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Este trabajo de búsqueda de legitimidad en la toma de decisiones convirtió al Congreso en un escenario de complejas negociaciones que se extendieron más allá de las paredes del edificio del Poder Legislativo.

Dirigentes de las juntas vecinales de El Alto, la Central Obrera Boliviana, maestros, fabriles y organizaciones de todo el país fueron consultados por las bancadas del MAS y el MIP, mientras que en otros partidos estuvieron en permanente contacto con sus regiones, ya que de la decisión congresal dependería luego el futuro de la Constituyente y el referéndum para las autonomías.

Estas consultas complicaron el trabajo en las bancadas y brigadas, las que cuando se instaló la sesión en la Cámara de Diputados, cerca al mediodía, quedaron divididas en dos bloques: uno que planteaba que el presidente Eduardo Rodríguez se quede hasta el 2007 conduciendo el proceso de la Asamblea Constituyente, y el otro que insistía en modificar el artículo 93 de la Constitución Política para llamar a los comicios generales, postergando la agenda nacional.

Mediante consultas telefónicas y fax, los parlamentarios se comunicaron con los dirigentes para tomar decisiones. “El objetivo era poner a consideración las propuestas en busca de consensos que se traduzcan en paz y no en movilizaciones”, explicó una fuente parlamentaria.

Otro diputado dijo que el objetivo era conseguir un “aval” para que las decisiones no provoquen la reacción de los diferentes sectores de la sociedad, fundamentalmente los sociales, que incluso ya habían vertido amenazas contra el Legislativo.