Recuperación de las acciones de YPFB
José Luis Roca*

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A YPFB se le abrirá un gran horizonte empresarial el momento en que disponga de más de mil millones de dólares de capital accionario.
¿Qué debe hacer el Gobierno para recuperar las acciones que el Estado boliviano posee en las petroleras capitalizadas?

Muy sencillo. Disponer mediante decreto supremo que, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, las empresas Chaco, Andina y Transredes anulen los certificados de acciones que ahora ilegalmente figuran a nombre de AFP-FCC y, a su vez, emitan nuevos papeles a nombre de YPFB.

Las razones que autorizan a proceder de la manera indicada son contundentes. En efecto, una Sociedad Anónima (como pretenden serlo las empresas mencionadas) no puede tener como socio a alguien que no es propietario del capital representado en unas acciones (como es el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), menos aún a una persona jurídica inexistente como es el Fondo de Capitalización Colectiva, FCC. Entonces, el disponer que se rectifique una emisión accionaria incorrectamente hecha, no sólo sería cumplir lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos sino, además, significaría adecuarse a lo dispuesto por el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y aun los propios estatutos de las empresas mencionadas.

¿Por qué decimos que las referidas acciones son de propiedad del Estado boliviano?

Porque ellas, en estricta interpretación de la ley, jamás salieron del patrimonio de YPFB y, por tanto, el verbo “recuperar” es el correcto. Eso, debido a que la transferencia a título gratuito (mencionada en la Ley de Capitalización) a favor de los bolivianos que hubiesen cumplido 21 años en determinada fecha, no se perfeccionó. El patrimonio ofrecido en donación, jamás fue registrado a nombre de los referidos ciudadanos ni de ningún ente que pudo haberlos representado. Lo que hubo fue una simple promesa de donación de la misma manera que existe la figura llamada “promesa de venta”.

Pero donación y venta son contratos solemnes cuyo perfeccionamiento tiene lugar sólo mediante un instrumento público que, en el caso que nos ocupa, no existe.

¿Por qué las acciones mencionadas se emitieron a nombre de un extraño, AFP, y de alguien que no tiene existencia jurídica, el FCC?

Esa emisión se hizo ilegalmente, por razones que no son del caso examinar en esta nota, pero que tienen que ver con el manejo irregular, oscuro y doloso de todo el proceso de capitalización. Además, es bueno aclarar que las AFP, como su nombre lo indica, fueron contratadas por el Estado para administrar, exclusivamente, fondos de pensiones y así consta en sus escrituras de constitución al establecer aquél como “objeto social único” de las AFP. Dichas entidades, en ningún caso, están facultadas para manejar carteras de inversión de sociedades comerciales como hoy lo están haciendo. La emisión de acciones a favor de las AFP es aun más ilegal cuando se tiene en cuenta que tampoco son fiduciarias de las referidas acciones. Las AFP no pueden exhibir ningún documento donde conste que ellas estén actuando legalmente como administradoras de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas. Eso lo puede constatar cualquier representante nacional (senador o diputado) mediante una petición de informe escrito, dirigida al Ministro de Desarrollo Económico.

Altos funcionarios de gobierno han expresado que, antes de la recuperación, se debe esperar a que se redacten nuevos estatutos y se organice un directorio. Pero esa es una actitud dilatoria y no bien intencionada. Para recuperar las acciones en la forma aquí propuesta, no es necesario esperar nada. Si bien YPFB sufrió un “vaciamiento empresarial”, por fortuna su personalidad jurídica quedó intacta. De esa manera, las decisiones, en detalle, serán tomadas sólo el próximo año, una vez pasadas las elecciones y si esperamos hasta entonces para efectivizar la recuperación que manda la ley, este propósito puede quedar burlado. Por desgracia, los ejecutivos designados (el anterior y el actual) para presidir tan importante empresa estatal, no creen en ella.

La lógica indica que, cuando recupere su capital, YPFB se convertirá en socio verdadero de Chaco, Andina y Transredes y, como tal, tendrá derecho a nombrar sus directores y síndicos en los directorios de esas empresas. YPFB podrá tomarse el tiempo que sea necesario para planificar su futuro y designar, mediante licitación pública internacional, a un administrador fiduciario del FCC que garantice el pago del Bonosol. A YPFB se le abrirá un gran horizonte empresarial el momento en que disponga de más de mil millones de dólares de capital accionario en varias de las empresas petroleras más importantes del mundo.

Naturalmente que para proceder de la forma aquí indicada, hace falta una voluntad política que no existió durante el gobierno de Mesa y no sabemos hasta dónde existe con el gobierno actual. Las semanas próximas se conocerá la verdad.

*José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com