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Con bates de béisbol y barras metálicas, unas 50 personas ingresaron en el diario y desalojaron con violencia a 31 periodistas que permanecían en las instalaciones desde hace más de un mes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Gobierno mexicano interceder en el conflicto del diario. Según ese organismo, el desalojo fue realizado por presuntos simpatizantes de la sindicalista Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos quienes, de acuerdo a denuncias de los afectados, habrían recibido el apoyo de la Policía y del gobierno estatal.

Ismael Sanmartín, director del diario, aseguró que los sujetos irrumpieron de manera violenta, los amenazaron y destruyeron computadoras y otros equipos. La SIP pidió en tres ocasiones que se investigara las denuncias del diario referente a presuntas presiones recibidas de parte de las autoridades estatales en aparente represalia por su línea editorial.

El conflicto data del 28 de noviembre de 2004 cuando supuestos comuneros invadieron los predios del periódico, donde se localizan las bodegas del rotativo y fue hallada una persona muerta.

El 1 de diciembre las instalaciones fueron tomadas nuevamente por comerciantes de la zona y de acuerdo a los directivos del medio, estas acciones estarían motivadas por la línea editorial crítica a la administración del gobernador del estado, Ulises Ruiz.

El caso se agudizó hace un mes, cuando el sindicato declaró huelga, supuestamente con apoyo del gobierno estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diario se siguió publicando, pero hubo varios incidentes para obstaculizar su distribución, como el robo de camionetas con los periódicos, que luego aparecieron en un estacionamiento de la fiscalía estatal. México DF, DPA-EFE

El caso de un atentado ficticio

Directivos y periodistas de Noticias denunciaron una maniobra del gobierno local para silenciar a un diario crítico mediante una “huelga de Estado”.

Oaxaca lleva más de siete décadas gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El diario Noticias ya había denunciado intentos del anterior gobernador, José Murat, para acallarlos, los que se recrudecieron cuando su sucesor, Ulises Ruiz, asumió el poder en el estado el año pasado.

Siendo aún gobernador, Murat acaparó atención pública el 18 de marzo de 2004 cuando su camioneta fue baleada, en un hecho que calificó de atentado, cinco meses antes de las elecciones locales.

Después de una serie de investigaciones realizadas, la fiscalía general mexicana determinó que el supuesto atentado había sido en realidad un montaje, con participación de la propia escolta de Murat y complicidad de la fiscalía estatal, por razones nunca establecidas. México DF, DPA