El 21060 no es cuento chino
Juan L. Cariaga*

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A pesar de sus detractores, la economía de Bolivia se ha mantenido estable en los últimos veinte años, gracias a que el Ministerio de Hacienda todavía utiliza algunos de los instrumentos financieros establecidos por el Decreto Supremo 21060.

A pesar de sus críticos e intransigentes fustigadores, la economía de Bolivia también ha mantenido un tipo de cambio estable, gracias a que el Banco Central utiliza el maravilloso instrumento del Bolsín, para determinar diariamente el tipo de cambio de la moneda boliviana con respecto al dólar.

Asimismo, a pesar de las intenciones de sus más feroces enemigos, esta disposición de ordenamiento económico, que no es más que un decreto supremo, no ha podido ser derogada debido a que, entre otras cosas, hace explícito el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a tener precios, tasas de interés y tipo de cambio, que no sean arbitrariamente establecidos por poderosos burócratas y políticos del Gobierno de turno que juegan a la corrupción y a los privilegios.

Más importante aún, dicha disposición también hace explícita la libertad que tienen los ciudadanos de exportar e importar libremente y la prerrogativa que tienen todos aquellos que realizan actividades de carácter económico, de contratar libremente a empleados y trabajadores, sin tener que mantener esta obligación por el resto de sus días.

Sin embargo, la pregunta que se hacen todos es: ¿por qué esta disposición de ordenamiento económico no ha logrado los asombrosos resultados que muestra la economía de la República Popular China o India, que aplicaron disposiciones similares? La respuesta es: porque nos fallaron los políticos y, sobre todo, los malos funcionarios públicos.

En efecto, después de que el doctor Paz Estenssoro dejara la economía con un déficit fiscal del tres por ciento del PIB, las finanzas de Bolivia jamás volvieron a situarse en este histórico nivel. Poco a poco y de manera sostenida, quienes administraron las finanzas del Estado, se encargaron de destruir estos sanos principios de administración, que le impidieron al Gobierno contar con los suficientes ahorros para encarar el proceso de reactivación.

Ejemplos de estas acciones fueron: las disposiciones que evitaron la incorporación de los gremiales a la tributación, la otorgación de cuantiosas subvenciones a los carburantes, la disminución de la edad de jubilación que destruyó la Reforma de Pensiones, el brutal incremento de funcionarios públicos y el sobre-dimensionamiento del aparato estatal, para citar tan sólo algunos de los terribles "huecos" que los políticos y los malos funcionarios hicieron al Decreto Supremo 21060 en los últimos años.

El resultado de este sistemático proceso de destrucción es la terrible debilidad financiera del Estado, que lo incapacita a encarar la reactivación económica; su vergonzosa dependencia financiera, al extremo de no poder pagar sueldos a los funcionarios públicos sin la ayuda de la cooperación internacional y, más importante aún, la frustración de no poder atacar de manera efectiva el problema de la pobreza y el desempleo en Bolivia, por falta de recursos económicos.

Pongamos en claro, entonces, que el problema de Bolivia no son las leyes, sino los bolivianos que no sabemos cumplirlas o hacerlas cumplir. Esta terrible verdad debe traer reflexiones a quienes todavía están empecinados en cambiar la Constitución Política del Estado en la Asamblea Constituyente.

En otras palabras, parafraseando lo que dijo Aristóteles en la antigüedad, las naciones que no cumplen con la ley, son sólo naciones en proceso de consolidación. Consecuentemente, a éstas de nada les sirve cambiar sus leyes si, de hecho, no las saben cumplir.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.