La primera tarea que asumió José Miguel Insulza, después de ser elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue comprometerse con los bolivianos a no causar perjuicios a sus intereses desde el cargo que asumió, en el que deberá permanecer durante los próximos cinco años.
Corresponde reiterar que Bolivia y Perú se abstuvieron de votar a favor de Insulza, en tanto que México lo hizo en blanco. Ello determinó que la elección del chileno no fuera por aclamación. Los votos que obtuvo fueron 31. La actitud del Perú fue consecuente con la nota de “protesta y extrañeza” que su Cancillería dirigió a su similar de Chile, acusando a este país de vender armamento a Ecuador, durante el conflicto armado peruano-ecuatoriano de 1995.
La protesta alegó que el caso era doblemente reprochable, porque Chile ignoró su papel de pacificador —como garante de paz y límites entre los dos países—, junto con Argentina, Brasil y Estados Unidos.
Una vez elegido, la acción inicial de Insulza fue dirigir un mensaje a Bolivia, diciendo que no hará nada que pueda afectar a la demanda marítima que la distancia con Chile y, más bien, expresó sus esperanzas de que ambas naciones superen sus diferencias. El texto del mensaje dice: “Como secretario general ya no represento a un país, pero sí quiero decir una sola cosa, antes de no tomarme ninguna otra licencia. Quiero asegurar una vez más a mis hermanos bolivianos que en mis acciones como secretario general nunca haré nada que pueda perjudicar objetiva o subjetivamente sus intereses. Manifiesto mi esperanza de que los problemas que han dividido a Chile y Bolivia, dos países cercanos con un destino común, puedan resolverse a través del diálogo para beneficio mutuo”.
Este es un compromiso solemne que asume el secretario Insulza no sólo ante Bolivia, sino ante la conciencia de América, pues su palabra está ahora investida de la máxima representación continental.
Su deber, en todo caso, debería ser —al igual que del Gobierno de Chile— allanar el camino para resolver la demanda marítima boliviana, con lo que la OEA zanjaría el último conflicto que permanece latente en América.