¿Culpa o responsabilidad colectiva?
Carlos Rodrigo Zapata*

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Araíz de la violación y cruel asesinato de Estéfani Mallco, la opinión pública ha exigido la pena capital para el autor, “castración química” o la pena máxima de 30 años de cárcel, sin indulto.

Lo asombroso de esa reacción no son las formas de castigo que se considera necesario aplicar, tampoco la dureza de las mismas, sino la falta de una autocrítica, de asumir una corresponsabilidad social y estatal en ese hecho y en otros iguales o similares sucedidos en los últimos años, como el caso de la niña Patricia Flores, hasta el día de hoy sin sancionarse.

A raíz de los crímenes de guerra cometidos por los nazis se discutió la idea de la culpa colectiva del pueblo alemán y se llegó a la conclusión que no existe ni puede existir una culpa colectiva y que ésta sólo puede ser individual, pero que sí existe una responsabilidad colectiva. Sin embargo, podríamos sostener que la reiterada falta de asunción de una responsabilidad colectiva, deriva necesariamente en una culpa colectiva, así sea ésta de naturaleza involuntaria.

Da la impresión que las extremas penas exigidas por la opinión pública en nuestro país son una forma de desplazar la propia corresponsabilidad, que empieza, sin duda, en el ambiente familiar y se extiende a todo el cuerpo social, transfiriéndola única y exclusivamente a los culpables directos. Esa forma de actuar no sólo convierte la corresponsabilidad en culpa, sino que amenaza con generalizarse a todos los ámbitos de la sociedad y a liberar cada vez más a los individuos de su propia responsabilidad.

Muy rara vez se han escuchado en estos días referencias a las causas de estos hechos, a las formas de prevenirlos, a las circunstancias en las que se están formando malhechores y asesinos en nuestro medio. Esta falta de autocrítica, de autoanálisis colectivo, de reflexión sobre nuestro (des)orden societal, nos está llevando por el camino insensato de seleccionar formas de amputar el mal cuando éste ya se ha producido, sin siquiera preguntarnos —ni por razones humanitarias o religiosas— por la clase de desarreglo patológico que lo provocó ni por las causas que condujeron a él.

El objeto de esos cuestionamientos no apunta a liberar de culpa a los autores directos de los hechos, sino a establecer las formas en que la sociedad debe examinar sus propias estructuras, sus formas de actuar y su propio desempeño, y asignarse ajustes e imponerse políticas en distintas esferas, con la finalidad de identificar aquellos espacios donde se está generando todo este desquiciamiento social y actuar en consecuencia.

Sin duda, basta con mirar la pirámide de conflictos en la sociedad, como para aseverar que uno de los orígenes de todas esas desviaciones se encuentra en el ámbito familiar: el lugar en que se forman los valores, se construye la autoestima y se forja el valor civil, es hoy una plaza tomada por la violencia, la falta de respeto y la pobreza, olvidada por el Estado y no considerada seriamente por las diversas organizaciones de la sociedad.

Necesitamos desarrollar una política familiar integral, volcando nuestra atención a las bases y fundamentos de la sociedad, a aquellos ámbitos cruciales de construcción de nuestra convivencia, en los que se forjan seres libres, dispuestos a luchar continuamente por sus propios valores y principios.

*Carlos Rodrigo Zapata
es economista, consultor
en análisis regional.
czapata@acelerate.com