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El chantaje y el amedrentamiento a los vecinos fue la principal arma utilizada para obligar a miles de alteños a salir a las calles durante tres semanas, del 23 de mayo al 9 de junio, apoyando la consigna de la "nacionalización".

En un recorrido por las diferentes urbanizaciones tras los días del conflicto, los vecinos revelaron, más liberados, lo que les tocó vivir.

Don Dulfredo, de la zona Caluyo, dijo que los dirigentes deben demostrar que tienen poder de convocatoria y por eso utilizan cualquier tipo de presión para amenazarlos.

De la conversación con varios vecinos se desprende que las amenazas estaban dirigidas a privarles del derecho que tienen a servicios básicos como agua potable, la energía eléctrica o el gas y, en otros, a bloquear la regularización del derecho propietario de las viviendas o quitar los puestos de trabajo a los gremiales, que en esa urbe sobrepasan las 50 mil personas.

Según el alcalde José Luis Paredes, esas amenazas podrían ser ciertas, ya que son las asambleas vecinales las que definen, en los diferentes distritos, las obras que se realizarán y cómo y en qué se ejecutarán los recursos municipales que les corresponden anualmente.

Consultado sobre cómo logra que su sector se movilice, Freddy Becerra, del Distrito 7, aseguró que todos los vecinos participan sin presiones. "La familia alteña se organiza, los adultos no salen, las mujeres embarazadas tampoco y los jóvenes se turnan. Sabemos que con estas medidas nos beneficiaremos todos", afirmó.

Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de El Alto, aseguró que presionar a los vecinos no es una instrucción de esa instancia.

No obstante, las palabras de los vecinos dan cuenta de que muchos participan por convicción, pero otros tantos presionados y atemorizados por los dirigentes. Según los vecinos, muchos optan por sumarse a la presión para garantizar su seguridad y la de sus familias.

Para el alcalde José Luis Paredes, sería interesante que presiones de esta naturaleza se ejercitaran para lograr demandas locales y mejorar la calidad de vida de los alteños, ya que desde el 2002 todas son nacionales.

Presionan con el derecho a la vivienda
"Si no salimos a marchar, los dirigentes que tramitan la regularización del derecho propietario de nuestra urbanización nos amenazan con sacarnos de los planos y lo pueden hacer", comenta Fernando, un joven de 21 años que tiene dos hijos, trabaja en La Paz, y que durante las tres semanas del conflicto llegó caminando desde Ventilla.

A él lo tuvo que reemplazar en las movilizaciones su hermano que vive en La Paz y que tuvo que trasladarse tres semanas a El Alto por esa circunstancia.

Según comentaron vecinos que sufrieron estas amenazas, tienen miedo de lo que puedan hacer sus dirigentes, ya que les confiaron los papeles de sus viviendas porque se encargan de tramitar en la Alcaldía la regularización del derecho propietario de sus urbanizaciones.

En la ciudad de El Alto muchas familias han construido sus hogares en terrenos no saneados, producto de asentamientos clandestinos. La mayoría, gente migrante de diferentes regiones del país, para contar con servicios básicos necesariamente debe contar con una planimetría aprobada.

Los puestos callejeros funcionan con fichas
En torno a los puestos callejeros existe toda una organización. "Se puede casi asegurar que es una mafia con diferentes cabezas, de la que los gremiales somos víctimas", comentó un vendedor de la zona 16 de Julio, en un recorrido que realizó La Razón.

El alcalde José Luis Paredes señaló que los gremiales son una de las principales fuerzas laborales de El Alto y que habitualmente actúan en bloque para conseguir sus objetivos.

Según la versión de los gremialistas, controlan su participación mediante fichas. Si existen movilizaciones como las convocadas en mayo por la junta de vecinos, el control se realiza diariamente. Algún miembro del puesto debe asistir para recoger la ficha, de lo contrario fácilmente puede perder su fuente de trabajo o ser reubicado en otras zonas.

Los vendedores comentaron que algunos gozan de la protección de dirigentes sindicales o concejales porque pagan hasta Bs 20 diarios para garantizar su estabilidad. Aunque muchos dijeron que son obligados a movilizarse, otros dicen que lo hacen por convicción.

Amenazan con no instalar servicios básicos
En las últimas movilizaciones, la amenaza de excluir a los vecinos de los planes de instalación del gas a domicilio, fue la principal arma utilizada por los dirigentes de las juntas de vecinos de la ciudad de El Alto para obligarlos a participar.

Consultado sobre el tema, el alcalde José Luis Paredes no descartó esa posibilidad, ya que en la asamblea de vecinos es donde se definen las obras y la ejecución del presupuesto. Sin embargo, lamentó que últimamente estas instancias estén en extremo politizadas con temas de carácter nacional y no con asuntos de beneficio local.

Varios presidentes de juntas de vecinos confirmaron que, de no asistir a las movilizaciones, corrían el riesgo de que sus barrios queden sin obras y sin acceso a gas domiciliario. Según el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, este tipo de presiones no se realiza por instrucción del organismo que dirige y si estos casos se presentan "son problemas internos de cada urbanización".
Las amenazas —según los vecinos— además del gas incluyen otros servicios básicos.

    Las historias

“Nos preparamos para defendernos”
Tania Villegas.
Vecina de Ciudad Satélite.
"Nosotros por lo general no realizamos ningún tipo de movilizaciones; sin embargo, hace dos o tres semanas tuvimos que organizarnos como vecindario, no para bloquear calles, pero sí para protegernos de las amenazas de dirigentes de otras zonas que hicieron correr la voz de que vendrían a saquear el mercado, las tiendas o cualquier comercio que esté atendiendo a la ciudad. Lo más penoso era ir a trabajar a la ciudad cargando una ropa adicional. Teníamos que caminar media hora, bajar corriendo con tenis y cambiarnos para entrar a la oficina".

“Nos enfrentamos entre vecinos”
Patricia.
Vecina de 1º de Mayo.
"Como vecindario estábamos divididos, había gente que bloqueaba, otra que trabajaba y los compradores. Un día nos enfrentamos compradores y vendedores con bloqueadores. Fue triste pelearnos con nuestros vecinos... Nadie amenazaba con nada, la gente bloqueaba porque creía que se deben nacionalizar todos los recursos naturales. Aquí la gente es pobre y se sufre mucho para ir a trabajar. El Alto está muy lejos y un día tuve que pagar 20 bolivianos. Eso gasto normalmente a la semana, pero no ir implicaba perder mi trabajo".

“No había otra que bloquear”
Fernando.
Vecino de Caluyo.
"Si no asistíamos a la marcha teníamos que pagar una multa de 25 bolivianos. En la zona parece que pondrán gas a domicilio. En la asamblea pidieron que para que este objetivo se logre, todos deberíamos movilizarnos y apoyar a la junta de vecinos. Tengo dos hijos, uno marchaba un día y el otro al día siguiente. Esto se pudo hacer porque los dos están sin empleo. En cambio mi hija, que trabaja en la ciudad, no tenía cómo ir, el bicicletero le cobraba cinco bolivianos a las 6.30 hasta la Ceja, a esa hora en ocasiones se podía conseguir algo para bajar".

    Los protagonistas

Abel Mamani
Liderizó las movilizaciones • Es presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve). Coordina su trabajo con 550 directivos de los barrios. Todas sus decisiones —asegura— se consultan a sus bases. No responde por las presiones que se realizan en las urbanizaciones. “Ése es un tema interno de cada barrio”, declaró. Impuso como bandera de lucha la “nacionalización” y la Asamblea Constituyente.

Edgar Patana
Movilizó a sus afiliados respaldando a la Fejuve • Es secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto. Sin el respaldo de sus afiliados la movilización de las juntas de vecinos no hubiera tenido la misma fuerza e impacto. Sin embargo, sobre la COR pesa la denuncia de haber recibido recursos de la telefónica paceña para respaldar las movilizaciones, hecho negado por la COR y Cotel.

Braulio Rocha
Los gremialistas invadieron las ciudades • Son más de 50 mil las personas que se dedican a esta actividad en la ciudad de El Alto. Su participación en las marchas y bloqueos responde principalmente a la presión de la que son objeto. Si no asisten a la convocatoria deben pagar multas de hasta Bs 20 o pueden llegar a perder su puesto de venta. Rocha es dirigente de los gremialistas.

Gualberto Choque
Movilizó a los campesinos de La Paz • Como ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, organizó el bloqueo en todas las áreas rurales. Respaldó la consigna de nacionalización y expulsión de los parlamentarios. En las marchas a La Paz sembraron temor con saqueos y pedradas y amenazaron con el cierre de válvulas de agua.

José Luis Paredes
Imploró una tregua • Al inicio, apoyó la protesta, y ante la imposibilidad de negociar temas locales con la dirigencia de la Fejuve y la Central Obrera Regional, el Alcalde de El Alto sólo atinó a implorar a los movilizados por una tregua antes del inicio de la sesión de Congreso en Sucre, que tenía que considerar la carta de renuncia del ex presidente Carlos Mesa Gisbert.

Emilio Gutiérrez
Apoyó el conflicto y después se arrepintió • Es ejecutivo de la Federación de Microempresarios de El Alto, que afilia a 2.500 emprendedores. En la etapa inicial del conflicto Gutiérrez se pronunció respaldando las movilizaciones y después denunció los perjuicios que sus afiliados estaban sufriendo. Advirtió la quiebra y cierre de microempresas

Roberto de la Cruz
Movilizó a los estudiantes de la UPEA • Como concejal se sometió a una huelga de hambre, después movilizó a los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto y en dos oportunidades intentó ingresar por la fuerza a la plaza Murillo, generando enfrentamientos con las fuerzas del orden. Fue detenido por la Policía y liberado sin culpa.

Jaime Solares
Quiso ganar protagonismo en El Alto • Aprovechando los conflictos en El Alto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la dirigente del magisterio urbano Wilma Plata, plantearon la creación de la asamblea popular, propuesta que no tuvo el respaldo de todos los sectores. Lamentó que el nuevo Presidente no lo convocara para negociar.