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El 22 de junio, el alcalde de San Ignacio de Moxos, Sixto Bejarano, recibió una carta del Instituto Nacional de Estadística (INE) donde se le informa sobre la redistribución de los recursos de coparticipación y de la cuenta especial del Diálogo (HIPC II), y en la que le recomiendan elaborar un nuevo Plan Operativo Anual porque esas 250 personas pertenecen a Santa Ana de Yacuma.

Las seis comunidades en conflicto son San José de Cabitos, Pueblo Nuevo, Rosario, Naranjal, Piñal y San Salvador, donde viven unos 250 indígenas moxeños, yuracarés, sireneires y moré.

La autoridad edil explicó que el pasado 6 de enero, el anterior gobierno local fue notificado para una reunión entre Santa Ana de Yacuma, San Ignacio de Moxos y el INE para consensuar el problema; sin embargo, Bejarano fue posesionado el 10 de enero.

“Al parecer, esa inasistencia fue tomada como desinterés de nuestra parte y se cedió toda la población en litigio a Santa Ana, pero no se tomó en cuenta que no había autoridades designadas para esa fecha”, dijo a Enlared.

El presidente de los ganaderos de la zona, Miguel Arias, amenazó con medidas de presión. El dinero de coparticipación se da según el número de habitantes. Enlared

Efecto en sus planes

Recursos • San Ignacio recibía por coparticipación Bs 4.085.810, pero con el nuevo presupuesto tendrá 3.863.510. Por HIPC eran Bs 1.534.387, ahora serán 1.461.113.

Perjuicio • Los rubros más afectados, dice Bejarano, serán salud e infraestructura. Con Bs 90 mil se pensaba hacer una posta en San José de Cabitos.