La Gaceta Jurídica

La inconstitucionalidad de la “Ley Corta” ante el TCP de Bolivia

(Parte V)

Foto: Archivo La Razón

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La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 07 de febrero de 2012

5.2. Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto (1)

Se trata de una acción jurisdiccional extraordinaria –como vía de control concreto, correctivo o a posteriori de constitucionalidad–, que tiene la finalidad de someter al control de constitucionalidad una disposición legal (Ley, Estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales), sobre cuya constitucionalidad se tiene una duda razonable y fundada, en aquellos casos concretos en los que una Sentencia o Resolución Administrativa debe fundarse en sus normas, a objeto de que el órgano competente verifique la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal aplicable al caso concreto, con los principios, valores y normas de la Constitución.

Es una vía concreta de control de constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Es indirecta porque las personas jurídicas o naturales que intervienen en el proceso judicial o administrativo, contra quienes se pretende aplicar la disposición legal, aparentemente inconstitucional, no pueden realizar la impugnación de manera directa sino a través del Juez, Tribunal Judicial o Autoridad Administrativa ante quien se tramita el respectivo proceso judicial o administrativo. Es incidental porque la acción es promovida como una cuestión accesoria, sin perjudicar la tramitación del proceso principal, sea judicial o administrativo (2), vale decir que la admisión de la Acción de inconstitucionalidad no suspende la tramitación del proceso principal, mismo que deberá continuar hasta el estado de pronunciarse la Sentencia o Resolución final que corresponda, misma que quedará pendiente, en espera del pronunciamiento que emita el Tribunal Constitucional (tc).

Como bien señala el jurista José Antonio Rivera Santiváñez, la acción de inconstitucionalidad,  indirecta o incidental, tiene su antecedente en la legislación española y ésta, a su vez, en la legislación alemana. Por ejemplo, en España esta vía de control de constitucionalidad se denomina “cuestión de inconstitucionalidad”, está concebida como una acción cuya problemática de la posible inconstitucionalidad de una norma, surge como una cuestión incidental previa a la aplicación de la misma para la resolución de un proceso concreto.

Empero, existen diferencias claras en la configuración procesal de la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto (Bolivia) con relación a la  cuestión de inconstitucionalidad (España). En efecto, en cuanto a las normas objeto del control, en Bolivia se ha adoptado un modelo amplio, pues la Acción abarca a las Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales (3); en cambio, la cuestión de inconstitucionalidad solo alcanza a las  normas con rango de ley, de carácter general y obligatorio. Asimismo, con relación a la instancia en la que puede promoverse la Acción de Inconstitucionalidad, en Bolivia se ha adoptado un sistema amplio, pues la misma puede ser promovida dentro de los procesos judiciales como los administrativos, en cambio en España la cuestión de inconstitucionalidad solo puede ser promovida en los procesos judiciales.

Finalmente, respecto a la legitimación activa, en Bolivia pueden promover la Acción los Jueces, los Tribunales Judiciales así como las Autoridades Administrativas ante quienes se tramitan los procesos administrativos; ello difiere del sistema adoptado en España, ya que la cuestión de inconstitucionalidad solo puede ser planteada por los Jueces o Tribunales Judiciales, pues es una prerrogativa exclusiva e irrevisable del Órgano Judicial, conferida como cauce procesal para resolver las dudas que el mismo pueda tener acerca de la constitucionalidad de una Ley que se revela de influencia decisiva en el fallo a dictar (4).

a) Condiciones para la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta

Según dispone el artículo 109 de la Ley del tcp, la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto, procederá como un incidente en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Ley, Estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales (5) aplicables a aquellos procesos, debiendo ser promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte. De la citada norma, subyacen dos condiciones para la procedencia de este mecanismo de control:

1. La existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto. En efecto, la Acción solo será promovida en aquellos casos en los que dentro de un proceso judicial o administrativo, surja, en el juez, tribunal o autoridad administrativa y, en su caso, en cualesquiera de las partes intervinientes en el proceso, una duda razonable respecto a la constitucionalidad de la disposición legal o cualesquiera de sus normas, sobre cuya base deba fundarse la decisión final.

2. La vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa, vale decir, la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa debe estar supeditada al análisis previo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal. Esto quiere decir que la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta solo procederá cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Nº 0043/2006 de 31 de mayo se ha pronunciado también respecto a las condiciones de procedencia del antes denominado Recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, actual Acción Indirecta de Inconstitucionalidad, estableciendo lo siguiente:

” “El artículo 59 de la ltc establece que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad “procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos...”,  lo que significa que el recurso solo procede cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo. En la disposición transcrita, se encuentran los aspectos que de manera ineludible deben ser considerados para formular el incidente de inconstitucionalidad. El primero se refiere a que debe existir un proceso administrativo o judicial instaurado dentro del que se pueda promover la acción. El segundo aspecto es que la ley, decreto o resolución de cuya constitucionalidad se duda, tenga que ser aplicada a la decisión final del proceso; pues al tratarse, precisamente, de un recurso que se plantea dentro de un proceso concreto, lo que se busca es que en la resolución del mismo no se aplique una norma inconstitucional, por lo que, si es planteado contra una norma que no será aplicada al fallo del asunto, deberá ser rechazado de plano por el juez o tribunal respectivo. Bajo esta premisa legal, se entiende que para la procedencia del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad deben darse las siguientes condiciones: a) la existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de una ley, decreto o resolución no judicial; b) la existencia de una sentencia o resolución final pendiente a la que sea aplicable la norma cuya la constitucionalidad o inconstitucionalidad es demandada; y c) que la sentencia no se encuentre ejecutoriada (SC 0054/2003, de 11 de junio)”.

b) Oportunidad para la interposición de la Acción Indirecta

En cuanto a la oportunidad en la que debe promoverse el Recurso, el artículo 111 de la Ley del tcp dispone que esta Acción podrá plantearse por una sola vez, en cualquier estado del trámite del proceso judicial o administrativo, aun en la instancia que resuelva el recurso de casación y/o jerárquico, pero hasta antes de la ejecutoria de la sentencia. Sin embargo, la norma citada –a criterio del jurista José Antonio Rivera Santiváñez–, al no ser adecuadamente interpretada resulta siendo limitativa del control de constitucionalidad, pues excluye toda posibilidad de promover el Recurso en la fase de ejecución de sentencia, lo que en los hechos significa que las disposiciones legales que deberán ser aplicadas en dicha fase, a pesar de que puedan ser eventualmente incompatibles con la Constitución, se sustraen al control de constitucionalidad, lo cual resulta inadmisible (6), dentro del modelo de control establecido constitucionalmente.

Continuará

Notas

1. Un interesante análisis sobre el Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad, ahora configurado como Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto, con especial referencia a la doctrina y legislación comparadas, así como a la jurisprudencia constitucional relevante sobre el tema, puede verse en: Durán Ribera, Willman. El Recurso Incidental de Inconstitucionalidad. Publicado en: Revista del Tribunal Constitucional. Número 7. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, 2006. Ahora disponible en la página web del TC de Bolivia: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/

2. Estas características han sido explicadas también por la jurisprudencia constitucional contenida en el Auto Constitucional Nº 219/2003-CA de 15 de mayo que señaló: “el Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad como vía de control concreto de constitucionalidad del ordenamiento jurídico, es una acción jurisdiccional extraordinaria a través de la cual el órgano judicial o la autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte, cuando considere que en un determinado proceso de su conocimiento, una disposición legal aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a las normas de la Constitución Política del Estado, planteará este recurso ante el Tribunal Constitucional. Es indirecto porque las personas naturales o jurídicas dentro de un proceso judicial o administrativo en el cual se pretende aplicar una norma de cuya constitucionalidad se tenga duda razonable, solicitan al juez, tribunal o autoridad administrativa promueva el recurso, por cuanto esta autoridad es la única facultada para plantear el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad ante el TC, es decir, no puede ser interpuesto en forma directa por la persona que considera que va a ser afectada por la disposición impugnada. Y es incidental porque la acción es promovida como una cuestión accesoria al proceso judicial o administrativo dentro del cual, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se promueve el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, sin perjudicar la tramitación de dicho proceso, es decir, sus efectos no son suspensivos, sino que los procesos continuarán hasta el estado de dictarse sentencia o resolución final (…)”.

3. Respecto al ámbito de aplicación del Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, ahora denominado como Acción Indirecta de Inconstitucionalidad, y su inadmisibilidad frente a resoluciones judiciales, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley Nº 1836 (anteriormente vigente) establecía que: “El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos…”, lo cual significa que, a través del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no se puede someter a control normativo de constitucionalidad a las resoluciones judiciales; pues el objetivo del control normativo de constitucionalidad, del recurso incidental de inconstitucionalidad, es depurar el ordenamiento jurídico nacional, no así las resoluciones judiciales. En coherencia con dicho razonamiento, el artículo 66 de la citada Ley Nº 1836, de manera expresa, establecía que a través del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad: “El Tribunal Constitucional no tiene competencia para conocer y resolver sobre fallos, sentencias, autos u otras resoluciones que dicte el Poder Judicial a través de sus jueces y magistrados”, lo cual significa, que ante la interposición de un incidente de inconstitucionalidad contra actuaciones o resoluciones judiciales, no corresponde la admisión del mismo, sino el rechazo del recurso, puesto que dada su naturaleza jurídica sería insulsa su admisión al no poderse cumplir la finalidad de depuración del ordenamiento jurídico (Cfr. Auto Constitucional Nº 0368/2010-CA de 22 de junio). Actualmente, similares normas se hallan establecidas en la nueva Ley Nº 27 del TCP.

4. Rivera Santiváñez, José Antonio. Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. Disponible para consulta en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia.

5. “Sobre las resoluciones no judiciales pasibles de ser sometidas a control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, desde el AC 062/2001-CA, de 9 de marzo, ha establecido que: ‘el término resolución en su vertiente jurídica, es comprensivo de decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gobernativa o judicial’ a partir de ello ha entendido que en lo que respecta a resoluciones no judiciales, como normas objeto de control de constitucionalidad por la vía de los recursos de inconstitucionalidad, el Constituyente y el legislador se refieren a aquellas resoluciones normativas de carácter general emanadas de las autoridades públicas competentes para ello. (…) De igual forma, la jurisprudencia constitucional a tiempo de examinar resoluciones administrativas, ha establecido que los actos administrativos de las autoridades públicas, no pueden ser objeto de control de constitucionalidad por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por ser ésta de control normativo; así, en la SC 0013/2004, de 18 de febrero, se expresó la siguiente doctrina jurisprudencial: (...) la Superintendencia Forestal (...) actuó en ejercicio de la potestad administrativa que ostenta, dictando así una declaración de alcance particular, dirigida al sector de exportadores de productos no maderables, condicionando el otorgamiento de una autorización forestal al pago de una suma determinada, por lo que esas Resoluciones constituyen decisiones de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, y por consiguiente constituyen típicos actos administrativos; consecuentemente, las declaraciones o decisiones que se originan en la Administración Pública, no ingresan dentro la catalogación de disposición legal, por carecer de las condiciones anotadas precedentemente” (SC 0094/2005, de 24 de noviembre).

6. “Al respecto ya se han presentado casos en los cuales, jueces y tribunales judiciales han rechazado la solicitud de promover el Recurso en la fase de ejecución de sentencia y el TC, a través de su Comisión de Admisión, ha confirmado en grado de consulta dichas decisiones al amparo de la norma prevista por el artículo 61 de la Ley Nº 1836. Empero, un Juez de Partido en lo Civil ha promovido de oficio el Recurso impugnando una disposición legal sobre cuya base debe fundar y adoptar un auto interlocutorio en ejecución de sentencia, sobre cuya constitucionalidad tiene duda razonable. Al respecto existe una criterio dividido en el Tribunal, pues una corriente invoca la norma prevista por el artículo 61 de la Ley Nº 1836 como limitante para la procedencia del Recurso, en cambio otra corriente plantea una interpretación contextualizada a la luz de las normas previstas en la Constitución y la Ley Nº 1836, con relación a los fines y objetivos del control de constitucionalidad, así como de la condiciones de procedencia, sobre esa base plantea la procedencia del Recurso”. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. Disponible para consulta en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia.

*    Es abogado. Fue Autoridad Sumariante (2009-2010). Especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); diplomado en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL); docente de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ, sede La Paz); es asesor legal dependiente de la Dirección Jurídica del GAMLP. Responsable del blog: Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/).

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