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Mientras eso ocurrió en Sucre, en La Paz, la Fiscalía mostró también su preocupación porque los ex ministros de Sánchez de Lozada perjudican el avance de las investigaciones sobre la llamada masacre de octubre, al plantear recursos dilatorios o “incidentes”, informó ANF.

Sánchez de Lozada y su gabinete son acusados por una presunta masacre sangrienta ocurrida en octubre del año 2003 cuando murieron 67 personas durante la llamada 'guerra del gas' que terminó con la salida del entonces Presidente.

El Ministerio Público consideró que el resarcimiento a las víctimas del 2003 podría ser perjudicado, luego de que la Sala Penal I de la Suprema negó ayer —en una audiencia reservada— la anotación preventiva de los bienes de Sánchez de Lozada, porque éste aún no fue notificado formalmente con las acusaciones que pesan en su contra.

El secretario general del Ministerio Público, Wilfredo Chávez, dijo que respetan pero no comparten el criterio sobre el control que ejerce la Sala Penal I y aseguró que “el Código Penal prevé que a la comisión de un delito, automáticamente se constituye hipoteca legal (de los bienes) sobre el supuesto autor”.

Anteriormente, la Sala Penal I indicó a la Fiscalía que para anotar los bienes de los implicados, ellos deben estar a derecho y conocer formalmente —a través de notificaciones personales— de las acusaciones en su contra.

En La Paz, el fiscal Milton Mendoza dijo que los numerosos incidentes presentados por los ex ministros imputados dentro del juicio de responsabilidades por los hechos de octubre negro “perjudican las indagaciones”. Redacción Sucre y ANF