La Gaceta Jurídica

La mujer boliviana frente a sus derechos reconocidos en la Constitución

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 25 de marzo de 2014

Es bueno recordar que el 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles decidió salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaba. A principios del siglo xx, la ciudad fue escenario nuevamente de polémicas huelgas. Durante una de ellas, cientos de mujeres perdieron la vida al incendiarse una de las fábricas blanco de las protestas, lo que avivó más aún la reivindicación. Por esta razón, se aprobó declarar el 8 de marzo “Día de la Mujer Trabajadora”, aunque posteriormente la Asamblea General de la onu lo designó “Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”.

Este es el motivo de celebración en todas partes del mundo, lo cual también obliga a reflexionar sobre la situación actual de la mujer boliviana teniendo en cuenta sus derechos reconocidos –en un amplio catálogo– en la Constitución y la necesidad de que ellas sean plenamente conscientes que de su ejercicio depende la preservación de su dignidad humana y su misma existencia.

Entonces, el análisis de la temática de la mujer frente a la Constitución impone la necesidad de comprender que los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional son invocables tanto por hombres como por mujeres, es decir que pueden ser ejercidos por todas las personas, sin distinción de género y sin ningún tipo de discriminación (ni siquiera por estado civil, edad, ingresos, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o porque vivan con vih), a fin de que esos derechos sean ejercidos en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de su vida pública o privada.

En este sentido, la mujer boliviana debe ser consciente de que por su sola condición humana tiene los mismos derechos y garantías acordados a todas las personas en la Ley Fundamental, los cuales no necesariamente requieren de un desarrollo legislativo, sino que son directamente aplicables en caso de conflicto –según la ponderación que deba hacerse en cada caso– y plenamente exigibles para su respeto y observancia por parte de cualquier persona y/o autoridad.

La anterior es una consecuencia emergente de la Constitución normativa (1) que existe en Bolivia, vale decir que la Ley Fundamental del Estado, por ser la base del ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales que, en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, conforman el bloque de constitucionalidad y que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos, emergentes de la tensión que pudiera existir entre los órganos estatales, entre el Estado y los particulares o inclusive de éstos entre sí.

Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, constituyéndose en la base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, dado que contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro indispensable de validez formal (de procedimiento) y material (de contenido) de todo el orden normativo del Estado.

Este ordenamiento jurídico del Estado, necesariamente, debe ser construido con perspectiva de género, a fin de no descuidar el resguardo y protección de los derechos que corresponden a las mujeres, quienes deben ser oídas en todo momento para que se conozcan sus demandas y se atienda sus necesidades más urgentes.

De ahí surge la importancia de construir y elaborar legislación con efectiva participación ciudadana, donde las mujeres no sólo tengan derecho a voz, sino también a voto para expresar su aprobación o rechazo frente a determinada disposición legal cuya configuración pudiera afectar el libre ejercicio de sus derechos o contradiga los parámetros constitucionales.

Sobre este aspecto, la Constitución boliviana es enfática al señalar que “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (artículo 15 constitucional).

De un tiempo a esta parte han sido importantes los avances de la legislación boliviana en esta materia, con la aprobación de distintas leyes que, efectivamente, fueron elaboradas con perspectiva de género y que, precisamente, están destinadas a proteger de mejor manera los derechos de las mujeres.

Es destacable la puesta en vigencia de la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia (Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013), que básicamente recogió una demanda social emergente de los recurrentes feminicidios, agresiones y actos de violencia física y moral, política y sexual de que aún son víctimas muchas mujeres bolivianas.

Ciertamente, esta Ley se ha fundamentado en los mandatos constitucionales y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ratificados por nuestro país, que garantizan a todas las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica en el ámbito familiar o en su vida social, dado que tiene por objeto establecer los mecanismos y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia.

También es evidente que esta norma estuvo dirigida a contrarrestar de la manera más inmediata la violencia contra las mujeres, en las distintas formas en que pudiera manifestarse; sin embargo, aún resta asegurar la eficaz aplicación de la Ley, procurando la persecución y sanción correspondiente a los agresores (sean hombres o mujeres) con el fin de garantizar a todas las mujeres una vida digna que permita el ejercicio pleno de sus derechos para que puedan vivir bien.

Entonces, es urgente repensar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia evaluando la medida de su efectividad y el impacto que ha tenido hasta el presente, a fin de que no sea simplemente una Ley más, sino, más bien, un instrumento útil para erradicar la violencia hacia las mujeres en todo el territorio nacional; una tarea que requiere acciones, más que documentos, pero, sobre todo, protagonistas femeninas que exijan su cumplimiento en todas partes, ello implica el concurso indispensable de mujeres dispuestas a mostrar su valor.

Nota

1. El carácter normativo de la Ley Fundamental fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español que, en su momento, señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias de 31 de marzo de 1981 y de 28 de abril de 1982 en http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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