La demanda universitaria
René Cardozo S.J.*

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Como sucede casi todos los años, las universidades estatales demandan un incremento en la subvención que reciben del Estado.

Esta demanda surge, como es comprensible, ante la necesidad de dotar de una infraestructura adecuada a la comunidad universitaria, lo que pasa también por el incremento en la partida salarial que constituye el principal rubro de los gastos universitarios.

Indudablemente para mantener una adecuada calidad docente es necesaria una justificada remuneración. La inversión efectuada por un profesional de alto nivel exige el pago de una remuneración acorde con la especialización del mismo. En este sentido, la lógica obliga a las distintas universidades a pagar bien, si quieren contar con buenos profesionales.

Pese a ello, hace algunos años se ha cuestionado el manejo muchas veces discrecional que se hace del presupuesto asignado a las universidades. Ello sobre todo en lo que se refiere a algunos salarios de personal jerárquico y administrativo. Se denunciaron la existencia de ingresos adicionales a los sueldos, lo que hacía que algunos rectores de la universidad ganen más que el propio Presidente de la República.

Al mismo tiempo existen muchas quejas estudiantiles que cuestionan la calidad docente que, en muchos casos, no guarda proporción con los elevados salarios pagados. En otras palabras, no existía la suficiente claridad de la proporción guardada entre la calidad y eficiencia en el trabajo de los profesionales, y los ingresos que éstos puedan tener por el mismo.

A todo ello se puede sumar la necesidad de reformar el sistema universitario para adecuarlo mejor a las necesidades del desarrollo de Bolivia. Esta insuficiente planificación se suele expresar en la sobreoferta de carreras, que en muchos casos forman profesionales que luego difícilmente encontrarán un mercado de trabajo que los acoja adecuadamente y se verán obligados a sobrevivir en el mercado informal.

La Universidad necesita formar los profesionales en función de las demandas nacionales, dentro de límites adecuados, y de acuerdo a las posibilidades reales del ejercicio de la profesión.

Finalmente, quedan también algunas dudas sobre el transparente manejo de muchos de los recursos exigidos directamente a los propios estudiantes, tanto en cuotas o pagos, provenientes de sectores administrativos, o incluso de las propias Federaciones Universitarias Locales.

La subvención estatal a las universidades proviene del aporte de los propios ciudadanos. Y son precisamente ellos los que tienen el derecho a una adecuada información sobre el manejo de dichos recursos, teniendo siempre conciencia de que la educación es la más alta función del Estado.

*René Cardozo
es sacerdote jesuita.
Diplomado del Instituto
de Estudios Políticos de París.