Desde la restauración democrática en 1982, las sucesivas elecciones presidenciales llevadas a cabo en los siguientes años no consiguieron elegir a un Presidente de la República por mayoría absoluta de los votos emitidos. Esto originó la necesidad de negociaciones político-partidarias y parlamentarias para la elección entre las tres primeras opciones primero, y luego entre las dos primeras, al nuevo Jefe de Estado. Esta práctica que originó la “democracia pactada” tuvo la virtud de organizar gobiernos con el respaldo político suficiente para poder llevar a cabo programas de gobierno. Sin embargo, este proceso no estuvo carente de grandes limitaciones que hoy amenazan nuevamente el panorama preelectoral que vivimos.
Uno de los elementos que desvirtuaron los beneficios de la “democracia pactada” fue precisamente el cuoteo de los cargos públicos y espacios del Estado, y la utilización del Gobierno para uso exclusivo de los grupos encaramados en el poder. La “democracia pactada” se convirtió en un “club de amigos” entre los cuales se repartían beneficios de acuerdo al rol previamente establecido. Esto provocó la interrupción de todos los canales de comunicación del sistema político con sus
bases sociales y ciudadanas, originando un divorcio total de la clase política y el ciudadano de a pie.
Por otro lado, es evidente la tendencia del voto ciudadano a la dispersión entre las distintas opciones electorales, careciendo cualquiera de ellas de un discurso aglutinador y hegemónico que pueda generar una mayoría electoral en esta etapa transitoria que vive Bolivia.
De esta forma, el espectro de una dispersión del voto, de una posterior negociación político-parlamentaria, con la consiguiente distribución de espacios de poder y cargos públicos, y la perpetuación del divorcio entre la clase política y el ciudadano de a pie, continúa latente. Lamentablemente, los distintos grupos y corporaciones políticas, económicas y sociales parecen optar por postular sus propios candidatos e instruir a sus respectivos miembros a votar por los mismos, alejándose de la posibilidad de construir grandes mayorías gobernables.
Las elecciones de diciembre son el primer paso de un proceso mayor que debe culminar con la realización de la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado que debe regir los destinos de la nación en las próximas décadas. Por ello, estas elecciones deben permitir la elección de un gobierno con la suficiente base política, económica y social para encarar este proceso. Todavía no queda claro si para corregir los obstáculos, se requiere voluntad y desprendimiento ciudadano o voluntad de la clase política y social.
*René Cardozo es Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
No dan en el blanco...
Los candidatos a la Presidencia de la República debieran encargar encuestas que les indiquen en forma idónea qué es lo que la mayoría del pueblo quiere que se haga desde el Palacio de Gobierno a partir de enero del 2006.
Problemas con la Ley de Hidrocarburos
La reciente Ley de Hidrocarburos que fue concebida fruto de un acalorado, largo y difícil debate, netamente político, no tomó en cuenta aspectos técnicos ni de redacción, de los cuales ahora podemos observar con estupor todas sus consecuencias.