La Gaceta Jurídica

La inconstitucionalidad de la “Ley Corta” ante el TCP de Bolivia

(Parte final)

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 10 de febrero de 2012

c) Legitimación Activa específica para plantear la Acción Indirecta

Dada la naturaleza jurídica de la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto, las personas físicas o jurídicas no tienen legitimación activa para plantear la misma en forma directa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), porque el artículo 109 de la Ley del tcp no concede a las partes intervinientes en el proceso judicial o administrativo ese derecho, sino solamente la facultad de realizar dicha solicitud ante el juez, tribunal o autoridad administrativa para que puedan promover la Acción.

En otras palabras, el modelo de control concreto de constitucionalidad adoptado en Bolivia restringe a las personas que concurren como partes en el proceso judicial o administrativo, el derecho de accionar directamente ante el Tribunal Constitucional (tc); y esa restricción tiene como fundamento el hacer eficaz el control de constitucionalidad en la vía incidental, evitando acciones de obstrucción a la administración de justicia y, en su caso, de evasión o defraudación de la propia Constitución por parte de las personas que intervienen en el proceso judicial o administrativo.

De ahí que –y siguiendo el criterio del jurista José Antonio Rivera Santiváñez–, el otorgar legitimación activa a las personas particulares que intervienen como partes en el proceso judicial o administrativo, en los hechos, en vez de constituirse en un instrumento eficaz de defensa del orden constitucional y de depuración del ordenamiento jurídico, podría generar resultados más desfavorables y crear mayores inconvenientes debido a que, por una parte, al ser utilizado de manera indebida por una de las partes que tuviese interés en retrasar el proceso judicial o administrativo podría convertirse en un mecanismo dilatorio.Por otra parte, el uso indiscriminado del derecho a promover el recurso podría generar un crecimiento desmedido del número de causas que ingresen al TC, incrementando considerablemente su trabajo y provocando un desajuste que podría conducir a la demora justificada en el despacho de causas en perjuicio del control de constitucionalidad.

En consecuencia, por disposición expresa del artículo 109 de la Ley del tcp, los únicos sujetos que tienen legitimación activa para promover la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto son: 1) Los jueces o los miembros de los tribunales ordinarios ante quienes se tramita la demanda o proceso judicial en el que deberá promoverse el recurso; y 2) Los funcionarios públicos o autoridades administrativas ante quienes se realiza el proceso administrativo en el que deberá aplicarse la norma legal impugnada.

d) Formas de promover la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta

Conforme prevé la Ley del tcp, la decisión de promover la Acción de Inconstitucionalidad Indirecta o de carácter concreto solo puede ser adoptada por el juez, tribunal o autoridad administrativa ante quien se tramita el proceso judicial o administrativo en el que se realizará la aplicación concreta de la disposición legal objeto del control, lo que significa que esa decisión puede ser adoptada de oficio o a instancia de cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Si la solicitud de promover la Acción es planteada por una de las partes que intervienen en el proceso judicial o administrativo, la autoridad judicial o administrativa deberá tramitarla de forma sumarísima; pues, conforme prevén las normas establecidas por el artículo 112 de la Ley del tcp, una vez interpuesta la Acción la jueza, juez, tribunal o autoridad administrativa que conoce la causa pondrá en conocimiento de la otra parte para que en el plazo de tres días siguientes a su notificación respondan a la solicitud y expresen su opinión.

Transcurridos los tres días desde la citación legal a la parte contraria, la autoridad judicial o administrativa, con o sin la respuesta, dictará un Auto Motivado o Resolución Administrativa fundamentada para resolver el incidente aceptando o rechazando la solicitud planteada. En el primer caso, remitirá los antecedentes del caso en copias legalizadas, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, al tcp, a efecto de que se dicte la Sentencia Constitucional respectiva; en el segundo caso, es decir, cuando se haya rechazado la solicitud, deberá fundamentar su decisión y elevarla en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro (24) horas siguientes, para que la Comisión de Admisión pueda aprobar la decisión adoptada o disponer la remisión de los antecedentes del caso para admitir y tramitar la Acción, si encuentra suficientes motivos y razones para revisar la norma legal impugnada (1).

Finalmente, y considerando que la Acción Indirecta de Inconstitucionalidad se promueve como una cuestión accesoria al objeto principal del proceso judicial o administrativo, la admisión de la misma no suspende la tramitación de éste, vale decir que el proceso principal proseguirá en su trámite normalmente hasta el estado en que tenga que dictarse la sentencia o resolución respectiva, mientras se pronuncie el tcp; así lo dispone el artículo 113 de la Ley del TCP.

e) El procedimiento ante el TCP

El procedimiento para la tramitación de la Acción Indirecta de Inconstitucionalidad ante el tcp que establece la Ley del tcp es abreviado; dado que una vez remitido el caso y radicado en el tc, la Comisión de Admisión procede al sorteo respectivo para asignar el proceso al Magistrado Relator, quien elabora el proyecto que es considerado y votado por el Pleno del Tribunal.

En consecuencia, la Sentencia Constitucional que resuelva la Acción pronunciándose sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada debe ser emitida en el plazo de treinta (30) días siguientes al sorteo del expediente. 6. Los efectos y alcances de las sentencias constitucionales en las acciones de inconstitucionalidad

Cabe advertir que, conforme enseña la doctrina y en el marco del principio de la conservación de la norma, el tcp tiene una variedad de posibilidades para modular sus sentencias en cuanto a su contenido, así como a sus efectos, de manera que la Acción no concluya en la simple declaración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada, sino que pueda dictar sentencias interpretativas, sentencias exhortativas, sentencias aditivas o integradoras, con efecto diferido o efecto retroactivo, conforme corresponda, y según los casos que se presenten.

En esta virtud, y conforme prescribe el artículo 133 constitucional, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos (erga omnes) con alcance derogatorio o abrogatorio conforme corresponda en cada caso.

Los efectos establecidos en la norma constitucional referida responden al modelo de control de constitucionalidad adoptado y mantenido por nuestro país desde la reforma constitucional de 1994 hasta la actualidad; se podría decir que es conforme a los lineamientos establecidos en la doctrina constitucional contemporánea, así como en la legislación y jurisprudencia comparadas.

Sin embargo, el legislador, en absoluta contradicción no solo con las normas constitucionales citadas, sino con la doctrina constitucional, ha establecido a través de las normas previstas en la Ley del tcp el efecto “erga omnes” para las sentencias que declaren la constitucionalidad de la disposición legal impugnada.

En efecto, la norma prevista por el artículo 107, numeral 5, de la Ley del tcp dispone que: “la Sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella” (2).

Respecto a los alcances de la Sentencia Constitucional, corresponde reiterar que la misma también podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la disposición legal impugnada con los mismos efectos que en lo principal; vale decir que el tcp podrá conocer y resolver de forma conexa aquellas normas contrarias a la Constitución Política del Estado (cpe) que estén directamente vinculadas con la norma principal objeto de control de constitucionalidad; esto de acuerdo a lo establecido por los artículos 107 y 108 de la Ley del tcp (3).

Conclusiones sobre el tema

En base a todo lo expuesto respecto a la naturaleza jurídica y alcances del control normativo de constitucionalidad en Bolivia, se puede establecer que la Acción de Inconstitucionalidad es una acción constitucional extraordinaria que tiene como finalidad realizar el control objetivo de las disposiciones legales ordinarias para establecer su presunta compatibilidad o incompatibilidad con los principios, valores y normas de la CPE.

Esto significa que el control de constitucionalidad por cualquiera de las dos vías legalmente reconocidas –directa o indirecta– se materializa a través del examen de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, para contrastarlas con las normas previstas en la Constitución, lo que supone que no alcanza a la valoración de los fines, propósitos, conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida al control, dado que el órgano encargado del control de constitucionalidad no tiene a su cargo evaluar si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, sino que su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0024/2005 de 11 de abril).

Por tanto, se puede concluir que una Ley –y/o cualquier disposición legal– no puede ser calificada o demandada de  “inconstitucional” solo porque una palabra (en este caso, el término “zona intangible”) contenida en su texto, no se encuentre también prevista en la Constitución, debiendo considerarse que la Ley del Tipnis fue emitida precisamente en respuesta de las reivindicaciones y demandas de los pueblos indígenas, expresadas en la Marcha que llegó a la ciudad de La Paz.

Ahora bien, del contenido de la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), de 24 de octubre de 2011, se extrae que la misma tiene por objeto principal declarar al Tipnis patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que, y en el marco de lo establecido por los artículos 30, 385, 394 y 403 de la cpe y otras normas vigentes, se ha ratificado al Tipnis como territorio indígena de los pueblos Chiman, Yuracaré y Mojeño-trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés nacional, habiendo sido declarado además “zona intangible”, a cuyo efecto se dejó establecido que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Tipnis, ello al tenor combinado de los artículos 1 y 3 de la citada Ley.

En este sentido, y de una simple lectura a prima facie de esta disposición legal, se puede evidenciar que ninguna de éstas, tampoco las demás que la integran, llega a contrariar los principios, valores y normas establecidos por la Nueva cpe, considerando que actualmente la Nueva Constitución boliviana pone de relieve la necesidad existente de protección y preservación del medio ambiente, reconociendo expresamente en su texto.

Entre los derechos sociales y económicos, el derecho al medio ambiente, que consiste principalmente en que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, a cuyo efecto el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Es por esta razón que cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, se encuentra plenamente facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación que tienen las autoridades e instituciones públicas de actuar de oficio (sin necesidad de requerimiento previo) frente a los atentados contra el medio ambiente, todo ello al tenor combinado de lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Constitución boliviana, teniendo en cuenta que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 14, parágrafo III constitucional). ¡

En complemento de lo anterior, todas las bolivianas y bolivianos tenemos el deber ineludible de proteger y defender el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos (artículo 108, numeral 16 constitucional).

Por otro lado, y como se ha podido apreciar, existen ciertos requisitos indispensables y legalmente exigidos –expuestos a lo largo del presente trabajo– para que se habilite la procedencia de una Acción de Inconstitucionalidad de acuerdo a su configuración en la cpe y en la Ley del tcp; consecuentemente, hasta el momento no existen argumentos jurídicamente valederos para que la denominada “Ley Corta”  pueda ser acusada por su presunta contradicción o incompatibilidad frente a las disposiciones previstas por nuestra Ley Fundamental, debiendo tenerse presente que dicha contradicción debe afectar flagrantemente los valores esenciales y principios fundamentales establecidos constitucionalmente, así como los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, lo que no se ha demostrado, ni tampoco será posible que lo hagan, dada la oportunidad y conveniencia con que fue emitida la mencionada disposición legal, así como sus indudables beneficios a favor de la población boliviana y de las Áreas Protegidas del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 22 de enero de 2012. Día del Estado Plurinacional de Bolivia

Notas

1. “Cabe advertir que la decisión de promover el Recurso adoptada por la autoridad judicial o administrativa debe ser debidamente motivada y fundamentada, expresando el concepto de vulneración constitucional; pues como ha definido el Tribunal Constitucional de España, en su sentencia STC 17/1981, “no puede el juez ni remitirse a las dudas que en cuanto a la constitucionalidad de una norma hayan expresado las partes, ni limitarse a manifestar la existencia de su propia duda sin dar las razones que la abonan, pues ni las partes de un proceso ordinario están legitimadas para proponer la cuestión ante el Tribunal Constitucional, ni la decisión de éste es posible sino como respuesta a las razones por las que los órganos del poder judicial dudan, en un caso concreto, de la congruencia entre la Constitución y una norma con rango de ley”. Se entiende que cuando el órgano judicial no motiva expresamente las dudas de constitucionalidad, no es posible inferir del mismo en qué se fundamenta el Recurso, en cuyo caso el Tribunal Constitucional podrá rechazar el Recurso in límine”. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. Disponible en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia.

2. En la doctrina constitucional española el criterio generalizado es que la sentencia desestimatoria del recurso que declara la constitucionalidad de la disposición legal impugnada no tiene efectos erga omnes, por lo mismo no puede constituir un impedimento para plantear un nuevo recurso contra la disposición legal. Al respecto Rubio Llorente (1999: 516), señala que “el fallo de las sentencias desestimatorias produce solo efecto interpartes y aun esto solo limitadamente, como conclusión del litigio en el que se produce, pero sin que ello implique necesariamente la prohibición de replantearlo y las razones de la decisión carecen, en principio, de toda fuerza vinculante”. Por su parte el español García de Enterría (1994: 139), manifiesta que “la desestimación de un recurso directo contra una Ley no es un obstáculo para que el mismo motivo de inconstitucionalidad pueda ser planteado ulteriormente en una cuestión de constitucionalidad”; el citado autor considera que las normas establecidas por los artículos 29.2 y 38.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España inciden en un error ya superado hace largo tiempo y cree que es grave porque constituye un “bloqueo al libre acceso constante a la Constitución, y obstaculiza una de las funciones políticas más importantes del Tribunal Constitucional, la de una interpretación constitucional evolutiva que adapte el texto de la Constitución a las situaciones históricas cambiantes y, finalmente, ignora las diferencias substanciales entre un control abstracto de las leyes y un control concreto”. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. Disponible en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia.

3. Con relación a los efectos de la Sentencia Constitucional en el tiempo, el artículo 46 de la Ley del TCP prevé que “la sentencia declaratoria no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional”. Si bien de inicio la norma citada se inscribe en el marco del principio de la seguridad jurídica inherente a todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en los hechos llega a desconocer el Principio de Retroactividad de la norma favorable al imputado(a), que en Bolivia está recogido por el artículo 123 de la Constitución; por ello, el jurista José Antonio Rivera Santiváñez considera que realizando una interpretación constitucional basada en los criterios de la unidad y la concordancia práctica de la Constitución, se debe establecer jurisprudencia vinculante y obligatoria, en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad, en materia penal, excepcionalmente podrá afectar una sentencia condenatoria pasada en calidad de cosa juzgada, si la misma fue dictada fundándose en la disposición legal declarada inconstitucional y el efecto de la declaración es favorable al procesado o condenado.

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