¿Cuál debe ser el rol del sector privado en un contexto donde la lucha contra la pobreza y la inclusión social son el centro de la política pública? La respuesta a esta interrogante es uno de los puntos centrales de una nueva agenda de desarrollo en América Latina y en Bolivia.
Está comprobado que las desigualdades sociales, económicas y políticas son disfuncionales al crecimiento y el desarrollo. En cristiano, rodeados de miseria y discriminación no es posible hacer empresas, ser competitivos y generar riqueza. La lucha contra la pobreza y la búsqueda de la inclusión política y étnica son un problema ético de toda la sociedad, pero también es un desafío económico y social que compromete la viabilidad de largo plazo del país.
La construcción de un país más solidario y justo es responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad civil organizada, en esta última incluyo lo que el economista Bresser Pereira llama, lo público no estatal, así mismo las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales organizados, la iniciativa privada, entre otros.
Quiero concentrarme en los desafíos que tienen las empresas privadas en la edificación de una sociedad más equitativa. Desde una perspectiva de la administración de empresas, la gerencia de una compañía debe concentrarse en la generación de valor para sus accionistas, maximizando sus ganancias, dando sostenibilidad a la empresa.
Según esta escuela, las compañías al generar empleo y pagar sus impuestos ya están cumpliendo con su tarea. Las acciones sociales más directas, cuando existen, se reducen a algunas donaciones y actos filantrópicos. Un asistencialismo paternalista prevalece en la relación de la empresa con su entorno. Este tipo de actitudes genera prebendalismo y una cultura rentista de parte de la comunidad, sea en las ciudades o el campo.
Esta forma de ver el problema social no fue monopolio del sector privado. Nuestras empresas públicas en el pasado tenían los mismos criterios paternalistas. Financiaban bautizos, elecciones de misses, alguna vez construían una escuelita, regalaban camisetas y otras cositas para el equipo del pueblo.
Resabios de esta forma de ver la acción social de las empresas están, por ejemplo, en el cuoteo regional de las gerencias de YPFB. Como lo establece la nueva ley del sector, el directorio y la presidencia ejecutiva estarán en La Paz. La gerencia nacional de fiscalización estará en la chura Tarija. La vicepresidencia nacional de operaciones se ubicará en Santa Cruz. La gerencia nacional de exploración y explotación en Camiri. La gerencia de industrialización en Cochabamba. La gerencia de ductos en Sucre. La gerencia de comercialización en La Paz. En todos los casos, se espera que la empresa haga algo por la región.
Tal vez hubiera sido mejor colocar todas las gerencias en un camión trailer gigante, ésos de 8 ruedas, y que el primero de enero salga de Puerto Suárez y vaya recorriendo toda Bolivia repartiendo el progreso y las rentas por todos los pueblos y ciudades. En el parachoques del camión debería estar escrita la siguiente consigna: "¡Pare de sufrir! Llegó el gas, el nuevo elixir del desarrollo".
Esta forma de hacer acción social desde las empresas tanto públicas como privadas no ha funcionado. En un mundo globalizado, las firmas comprometidas con el desarrollo económico integral deben cambiar sus paradigmas.
Una línea de acción que ha surgido, en el debate internacional, es que las empresas deben tener como objetivo la creación de valor para su comunidad, para su entorno social, y no exclusivamente para sus accionistas. El desafío ahora es alinear una causa social con la estrategia competitiva de la empresa. En este contexto, el concepto adecuado es responsabilidad social corporativa. Una filosofía empresarial que busca una mayor sinergia entre la misión, visión y objetivos de las empresa con las necesidades sociales de país, en general y las de su entorno social, en particular.
En otras palabras, es trabajar con el capital social, redes sociales, que abrigan a las unidades productivas. En concreto, significa alianzas sociales estratégicas donde la empresa y una organización social trabajan en forma integrada, y las fronteras organizacionales se hacen más porosas. Cabe decir que algunas empresas en Bolivia en el sector minero, telecomunicaciones, petrolero y transportes están trabajando en esta línea.
En estos nuevos matrimonios, ambas partes ganan, pero sobre todo se sintonizan con una tarea central en Bolivia, hacer de la política social el centro de la política pública. Obviamente esta nueva forma de hacer empresas solidarias no substituye, en absoluto, la acción del Estado en la lucha contra la pobreza. Es responsabilidad de todos tener un país más fraterno y justo. El sector privado debe hacer mucho más para coadyuvar en la política social.
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