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Eso significaría que quedarían legalizadas aproximadamente unas 3.500 hectáreas de cocales.

Jorge Núñez, consejero regional de Puno (1.300 km al sureste de Lima), dijo ayer que el objetivo de la ordenanza es “reconocer como zonas de producción tradicional, de carácter legal, la planta de la hoja de coca de las cuencas cocaleras de Sandia y Carabaya”. Señaló que la mayoría de esas hectáreas son legales, pues sus propietarios están empadronados y venden su producción a la Empresa Nacional de Coca, una entidad estatal que se encarga de comercializar y exportar la hoja para usos alimentarios o medicinales.

El consejero denunció la falta de atención a esas zonas, donde “no existe el suficiente control para que el Estado diga si existe o no narcotráfico”.

Consultado sobre si los excedentes de hoja de coca no podrían alimentar al narcotráfico, Núñez dijo que “efectivamente hay ese riesgo donde el Estado no tiene presencia y no invierte en desarrollo social”. Lima, AFP