La Gaceta Jurídica

Un país sin aplicación de la normativa

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 14 de diciembre de 2012

Durante el año que termina, los medios de comunicación en el país han estado plagados de informaciones referidas a la comisión de delitos y/o actos de corrupción particularmente de servidores públicos.

La gota que ha rebalsado el vaso, ha sido, sin duda, el último caso “descubierto”, de una red que se concretaba a casos de extorsión. Pero el tema se ve agravado porque dicha “red” la estaban encabezando funcionarios de un nivel importante, particularmente de dos altos ministerios: de Gobierno y de la Presidencia.

Pero más todavía, los casos de extorsión estaban relacionados con procesos penales de los llamados “gordos” y se sabe que acabaron involucrando a un buen número de fiscales y jueces. Además, ese panorama, se acabó conociendo de antemano, no era de ahora, sino de hace al menos unos cuatro años. Los personeros de la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno habían trabajado con, al menos, cuatro titulares de esa cartera.

Alguien ha dicho, con bastante razón, que este tema se constituye en el más sonado caso de corrupción, en los poco más de 30 años de vigencia de la democracia y, por tanto, no sólo en el transcurso del actual Gobierno.

Pero el detalle descubierto hasta ahora es mucho más preocupante todavía. Y lo es no tanto por el delito cometido como tal, que, finalmente, en nuestro Código Penal no es de los más graves. Estamos haciendo referencia sólo al delito de extorsión, porque, sin duda, que han existido otros. El artículo 333 del Código Penal habla de la pena de reclusión de uno a tres años. Si en este caso existiese una condena ejecutoriada con la pena mayor indicada (tres años), el reo podría solicitar, por ejemplo, su libertad condicional.

Pero pensamos que han existido otros delitos más graves. Por ejemplo, uso indebido de influencias (artículo 146), con pena de presidio de dos a ocho años; beneficio en razón del cargo (artículo 147), con pena de reclusión de uno a tres años.

Lo que espanta es en qué medida esta red de extorsionadores logró penetrar las estructuras, tanto del Órgano Judicial como del Ministerio Público. Este último hecho significó, en la práctica, que fue posible torcer decisiones judiciales y utilizar al Ministerio Público para fines ilícitos, trastocando en forma total los objetivos y fines de ambos.

El esquema, originado en una situación anterior evidentemente irregular, no puede hacernos olvidar el desprestigio actual de la función judicial y de la administración de la justicia en general, que ahora ha descendido por los suelos. Ya no sirven los discursos sobre la independencia del Órgano Judicial ni sobre la autonomía del Ministerio Público. Claramente han actuado aquí, con absoluta impunidad y por un largo tiempo, altas autoridades del Poder Ejecutivo que, además, contaban con poderes notariados para ello.

Entre aquellos funcionarios comprometidos dentro de la estructura del Ministerio Público, existen fiscales de distrito, o sea la máxima autoridad de esa institución en un departamento.

El actual Gobierno, si relacionamos todos estos hechos con acciones anteriores dentro de una lucha frontal contra la corrupción, entre otras cosas, había promulgado la Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de Lucha Contra la Corrupción, que no vemos que haya podido servir de algo para evitar lo sucedido. También, hace ya tiempo, funciona el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, encargado precisamente de evitar que pudiera haber ocurrido algo como lo que estamos comentando. Que se sepa, aquél ha explicado poco o nada sobre cómo ha podido suceder todo esto.

Lo anterior constituye una prueba irrefutable de que las leyes, por sí solas, no resuelven los problemas, no acaban con nuestros males. Siguen siendo sólo instrumentos en procura de unos fines. No son fines en sí mismos.

Ahora analicemos otro detalle. ¿Se podrá confiar en las investigaciones que se realizan bajo aquellas premisas? ¿Fiscales acusados de actos de corrupción, investigados por otros fiscales? ¿Jueces que callaron extorsiones, actuando ahora con “imparcialidad y honestidad”, de la noche a la mañana? ¿Autoridades del Órgano Ejecutivo, convertidas también de la noche a la mañana, en poco menos que “angelitos”, que ya no ejercen presión sobre nadie?

Es muy difícil creerlo. Es difícil admitir que un panorama tan negativo, un esquema tan truculento, ha de cambiar porque sí, porque al fin todos han decidido cumplir lo que dicen las leyes. Lo decimos porque uno de los grandes males históricos del país ha sido precisamente ignorar la ley o simplemente acomodar su cumplimiento a determinados intereses particulares o partidarios.

Por eso mismo, llama la atención que al conocerse los hechos que comentamos, haya comenzado a formarse una especie de clamor popular para que se imponga un juzgamiento rápido y ejemplar de los “culpables” y que se los sancione en forma dura y drástica. Incluso han existido personeros del Órgano Ejecutivo que se han sumado a esas voces que nos parecen totalmente inopinadas y fuera de contexto.

¿Qué se quiere? Un proceso “especial”, que además está prohibido en el artículo 120.I de la Constitución Política del Estado (cpe). Nuestro ordenamiento jurídico dice que se garantiza la “presunción de inocencia” (artículo 116.I de la cpe), que “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada en un debido proceso” (artículo 117). Y, en cuanto a los delitos, su tipificación ya está en el Código Penal, con más las respectivas sanciones. ¿Se trata de inventar otras más “duras”?

Tenemos todo previsto. Sólo queda aplicar la normativa existente con la necesaria voluntad política, que es la que debería existir para ello. Dejemos de andar por los recovecos.

Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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