La Gaceta Jurídica

La huelga en los servicios esenciales

Juan José Bautista, en su obra “Crítica de la Razón Boliviana”, menciona que “todo hecho social y político es siempre operado y producido por sujetos sociales y políticos, los cuales, a su vez, operan u obran estos hechos con cierto tipo de conciencia y subjetividad (…)”, es decir, el hecho social que pretendemos justificar en este trabajo es lo relativo a la huelga como un derecho constitucional.

Los médicos en uno de los momentos de la medida asumida contra el DS 1126.

Los médicos en uno de los momentos de la medida asumida contra el DS 1126. Foto: Archivo La Razó́n

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 27 de abril de 2012

Para referirnos a la huelga protagonizada por el sector de la salud es necesario contextualizar dónde surge la petición de abrogar el Decreto Supremo (ds N° 1126 y restablecer la jornada de trabajo de seis horas.

Como antecedente más próximo está el año 1964, exactamente el 25 de marzo, cuando el ds N° 06728 estableció “que los médicos, dentistas y farmacéuticos que presten servicios al Estado y entidades autárquicas tenían una jornada de trabajo de tiempo completo de ocho (8) horas diarias con sueldo mensual; una jornada de medio tiempo de tres (3) horas al día, con remuneración hora-mes; una jornada de tiempo mínimo de dos (2) horas al día, con remuneración hora-mes; y una jornada de trabajo para médicos internos de doce (12) horas al día con remuneración mensual” (textual).

En 1964, durante la presidencia de Victor Paz Estenssoro se reguló la jornada de trabajo para que los médicos trabajen solo ocho horas diarias, la justificación para la emisión del mencionado decreto se funda en la prohibición a médicos, dentistas y farmacéuticos que prestan servicios al Estado y entidades autárquicas acumular más de ocho horas de trabajo, estableciendo las causales de incompatibilidad en el horario de trabajo con el fin de evitar una indebida acumulación de cargos en el mismo horario por parte de pocos profesionales.

Ante ello, durante la presidencia del general Alfredo Ovando Candía se apruebó el ds 09357 de 20 de agosto de 1970, que estableció tres formas de jornada de trabajo para el sector salud; jornada de medio tiempo con tres horas de trabajo; jornada de tiempo completo con seis horas de trabajo; y dedicación exclusiva (artículo 2), es decir, se disminuye la jornada de trabajo máximo de ocho horas a seis horas; este decreto fue aprobado tomando en cuenta que era necesario crear fuentes de trabajo para todos los profesionales médicos evitando la acumulación de cargos que tienen el objeto de disminuir la calidad de los servicios profesionales.

Al presente

Así se estableció la jornada de trabajo de seis horas como máximo en el sector salud, norma vigente aproximadamente 42 años, pero, el actual gobierno, el 24 de enero de 2012 aprobó el ds 1126, que en su artículo 1 indica: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto restablecer en el Sistema Nacional de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia: Público y la Seguridad Social de Corto Plazo, la jornada laboral a tiempo completo de ocho (8) horas diarias y la jornada laboral de medio tiempo de cuatro (4) horas diarias”  (textual).

Esta norma restablece la jornada de trabajo de ocho horas, la justificación empleada para la aprobación tiene (según la norma) el  propósito de ampliar el acceso a la atención de salud de la población, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura instalada, a raíz de ello, los sectores involucrados en salud iniciaron una huelga a favor de la abrogación del ds 1126 para que se restablezca la jornada de seis horas.

La facultad del paro

Una vez identificado el contexto histórico, debo referirme al derecho a la huelga de las personas del sector salud, facultad que ha sido cuestionada, aunque no se puede castigar un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (cpe).

Según Guillermo Cabanellas, la huelga constituye la cesación colectiva y concertada del trabajo, con abandono de los lugares de labor con injustificada negativa a reintegrarse a los mismos por parte de los trabajadores, con objeto de obtener determinadas condiciones de sus empleadores (que para el presente caso es el Estado) o ejercer presión sobre los mismos.

La huelga, como derecho, se caracteriza por ser uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, en nuestro país este derecho está constitucionalizado, por tanto no se puede desconocer su vigencia plena, es decir, la Constitución deja claro que se trata de un derecho del que deben disfrutar los trabajadores y sus organizaciones.

El desarrollo de la socialdemocracia en el siglo xx contribuyó a que la huelga dejara de estar severamente penada, fue entonces cuando el derecho a la huelga fue reconocido internacionalmente como esencial de los trabajadores y constitutivo de la libertad sindical. Es uno de los derechos de segunda generación que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos y en tratados internacionales de alcance universal, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Caso Bolivia

En nuestra realidad la huelga se configura como derecho porque no se define cuál la libertad que el trabajador tiene de abstenerse de trabajar, sino como el derecho que posee legítimamente todo aquel que trabaja, fundándose en que no es ilícita la suspensión individual del trabajo, se afirma la licitud del abandono colectivo de la actividad laboral y se llega a la conclusión de que tal abandono es un derecho que deriva de la democratización de las normas legales, al modificar la finalidad negativa de no trabajar por el derecho positivo de suspender las labores (Cabanellas).

Es decir, se funda la juricidad de la huelga aduciendo que todo individuo tiene derecho para abstraerse de algo que no está impuesto como obligación, todo trabajador cuenta con el derecho de no trabajar, sin embargo, el servicio de salud se configura como esencial, toda vez que para la Organización Internacional del Trabajo (oit) el ejercicio de la huelga es uno de los medios fundamentales para hacer efectivo el derecho de las organizaciones de trabajadores, es decir, se ha optado por el reconocimiento del ejercicio de la huelga con carácter general, admitiendo solo como posibles excepciones las que pudieran imponerse a cierto tipo de funcionarios públicos y a los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término, que en este caso es el sector salud.

La oit menciona que como estos sectores tienen derecho a la petición para el reconocimiento de sus derechos y han considerado que, cuando no se concede a los “servidores públicos” el derecho a la huelga, deberían disfrutar de garantías adecuadas para proteger sus intereses, por ejemplo, procedimientos de conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos en los que las partes puedan participar en todas las etapas y que las decisiones arbitrales sean obligatorias para ambas partes y se apliquen plena y prontamente.   

La oit señala también que en los servicios esenciales se considera admisible prohibir el derecho a la huelga y ha sido objeto de sucesivas precisiones en este alto organismo, por ello, la Comisión de Expertos los definió como “servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.

Es ex auxiliar de docencia de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UMSA).

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