La Gaceta Jurídica

La importancia de los jueces ciudadanos en la administración de justicia penal

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 12 de noviembre de 2013

Una de las noticias que llama poderosamente la atención, es la difundida por el “El Deber” en la última semana de octubre, cuando anunciaba que la recién proyectada reforma del Código de Procedimiento Penal contempla la “desaparición” de los jueces ciudadanos, lo que presuntamente cuenta con el aval del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, habiendo recibido, a su vez, la crítica de la ex Magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, en cuyo criterio, ello significaría volver al sistema inquisitorio en el país.

Por otro lado, uno de los impulsores del Anteproyecto de Ley de reforma del procedimiento pernal, el diputado Héctor Arce (mas), habría afirmado que este cambio se debe al “fracaso” del Código que se aplica en Bolivia desde junio de 2001, siendo muestra de ello que el 87% de las personas que están recluidas en las cárceles del país no cuenta con sentencia ejecutoriada, es decir, son constitucionalmente inocentes. Sin embargo, admitió también que el tema de debate son los jueces ciudadanos, porque se ha establecido que hay dificultades para conformar los Tribunales de Sentencia y que ello constituye una de las causas de retardación de justicia.

Conviene recordar que uno de los aspectos que era inevitable superar en la administración de justicia boliviana era precisamente la exclusión de la población o su nula participación en los procesos judiciales que implicaban la comisión de delitos graves, que muchas veces provocaban enorme repudio y protesta social generalizada, como fueron los casos de asesinatos de mujeres (lo que ahora se conoce como feminicidio), violaciones a menores de edad, seguidas de muerte.

Entonces, para ampliar la participación de la ciudadanía en la administración de justicia sobre estos casos y establecer un mecanismo de control social al accionar de los jueces es que se incluyó la figura de los(las) jueces ciudadanos(as), para que coadyuven en esta labor de acuerdo a las condiciones establecidas por Ley y, en suma, sin mayor requisito que la idoneidad y el mínimo sentido de justicia que cada persona capaz de diferenciar lo bueno de lo malo posee.

Sería injusto desmerecer este avance legislativo en la administración de justicia penal y su necesaria democratización; aunque, por otro lado, tampoco se puede soslayar que el mecanismo de conformación de los Tribunales de Sentencia, ha tenido varios problemas (registros desactualizados para ubicar a los jueces, falta de voluntad de algunas personas por la mínima remuneración recibida, además de otros trámites burocráticos) que, inevitablemente, han derivado en la retardación de justicia.

Ahora bien, si damos una mirada rápida al procedimiento penal vigente, evidenciaremos que los tribunales de Sentencia deben estar integrados por dos (2) jueces técnicos y tres (3) jueces ciudadanos, con competencia para conocer la sustanciación y resolución del juicio penal, en todos los delitos de acción pública, con excepción de las competencias que corresponden a los jueces de Sentencia, quienes conocen principalmente de los delitos de acción privada. Asimismo, se ha establecido que en ningún caso el número de jueces ciudadanos puede ser menor al de jueces técnicos, y de entre estos últimos debe elegirse al Presidente del Tribunal.

Sobre este aspecto, el Anteproyecto de Código Procesal Penal, que ha sido difundido este año por el Ministerio de Justicia, prevé reducir la cantidad de miembros de los Tribunales de Sentencia, al establecer que estarán integrados: “por un (1) juez técnico y dos (2) jueces ciudadanos y serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en los delitos de acción pública…”, con la siguiente excepción: “Conocer y resolver los juicios por delitos de acción pública, sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad máxima hasta de doce (12) años. En caso de concurso de delitos, se considerará el de mayor gravedad”.

Así, además de aprobar o rechazar el acta de conciliación o el acuerdo restaurativo, en los casos permitidos por ley (y es confuso determinar si esta última parte, se encuentra dentro de lo permisible, o si cuenta también como la excepción).

En todo caso, en el Anteproyecto se asegura que el Tribunal será presidido por el juez técnico y que, además, para la prosecución del juicio oral, se contará mínimamente con la presencia del juez técnico y un juez ciudadano; ello implica, poner un coto a la mala práctica de suspender audiencias o pedir suspensión de la audiencia de juicio, por la inasistencia de alguno de los jueces ciudadanos.

Por otro lado, para ser juez ciudadano, actualmente se requiere: 1) Ser mayor de 25 años; 2) Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos; 3) Tener domicilio conocido; y 4) Tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.

Estos requisitos se repiten en el Anteproyecto, salvo porque ahora se requerirá tener 21 años para acceder a fungir como juez ciudadano, lo que es contradictorio con el mandato constitucional del artículo 144 que dispone: “Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta”.

En contrapartida, están impedidos por Ley, para ser jueces ciudadanos: 1) Los abogados; 2) Los funcionarios auxiliares de los juzgados y de la Fiscalía; y, 3)

Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estos impedimentos se repiten en el Anteproyecto, sin mayores variaciones, lo que de por sí resulta inexplicable.

Lo que se extraña en el Anteproyecto, es que no se prevé ninguna disposición adicional o transitoria que permita implementar un Programa de Capacitación, renovado y actualizado para las personas que sean seleccionados(as) para ejercer funciones como jueces ciudadanos, dado que, si bien ya es una institución que ha sido utilizada todo este tiempo, es necesario concientizar a las personas (hombres y mujeres) sobre la importante función de administrar justicia penal, porque con el nuevo Código Procesal Penal, se les va a encargar la importante tarea de administrar justicia plurinacional en materia penal, y ello no es algo que deba pasarse por alto; más aún si se consideran las constantes y diversas modificaciones de que han sido objeto las leyes penales en el país, en cuanto a los delitos y las sanciones, así como al procedimiento previsto para su juzgamiento.

Dicha situación normativa amerita una nueva capacitación para esta importante labor de administrar justicia que se le asigna a cualquier ciudadano(a) y que debe comenzar, necesariamente, por explicar en qué consiste la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, cuáles son los Principios y Valores Supremos que consagra actualmente y cuál la relevancia de éstos en un proceso penal, considerando sobre todo la enorme cantidad de derechos y garantías que prevé el texto constitucional para el juzgamiento y sanción de aquellas personas que posiblemente se encuentren involucradas en la comisión de un delito, pero cuya inocencia no se puede descartar, sino hasta que el Tribunal llegue al pleno convencimiento sobre su autoría y/o participación directa en el hecho delictivo que se juzgue.

Es importante preservar la institución de los jueces ciudadanos y no es menos importante que el Estado se preocupe por capacitarlos y concientizarlos acerca de la especial relevancia de sus funciones y la imparcialidad con que deben dirigirse durante un juicio penal. Esto es indispensable para mejorar la administración de justicia en el país.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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