De acuerdo a lo ocurrido en los últimos años se puede desprender que el Congreso Nacional desarrolla su trabajo dentro de una gran descoordinación con lo que sucede en el país, y que los únicos momentos de cambio y transformación a los que puede llegar en su tarea legislativa son aquellos que surgen de la convulsión social, cuando el país está al borde del abismo.
Así sucede desde hace ya mucho tiempo en que la opinión pública y el ciudadano de a pie considera la labor parlamentaria como altamente ineficiente y como uno de los espacios en los que mejor se lucra del poder y del enriquecimiento personal y partidario. Solamente las gravísimas movilizaciones sociales de octubre del 2003, con su enorme secuela de muertos, movieron al Congreso Nacional a aprobar un conjunto de reformas constitucionales introduciendo mecanismos de participación que habían sido pedidos desde hace ya bastante tiempo, pero quedó pendiente su tarea de renovación interna fuertemente exigida por la sociedad. Y precisamente tiene que ser otra devastadora movilización social la que obligue al Parlamento Nacional a considerar la posibilidad de su propia renovación y mejor adecuación al actual escenario político y social en Bolivia.
Mientras tanto, el Congreso demora casi un año para la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, dejando todavía en la fila de espera una frondosa lista de cargos por designar en puestos jerárquicos, y muchas veces estratégicos, del Estado. A ello se podrían sumar las indecisiones y bloqueos para la convocatoria a procesos electorales que surgen como una imperiosa demanda de la sociedad como son la elección de prefectos departamentales, la realización del referéndum sobre las autonomías y la Asamblea Constituyente.
En este marco de crisis política, el Congreso Nacional viene de terminar sus sesiones ordinarias correspondientes a la presente gestión sin haber clarificado ninguno de estos procesos. Un año de trabajo en los que el ciudadano se demanda sobre los frutos de la labor legislativa y la responsabilidad de esta institución democrática para colaborar en la conducción del país. Al contrario, las actuales resistencias a la renovación del Parlamento Nacional, delante de la demanda de elecciones generales anticipadas, y el chantaje al país como el pedido de indemnización por la renuncia anticipada, no hacen más que aumentar las dudas sobre la capacidad del Congreso Nacional para responder a la situación actual.
Es lamentable que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo hayan perdido la capacidad de liderazgo y de iniciativa política para solucionar los graves problemas que enfrenta el país. Abandonar esta capacidad propositiva a la presión social subordina el Estado a lo que decida el calor de la lucha y divorcia cada vez más la clase político-partidaria de la sociedad. En este marco posiblemente se estén jugando las últimas cartas para dotar a Bolivia de un sistema político que escuche a sus ciudadanos. Y es precisamente la tarea de recuperar la representatividad y legitimidad, la tarea urgente que debe emprender la clase política nacional, si no quiere volver a sufrir los embates del malestar social.
*René Cardozo es diplomático del Instituto de Estudios Políticos de París.
Superar ciertos síndromes
“En el actual período de transición , el mantenimiento del orden público y la preservación de los derechos ciudadanos es tarea inexcusable del gobierno".
Nuestros oráculos
Las angustias vividas entre mayo y junio hicieron que muchos paceños, convertidos en refugiados, escuchemos radio y veamos tele con más frecuencia de lo habitual,