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Cajías, quien estuvo al frente de esa oficina desde el 12 de agosto del 2002, dijo que esas condiciones las impuso la cooperación internacional. El gobierno de Carlos Mesa firmó en abril pasado con los representantes diplomáticos del Reino de los Países Bajos, Dinamarca y Suecia, un convenio de cooperación por 10 millones de dólares para financiar el Programa Integral Anticorrupción (PIA) 2005-2009.

La DPA recibió en sus casi tres años de gestión, cerca de 1.500 denuncias. La autoridad informó que bajo su gestión fueron suspendidos o destituidos 105 funcionarios públicos en todo el país, mientras que se permitió el procesamiento de 29 alcaldes.

Actualmente el Tesoro General de la Nación otorga a la Delegación un presupuesto anual de cinco millones de bolivianos, monto que, según Cajías, permite realizar el trabajo y presentar una contraparte a la comunidad internacional.

Ese presupuesto le ha permitido a ese despacho crear redes institucionales en más de 40 entidades públicas, entre las que figuran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.