Los resultados electorales desde 1985 muestran que los partidos ADN, MNR Y MIR gozaron durante más de una década del respaldo de más del cincuenta por ciento del electorado boliviano, y junto a UCS y Condepa, alternaron en el poder conformando coaliciones gubernamentales y mayorías parlamentarias.
Hacia principios del año 2000 este modelo de administración político burocrático basado en la denominada “democracia pactada” comenzó a fracturarse, por un lado por la presión social y por otro, por la descomposición interna del sistema político-institucional.
Los resultados electorales del 2002 mostraron una recomposición parcial de las fuerzas políticas en el país, pues mientras el MNR y el MIR consolidaron sus anteriores votaciones (22% y 16% respectivamente), la ADN había descendido estrepitosamente del 22,3% al 3,4%, y UCS y Condepa prácticamente desaparecieron del escenario electoral, y en cambio surgieron nuevas fuerzas como el MAS y la NFR que rebasaron el 20% de la votación y mientras el primero se mantuvo en la oposición, el segundo pasó a conformar parte de la coalición gubernamental junto al MNR y el MIR en el gobierno. Habría que añadir que, con las salvedades del caso, en la votación de las municipales del 2004 ninguno de estos partidos logró más del 8% de la votación.
Traigo a coalición estos datos por dos razones, la primera porque el actual Parlamento es producto de las elecciones del 2002 —es decir representa mayoritariamente a estos partidos—; y la segunda, porque precisamente las lógicas que predominaron en el manejo del poder al interior de esas coaliciones resultaron nefastas para la institucionalidad democrática, y además olvidaron que “se deben” a una sociedad que los eligió.
Pese a que esta megacoalición fue expulsada del Ejecutivo en octubre del 2003, ha quedado intacta y ejerciendo una importante influencia en la política nacional durante todos estos meses. El poder de estos actores se trasladó desde el Ejecutivo hacia el Congreso, en una relación tensa y conflictiva con el nuevo ejecutivo encabezado por Mesa, quien decidió organizar su propio gobierno prescindiendo de estos actores. Estos partidos hicieron sentir el peso de su poder de manera permanente, sobre todo en situaciones de agudo conflicto; las sucesivas renuncias de Mesa y las crisis institucionales sólo fortalecieron a estos sectores que se sintieron protagonistas de su resolución.
En esta coyuntura, en que el Ejecutivo ha abdicado en su poder, y que éste se encuentra disperso en las calles y en el Congreso, se han creado las condiciones para que estos partidos vuelvan como protagonistas al escenario político. La última renuncia presidencial y la inviabilidad institucional han depositado en el Parlamento el escenario de decisiones, e inclusive, la posibilidad de rearmar un “gobierno de unidad nacional” en torno al actual presidente del Congreso y las viejas estructuras políticas, personajes que seguramente se trasladarán directamente desde el banquillo de los acusados de la justicia por los hechos de octubre hacia los cargos ministeriales.
Si la megacoalición pretende verdaderamente rearticularse en una opción política —lo cual es políticamente legítimo—, puede hacerlo, pero no de facto como se está pretendiendo efectuar aprovechando la coyuntura crítica, deberá someterse a la votación nacional y a la decisión ciudadana en un futuro proceso electoral limpio y transparente.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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¡Urnas ya!
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¿Llegó la peste o hemos perdido la razón?
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