Federalización
Álvaro Zuazo*

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Demos a los bolivianos gobiernos departamentales sólidos, que tengan la potestad de decidir cómo aprovechar mejor sus riquezas.
Suelo divagar en una columna que generosamente me ha cedido este medio y cuyos 2.600 caracteres me sirven con suficiencia para que mis abyectas digresiones no se extiendan en demasía.

Sin embargo, en este caso, he de robarle espacio adicional para expresar algunos criterios que, me parece, tienen algo más de trascendencia que los que normalmente expongo.

Así, planteo desde estas páginas que hagamos, por favor, el esfuerzo de cambiar estas “agendas” con que las que “minorías eficientes” empujan con entusiasmo a mareas anónimas, tanto en lo que corresponde a la ya insufrible de octubre, como a la más bailada de enero.

Creo que debemos dar un giro copernicano a este escenario que no sólo rompa esos paradigmas artificiales, sino que nos lleve a dejar de lado intereses particulares y sectarios para atender lo que es esencial: el fortalecimiento de la patria.

Así, como observador preocupado de las autonomías radicales que soy, considero que probablemente la forma más eficaz de neutralizar el riesgo de atomización del país que varios de sus impulsores atizan, y al mismo tiempo cumplir con los objetivos que algunos pueblos buscan alcanzar con ellas, es federalizar al país.

Planteo por eso dejar de lado las autonomías feudales, planteadas como Estados dentro del propio Estado, y ampliar el horizonte a un terreno más firme como es la creación de un régimen federal.

Más de alguno considerará la iniciativa como una insensatez que traspasa las autonomías, y muchos la verán como el verdadero principio en el camino de lograr objetivos secesionistas.

Pero ni lo uno ni lo otro. Un Estado federal como el que rige entre muchos de nuestros vecinos es más sólido, más predecible y, en definitiva, mejor garante de unidad que las autonomías, supuestamente a la española, que algunos quisieran como umbral de la división.

En un gobierno federal se sabe que deben, por analogía, crearse en los departamentos poderes similares a los de la nación, y se sabe también con certeza cuál es el ámbito de sus atribuciones.

A diferencia, las autonomías a ultranza son un anaquel que puede dejar espacio para todo tipo de sorpresas, como la de que los gobiernos autonómicos dispongan libremente de los recursos impositivos y naturales que se tributen o recaigan en la jurisdicción. Y “naturales” es un eufemismo que esconde la clave: hidrocarburos.

Se trata de dar la vuelta la tortilla española, precisamente, y firmar el régimen federal en un acuerdo político y, más bien, consultar en serio sobre la nacionalización de los hidrocarburos.

Aunque es claro que debe estar garantizada la propiedad de los carburantes para el Estado, por qué no permitimos mediante un referéndum, éste en serio y en un plazo prudencial, que los departamentos productores decidan si desean que en ellos se estatice la explotación de los hidrocarburos.

El hecho de que esa riqueza se encuentre en su subsuelo hace de esos pueblos no sólo sus primeros beneficiarios, son también quienes más sufren las consecuencias de su explotación y quienes más afectados se verán cuando ellos se agoten. Es decir, es injusto que no se escuche su criterio.

Así, Tarija tendría el derecho de decir si el gas que subyace en sus entrañas debe ser explotado sólo por el Estado o el mejor mecanismo para obtener el mayor beneficio.

Y bajo esa lógica, si en algún rincón de El Alto se descubriera una molécula de gas, será también de su población el trámite que a ella debe dársele.

Por último, y por estar los temas planteados vinculados a éste, es necesario referirse a la Asamblea Constituyente.

En primer lugar, si se llega a un acuerdo nacional para federalizar, los constituyentes no tendrán que inventar mayores artilugios para resolver la descentralización, a diferencia de lo que puede acontecer con el caso de las autonomías. Deberán también respetar los criterios de los departamentos productores de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, tan importante como esto, es necesario que algunas corrientes de inocultable tufillo racista que se hospedan en el Congreso entiendan que es necesario garantizar a todos los bolivianos el derecho de decidir en comunión el destino del país.

Admitamos que eso de nombrar constituyentes bajo fórmulas corporativas es antidemocrático y perverso para la sociedad en su conjunto.

Sostener que un boliviano tiene más derechos que otros en razón de su raza o condición es repetir el absurdo que rigió antes de la abolición del voto calificado y el pongueaje. Considerar que debemos tener una Asamblea diseñada al sabor y color de algunos “originarios” es a estas alturas un atropello similar al que sufrieron los analfabetos antes de los 50, por más que se haga en nombre de la discriminación que posiblemente sufren. Un error no se soluciona con otro error.

En fin, demos a los bolivianos gobiernos departamentales sólidos y predecibles, que tengan la potestad de decidir cómo aprovechar mejor las riquezas de su entorno, sin negar que en su raíz son de todos, y que los distintos colores que entraman su sociedad sean su riqueza y no su ruina.

Es obvio que ellos son accidentales y que lo serán más conforme avance este irrefrenable mestizaje que, por ejemplo, tiene a una de sus más claras expresiones en El Alto y, paradójicamente, a quien parece ser su antítesis: Santa Cruz.

*Álvaro Zuazo Vélez
es periodista.