¿De dónde?
Elizabeth Salguero Carrillo*

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L@s candidat@s a la presidencia y vicepresidencia, diputaciones, senatorías, alcaldías y concejalías además de declarar sus bienes, deberán precisar, ¿de dónde? provienen sus posesiones, como requisito indispensable para ser admitid@s en las elecciones.

Propongo que l@s ciudadan@s iniciemos una campaña denominada: ¿De dónde provienen las fortunas de l@s aspirantes a la silla presidencial y al gobierno hacia las próximas elecciones? Puedo asegurar que la mayoría de los candidatos antes de ser políticos y trabajar en los gobiernos de turno, no tenían las grandes propiedades y riquezas que poseen actualmente.

Andrés Solíz Rada, presentó ante el Legislativo en 1990, el Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, el cual nunca se lo discutió en el Parlamento, hasta que dejó la función legislativa en el 2002. Como él mismo advierte, algun@s sostienen que la ley es innecesaria porque el 'Estatuto del Funcionario Público' obliga a l@s servidor@s del Estado a declarar su patrimonio. Pero coincidimos en remarcar que el 'Estatuto' no pregunta cómo y de dónde l@s funcionari@s consiguieron su patrimonio.

Como ejemplo, el candidato Samuel Doria Medina debería aclarar las denuncias que le hicieran los diputados Ramírez y Díaz del MAS sobre el dudoso origen de su fortuna, que según ellos surgió de un préstamo no pagado del Banco Central de Bolivia. También sobre un supuesto perjuicio que provocó a Sucre al adquirir acciones de la Fábrica Nacional de Cemento.

Para completar el proyecto, se requiere que la investigación alcance también a los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. De esa manera, se evitará que las elites económicas y políticas del país sigan “invirtiendo” en las campañas electorales para luego recuperar sus capitales cuando sus apadrinad@s lleguen al poder.

Además, todos los actos públicos, ejercidos por las autoridades y funcionari@s en todas las instituciones estatales, deben ser obligatoriamente publicados y accesibles a toda la ciudadanía.

También es necesario hacer prevalecer el principio de la rendición de cuentas. Toda autoridad y t@do funcionari@ públic@, debe presentar periódicamente ante sus elector@s, informes detallados de sus actividades.

Por último, el concepto de los famosos “gastos reservados” debe ser eliminado. No es posible que exista la opción de echar mano a recursos estatales para todo lo que se les ocurra a l@s gobernantes a nombre de la seguridad nacional. Si no se regulan todos los gastos se seguirá sacando dinero en maletas, utilizándolo en viviendas particulares; se continuarán pagando votos para que l@s parlamentari@s aprueben leyes, se callarán a periodistas y se podrá pagar todo lo imaginable a favor de intereses particulares que no responden a las necesidades del pueblo boliviano.

*Elizabeth Salguero
es periodista.
apuwara@yahoo.com