Rica. Artículo publicado en la Revista de Ciencias Jurídicas.  Tomado de: latindex.ucr.ac.cr

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