• LA INESTABILIDAD SOCIAL • En mayo, los pobladores de Santa Rosa, en Santa Cruz, tomaron seis pozos petroleros.

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El gerente de Comunicaciones de la CBH, Carlos Alberto López, dijo ayer a La Razón que, sin inversión adicional, Bolivia no podrá aumentar los volúmenes de exportación del energético al mercado argentino, tal como se viene anunciando.

Las autoridades del sector energético de Bolivia y Argentina se reunirán este miércoles en la ciudad de Santa Cruz para analizar el tema de la exportación adicional de 20 millones de metros cúbicos diarios (Mmmcd) de gas.

Actualmente, Bolivia exporta a la vecina nación 6,5 Mmmcd de gas y es propósito de las autoridades de ambos países el ampliar ese volumen a otros 20 Mmmcd adicionales que surtirán del energético al Gasoducto del Noreste Argentino (GNA).

"El problema es la Ley de Hidrocarburos. Y como lo ha dicho la Cámara oportunamente, esta ley es confiscatoria e inviabiliza el desarrollo y futuro de la industria petrolera boliviana", afirmó.

"Es como querer vender pan cuando no se tiene harina", ejemplificó el ejecutivo, quien afirmó que las compañías no pueden comprometerse con nuevas inversiones y con nuevos volúmenes de producción hasta no tener firmados sus nuevos contratos.

No obstante esta situación, Carlos Alberto López dijo que si el Gobierno llega a suscribir nuevos contratos, ya sea con Argentina o con cualquier otro país, la exportación "se tendría que dar a costa de las exportaciones ya comprometidas al Brasil o a costa de la provisión de gas natural para el mercado interno".

"El problema es la Ley de Hidrocarburos", insistió.

Datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) muestran que las inversiones en el sector petrolero han registrado una caída abrupta en los últimos años y sólo son comparables a las registradas en 1995, cuando arrancó el proceso de capitalización de las empresas estatales.

Según YPFB, las inversiones en el sector petrolero se estancaron a partir de 1999 como producto de la falta de mercados para el gas y debido a la inestabilidad política y social reinante en el país, a lo que se ha sumado últimamente el carácter confiscatorio de la nueva Ley de Hidrocarburos.

En 1995, por ejemplo, la inversión en exploración apenas llegaba a los 69,81 millones de dólares. Tres años más tarde, esa cifra se quintuplicó hasta alcanzar la suma de 374,56 millones.

En explotación ocurrió algo similar. En ese período la inversión subió de 43,43 millones a 230,25 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la estatal petrolera. Posteriormente, y a partir de 1999, las inversiones tanto en exploración como en explotación fueron decreciendo paulatinamente hasta alcanzar en la gestión pasada un acumulado de 176,28 millones de dólares.

Haciendo una comparación, entre 1998 y el año 2004, las inversiones en el sector petrolero han registrado una caída del orden de los 428,53 millones de dólares (70,85 por ciento).

Actualmente, las compañías petroleras requieren alrededor de 1.800 millones de dólares de inversión sólo para desarrollar las reservas probadas descubiertas en los últimos ocho años.

Las reuniones tardan en llegar

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) advirtió ayer que si hasta el 8 de enero de 2006 no se logra un acercamiento entre las empresas petroleras y el Poder Ejecutivo para concertar la migración de contratos, British Gas, Repsol-YPF y Total iniciarán procesos de arbitraje en contra del Estado boliviano.

“Las compañías están a la espera de cualquier convocatoria por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que aclarar que hasta el momento no ha habido ninguna convocatoria de ninguna autoridad para ninguna reunión con el sector”, puntualizó ayer el gerente de Comunicaciones de la CBH, Carlos Alberto López.

El 8 de julio, British Gas, Repsol YPF y Total hicieron entrega al Gobierno de unas cartas de notificación donde le hacen conocer su intención de resolver "amigablemente" las diferencias para la migración de contratos.

“De no cumplirse, de no lograr un acercamiento y una conciliación o concertación, los propios acuerdos dan a las compañías la posibilidad de iniciar los procesos de arbitraje”, añadió López.