La Gaceta Jurídica

La demanda marítima boliviana: una estrategia de doble fuente

Panel

La Gaceta Jurídica / Ariel Flores Mamani

00:00 / 31 de mayo de 2013

El Estado boliviano, a través de una comisión oficial compuesta por diferentes autoridades del área, que curiosamente incluía a la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó  oficialmente la demanda boliviana de acceso soberano al océano Pacífico contra Chile.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya (cij), sin demasiada demora, admitió dicha demanda y también aceptó la documentación que acredita al embajador extraordinario, Eduardo Rodríguez Veltzé, como agente del Estado boliviano ante la instancia internacional “mientras dure el proceso”. 

El contenido in extenso de la demanda aún no ha sido socializado o difundido a la opinión pública, sin embargo, ya ha generado un escenario de exitismo e incertidumbre en la población boliviana, así como una creciente preocupación y reticencia en la conservadora sociedad chilena.      

Aparentemente, como ya han señalado algunos analistas, la estrategia marítima boliviana se basa en la conocida Teoría de los Actos Unilaterales, cuyo fundamento contenido en notas, declaraciones memorándum, actas, etc., pretende demostrar tres supuestos de hecho: a) la existencia de una obligación por parte de Chile; b) el incumplimiento de esa obligación; y, c) el deber de Chile de cumplir con la obligación y negociar de buena fe con Bolivia.

En ese sentido, cuando nos referimos a los actos unilaterales, en el marco del Derecho Internacional (di) conceptualmente los entendemos como aquellas manifestaciones de voluntad emanadas de un Estado que tiende a producir efectos jurídicos sobre él mismo (creación, modificación, extinción o conservación de derechos y obligaciones). En términos generales, el Estado queda vinculado por sus propios actos o declaraciones.

Es necesario advertir, sin embargo, que se requiere tres elementos para su procedencia: 1) el acto debe emanar de un sólo sujeto de derecho internacional; 2) no puede depender en cuanto a su eficacia de otro acto jurídico (un tratado por ejemplo); y 3) no puede nunca producir obligaciones para terceros. Es posible que se encuentren dificultades en la segunda condición.

Ahora bien, los actos unilaterales manifestados por Chile, certificados a través de documentos oficiales que acompañan el documento presentado ante la Corte Internacional de Justicia (cij), no son la única fuente contenida en la demanda boliviana. También se encuentra previsto, sin perjuicio de la competencia de la cij, el derecho de recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya de conformidad con el artículo XII del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre 1904 y el Protocolo de 16 de abril de 1907. Esto es, recurrir al Tratado mismo, a la regla pacta sunt servanda,  tanto como fuente de di, como fundamento de nuestra reclamación.

La regla pacta sunt servanda (lo pactado obliga) significa que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”. En ese sentido, tanto la doctrina, la jurisprudencia, como el artículo 38 del Estatuto de la cij reconocen los tratados como fuente principal del di.

Por tanto, a partir de una primera apreciación consideramos que la estrategia marítima boliviana incoada por el Estado ante la cij, en realidad, presenta una doble fuente: la llamada teoría de los actos unilaterales, en una primera instancia y la regla  pacta sunt servanda como norma imperativa de di, en una “posible” segunda instancia.

Ahora bien, en el supuesto de que la cij obligará a Chile a negociar con Bolivia, ¿puede cedernos ese país un territorio con acceso “soberano” al océano Pacífico sin trastocar el Tratado de 1904? o, dicho en otros términos, ¿qué fuente prevalecerá como fundamento para la demanda marítima boliviana ante la cij, los actos unilaterales o el Tratado de 1904?, ¿supone el artículo 38 del Estatuto de la cij una jerarquía entre las fuentes u orden de prelación entre ellas?

Por un lado, el profesor español, Manuel Diez de Velasco, no cree en la existencia a priori de una jerarquía entre las fuentes. Por otro lado, autores como Halajezuk y Moya consideran que la prioridad la tiene el tratado, pues es una norma especial entre partes, por tanto, le seguiría en jerarquía la costumbre que es menos especial y luego los principios generales del derecho, tal como están enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la cij.

Lo normal y razonable, como dirá Pastor Ridruejo, es que se consulte primeramente el derecho convencional (es decir, el tratado en vigor entre las partes), si estos nada dicen, debe el interprete indagar la solución en las normas consuetudinarias..., en caso de que las referidas consultas fuesen infructuosas, hay que recurrir a los principios generales del Derecho; y si estos no suministran la solución, habrá que buscar a la equidad praeter legem, en cuyo caso estarían los actos unilaterales de los Estados.

Sin embargo, la opinión comúnmente admitida es que, en línea de principio, las distintas fuentes tienen la misma fuerza jurídica y, por consiguiente, valor derogatorio recíproco. En un conflicto entre ellas prevalecerá la de formación posterior. Es decir, la cuestión de la jerarquía entre una y otra fuente se resolverá atendiendo a un criterio cronológico:  ius posterior derogat iuris priori (derecho anterior deroga derecho posterior).

Habrá que esperar los criterios sobre los cuales la cij resuelve el centenario conflicto que Bolivia tiene pendiente con Chile y extraer las consecuencias jurídicas oportunas para actuar de inmediato y a la altura de la historia. No obstante, como habíamos señalado en otra oportunidad, nada ni nadie nos asegura el éxito de la demanda boliviana, por tanto, no debiéramos limitar los esfuerzos y las expectativas únicamente a los escenarios jurisdiccionales o arbitrales, es necesario desarrollar diferentes estrategias en escenarios y discursos complementarios, tanto en el ámbito bilateral, trilateral como multilateral que coadyuven en la causa final.

Es abogado e investigador social.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 29 30 31

Suplementos