El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, le pidió ayer al presidente Eduardo Rodríguez 150 mil dólares anuales para que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) funcione adecuadamente.
El fiscal sostuvo que Rodríguez se comprometió a analizar el tema. Y es que en la reunión que mantuvieron la tarde de ayer, Gutiérrez planteó el hecho de que la mayor parte de las personas que acudirán al IDIF “son gente pobre que no puede pagar” para que se realicen las investigaciones de los casos que denuncian.
En cuanto a los reactivos que el IDIF requiere para realizar los exámenes correspondientes a las evidencias recabadas en el lugar en el que se encontró el cuerpo de la niña Estéfani el jueves pasado en la ciudad de El Alto, y que debían arribar —según se comprometió el Ejecutivo— en esta semana, Gutiérrez afirmó que éstos llegarán “en estos días”.
Empero, hasta que el IDIF no cuente con los reactivos, existe el riesgo de que las pruebas se contaminen, según el director de la institución, Omar Rocabado, quien en una declaración a Radio Erbol señaló que no garantizaba el éxito de los análisis, debido a la posibilidad de que las evidencias se hubieran contaminado, precisamente por la falta de reactivos que permitan tratarlas de la mejor manera.
El fiscal negó esta posibilidad. El subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jorge Aracena, comentó que cuando se recabaron las evidencias se tomó el recaudo de “reforzarlas”, es decir que no se tomó una sola muestra, sino al menos dos.
Gutiérrez dijo que la falta de reactivos en el IDIF no detuvieron las investigaciones para determinar quién mató a la niña. Existen 12 sospechosos. El fiscal reiteró que todo el entorno de Estéfani es investigado. Como parte del proceso, se tomó pruebas de sangre a cinco personas.
Mientras tanto, el Gobierno Municipal de La Paz se constituyó ayer como parte civil del caso.