La Sala Penal I de la Corte Suprema de Justicia analizará la Declaración emitida por el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal antes de pronunciarse sobre los requerimientos que le hizo el fiscal General, Pedro Gareca, para ordenar el levantamiento del secreto militar, y la hipoteca legal de los bienes de los imputados por los hechos de octubre del 2003.
Se asumirá ese paso porque la declaración constitucional le ha “restado competencia” a la Sala Penal Primera, sostuvo el ministro y presidente de esa instancia, Jaime Ampuero, aclarando que la información con la que contaba la obtuvo a través de los medios de comunicación y no con el documento oficial respectivo.
El juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se tramitará con el Código de Procedimiento Penal, dijo Ampuero y reiteró que su Sala estudiará las facultades que le otorga la ley porque —después de la declaración constitucional— “quedaron restringidas al control de la investigación que realice el Ministerio Público”.
La reacción del ministro de la Corte coincide con la expresada el miércoles por Gareca y por el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Cristian Sanabria.
En cuanto al futuro del proceso, Ampuero informó que aún no se ha iniciado el cómputo de los seis meses previstos por ley para completar la etapa de investigación en este caso, pues los imputados por la Fiscalía General no fueron notificados. Una vez que se cumpla con ese requisito, y al término de los seis meses, el Ministerio Público podrá sobreseer o acusar a los implicados por los hechos de octubre del 2003, ante la Sala Plena de la Suprema, para que se inicie el juicio propiamente dicho. Redacción Sucre