Los felices propietarios de siglas
José Luis Roca*

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En suma, la noble actividad política está supeditada a un orden burocrático de baja estofa.
Como una respuesta a los hondos conflictos que culminaron en junio del 2005 con la caída de Carlos Mesa y la convocatoria a elecciones anticipadas, es necesario flexibilizar los rígidos y complejos requisitos contenidos en la ley electoral y en la de partidos políticos.

Según esa normativa, las únicas personas autorizadas para inscribir candidatos son aquellas que figuran como dirigentes en los registros de la Corte Nacional Electoral. Por consiguiente, carece de validez legal cualquier candidatura que no tenga el visto bueno de esas personas. Eso los convierte en ilegítimos propietarios de las siglas electorales de los 15 partidos actualmente reconocidos por la Corte.

Asimismo, los autoriza para alquilar o subastar la sigla adjudicándola al mejor postor.

Si bien, desde el punto de vista legal, tal situación parecería correcta, ella está en contradicción con la nueva realidad política que se ha ido delineando desde octubre del 2003. En esa oportunidad el pueblo se rebeló contra un sistema caracterizado por el dominio excluyente de los partidos pero, sobre todo, de los autotitulados jefes de éstos quienes cayeron en total descrédito, al punto de que muchos creían en su definitiva muerte política.

Eso era una verdad durante los casi dos años transcurridos desde la revolución de El Alto, pero la convocatoria a elecciones generales en diciembre ha devuelto la vida a esos partidos y a sus propietarios.

Como consecuencia de lo anterior, existe la posibilidad de que los partidos que hoy son considerados “tradicionales” presenten la desgastada imagen del régimen caduco cerrando el paso a figuras nuevas de la política no comprometidas con el pasado reciente. De esa manera, cualquier posibilidad de apertura democrática interna en los partidos quedaría descartada.

El problema descrito se observa con mayor dramatismo en el caso del MNR. Minado por el gonismo, corriente antinacional que se suponía definitivamente derrotada, este partido sigue, no obstante, en manos del mismo personaje fundador de esa corriente.

Como se sabe, éste vive en el exterior, prófugo de la justicia y sobre quien pesa un juicio iniciado en el Congreso Nacional por delitos de lesa humanidad y lesa patria.

El grupo que lo respalda internamente ha hecho conocer su decisión de no cambiar de conducta.

En otras palabras, el candidato presidencial de aquel otrora glorioso partido, así como los postulantes al congreso y a las prefecturas serán designados, igual que antes, por el dedo del jefe que reside en Washington.

Lo mismo puede decirse del resto de los partidos entre los cuales figuran algunos pequeños, con méritos históricos, pero cuyos propietarios pensarán primero en su conveniencia o en su egoísmo antes que en presentarle al país nuevas caras con nuevas alternativas y programas.

Las agrupaciones ciudadanas que se insinuaban como un mecanismo para contrarrestar tan odioso monopolio fueron encasilladas, mediante la ley que las creó, en el mismo molde de los partidos.

Es decir, para que su vigencia tenga carácter legal, no sólo deben recolectar firmas (lo cual es aceptable) sino abrir libros con intervención de notario, redactar declaración de principios, estatutos, procedimiento electoral y tantos otros colgandijos.

Como resultado de todo esto, sólo una agrupación ciudadana está habilitada para participar en elecciones nacionales y ya tiene dueño. El resto de ellas sólo está autorizado para elecciones municipales.

Encima de todo lo anterior, la ley autoriza a los miembros de la corte electoral a ejercer una exagerada tutela sobre la vida de los partidos decidiendo quiénes son y quiénes no son sus dirigentes, cuáles de sus congresos o convenciones son válidos y si las convocatorias a esos eventos fueron o no hechas con los respectivos días o semanas de anticipación.

Cuando los militantes de base se quejan de arbitrariedades cometidas por sus dirigentes, se da paso a instancias litigiosas con características curialescas dignas de insignes leguleyos y picapleitos.

En suma, la noble actividad política está supeditada a un orden burocrático de baja estofa.

Esas fueron las armas de la partidocracia para manejar el poder a su antojo y para que un sistema pluripartido se convirtiera en un aberrante unipartidismo.

De esa manera hicieron desaparecer a organizaciones que no eran de su agrado para quedarse ellos solos con el festín electoral y las generosas subvenciones estatales.

Mientras se derogan esas autoritarias y engorrosas leyes, hace falta un decreto supremo que devuelva su dignidad a la política para que ella sea una actividad de ciudadanos libres y no de burócratas avivados.

Que se autorice a cualquier militante de un partido a usar las siglas que los distinguen sin pedir permiso a quienes se han apoderado de ellas. El Gobierno haría bien en ocuparse de este crucial asunto.

*José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com