Que tales recursos, y otros, se distribuyan transparentemente en función a los acuerdos regionales autonómicos que se cristalicen...
Eso de nombrar candidatos y partidos y especular si recibirán dinero de aquí o de allá para financiar sus campañas es inconducente porque el dinero, si lo han de recibir, lo recibirán de todas maneras del interior, exterior, o de una combinación de ambos. Lo que debería hacer el Gobierno de Bolivia es financiar muy poco las campañas electorales con recursos que provienen “de donde no hay”, o sea de los escasos recursos del erario nacional, dinero que bien puede utilizarse en causas nobles. El Gobierno también debería fiscalizar competentemente lo poco que debería financiar; y también debería cerciorarse de que cualquier dinero que financie una campaña electoral de nivel nacional, regional o local sea lícito, y no producto de ningún narcotráfico, contrabando, robo, o cosas por el estilo. He ahí el mayor reto del Ministerio de Gobierno y del Poder Judicial. Pero hay otros.
¿Es novedad que dinero del exterior ha ingresado a Bolivia para ayudar a financiar esta o aquella candidatura presidencial históricamente hablando? Yo creo que no, no es novedad, y todos lo sabemos o deberíamos saberlo. Dejar que el agua corra es mejor que tratar de detenerla.
O sea que los entes externos que decidan financiar a Juan, Pedro o Martín, como candidatos a la presidencia de Bolivia, debería interpretarse como el libre mercado en acción, o como una cada vez mayor fluidez de la inefable globalización. Que hay intereses internacionales que han de preferir a éste o aquel candidato para la presidencia de Bolivia es inevitable. Yo diría que es hasta saludable porque serían conocidos y, desde luego, sopesados.
También sería saludable porque daría a conocer los metiches perdedores. En otras palabras, sería mejor un sistema transparente y abierto no solamente para ahorrar dinero del erario nacional sino para hacer que cada vez más dinero privado nacional e internacional pugne en las elecciones bolivianas. Es inevitable dada la riqueza del territorio boliviano.
Pero como nada es perfecto, y para que lo que sugiero funcione, habría que bregar a fin de lograr tres cosas. Una, evitar que lo que sugiero signifique dizque “la privatización” de la política en Bolivia. Dos, evitar que lo que sugiero signifique entregar el destino
político del país al
dominio de entes extranjeros, gobiernos o empresas privadas o semiprivadas. Y tres, vigorizar el sistema legal, sobre todo el impositivo y de regalías de modo que tanto la empresa privada nacional e internacional, como la empresa capitalizada (las tres esperan crecer significantemente en el corto plazo), paguen puntualmente los impuestos de ley que corresponde por derivar ganancias de sus operaciones en Bolivia.
Y, lo más importante, que tales recursos, y otros, se distribuyan competente y transparentemente en función a los acuerdos regionales autonómicos que se cristalicen el 2006.
Volviendo a lo de “privatizar la política en Bolivia” como resultado de la disminución o eliminación del subsidio estatal de los partidos políticos, yo diría que se trata de un eufemismo porque con tal se busca encubrir la serie de desacatos en que históricamente han incurrido los partidos políticos mayores empezando con el reclutamiento de crédulos y hasta incautos que con la promesa de un puesto hacen batería y media de las zonas habitadas del país como pintorrear desde paredes hasta postes y árboles en un afán publicitario descontrolado y dañino a la salud mental de los habitantes y desde luego al ornato público.
Además, después de las elecciones uno se ve expuesto a escuchar las interminables quejas de esos incautos que al no haber conseguido el prometido cargo público despotrican contra todo y contra todos.
A propósito, ideal sería adoptar el sistema de la segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales de modo que los dos finalistas reciban el grueso de la colaboración estatal y se evite, entre otras cosas, la componenda del Congreso que hasta ahora no ha servido más que a los politicastros bolivianos de los que ya estamos hasta el jopo.
*Jorge Ordenes es economista y educador.
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