El Gobierno busca acuerdos para nuevo plan de tierras Un experto advierte que es un error improvisar una política de grandes problemáticas y consecuencias en una administración de transición.
El gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé decidió apresurar el proceso de negociación con el bloque de organizaciones campesino indígenas que se oponen a la implementación del Plan Nacional de Acceso a Tierra, diseñado a poco más de un mes de su gestión.
El jueves, el Jefe de Estado debía presentar la nueva política de tierras, sin embargo, fue suspendido el acto oficial y anunciaron un proceso de consensuación con todos los sectores involucrados en la problemática.
Tan sólo trascendidos algunos alcances e implicaciones de la iniciativa, se generó una airada reacción en organizaciones nacionales campesinas de occidente, aunque también indígenas y colonizadores del oriente, en el marco del Pacto de Unidad.
Con un manifiesto público, seis organizaciones campesinas y originarias, además del Movimiento Sin Tierra (MST), declararon el fin de semana “estado de emergencia”, rechazando cuatro decretos que intenta aprobar el Gobierno y otros cinco aprobados anteriormente.
El Ejecutivo logró frenar las medidas de hecho por parte de campesinos e indígenas, entablando las bases para un encuentro de concertación a cabeza de la ministra de Desarrollo Sostenible, Irma Peredo, en Santa Cruz, donde ocurren los conflictos de ocupación y reclamo, aunque no se descartan estos hechos en otros departamentos.
Miguel, Urioste de la Fundación Tierra, afirmó que no se podrá implementar un plan de tierras. “Es un grave error para un gobierno de transición involucrarse en un tema tan complejo y polémico que generó grandes desacuerdos en Bolivia”.
El experto piensa que los intentos de modificación a la Ley Inra (1996) “desnaturalizan el proceso de saneamiento y están pensados a partir de los grupos de poder en el oriente, amazonia y el chaco”. Dijo que se descubrieron “cantidades de tierras en el oriente con dueños chutos en el proceso de saneamiento”.
Al respecto, Urioste advirtió que el proceso de saneamiento, en otro gobierno, puede optimizarse legalmente buscando su acortamiento a tres meses y todo el proceso abarcar hasta el 2010 y no cinco años más tarde como pretende el Gobierno actual con un proyecto de ley en un Congreso que está de salida.
Precisó que aunque no comparte la toma de tierras por el Movimiento Sin Tierra, la prohibición de tomas, sin negociar, provocará enfrentamientos. “Sería el inicio de una revuelta indígena campesina en el oriente, con los empresarios que instan al uso de la fuerza, instrumentando regionalismos y autonomía”, dijo. Recomendó negociar, hacer avanzar el saneamiento y distribuir tierras fiscales y no comprar las tierras a los latifundistas para venderles a los indígenas “como se pretende”.
Añadió que es atentatoria la iniciativa oficial de pretender convertir y depredar un millón de hectáreas de tierras forestales para hacer crecer la frontera agrícola, sin mayores estudios.
PROBLEMÁTICA
Enfrentamiento • En los últimos años el acceso a la tierra generó enfrentamientos. Desde los sucesos acaecidos el 2001, en el Chaco en el fundo Pananti, perecieron siete personas hasta el masivo secuestro y vejaciones de 50 campesinos por parte del MST en la cruceña localidad de los Yuquises.
Tierras • Al presente sólo fueron saneadas 18.319 has (17%), están en proceso 31.690.012 has (30%) y aún faltan 51.254.624 has (53%).