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Según la sentencia de un juzgado de San Sebastián conocida el viernes, la Administración no se rigió por el principio de “proporcionalidad” establecido para los casos en que se carece o se tiene caducado el permiso de estancia en España. En esos casos se sanciona con multa y, de manera excepcional, la expulsión.

La motivación y proporcionalidad exige la ley cuando se acuerda la expulsión en vez de la multa prevista para una infracción grave, como la que cometió Gabriela. San Sebastián España EFE