De táctica revolucionaria a mero recurso electorero. Tal la degradación que en la actual contienda por el voto ciudadano ha caído la denominada “alianza de clases”. Esa que tras la Guerra del Chaco, teóricamente afilaron Carlos Montenegro y otros ideólogos del MNR contra la oligarquía minero-feudal. Clase media, mineros (que entonces eran el sector proletario dominante) y campesinos sometidos a relaciones medievales de producción contra la minúscula pero poderosa élite que en 1985 había heredado el poder político de los patriotas de última hora.
No es casual que la fórmula condujera a la victoria popular del 9 de abril de 1952, garantizándole al MNR la longevidad política (64 años de vida) que hoy parece llegar a su fin. Aunque el poder recayó en manos de intelectuales de la pequeña burguesía, altamente sensibles a pragmatismos desviacionistas del rumbo programático original, conciliando, a veces, los buenos deseos con la terca realidad, intereses coincidentes sellaban la “alianza de clases”.
El principal era ocupar el espacio (el poder político) del adversario común (la rosca), que les cerraba las puertas a la economía y el mando.
Las alianzas que hacen hoy algunos candidatos presidenciales no los dicta ni la ideología ni el programa. Los imponen tipos que se creen particularmente duchos en materia de marketing electoral. Atribuyen a la mezcolanza social en las listas de postulantes a cargos electivos un potente efecto seductor del voto ciudadano. Los que trabajan para el MAS se llevan la flor en este sentido. Le empujan a Evo y sus lugartenientes a que profesionales de clase media, técnicos y hasta empresarios figuren en sus listas de candidatos a diputados y senadores, junto a dirigentes vecinales, cocaleros, indígenas y todo lo que se pueda reclutar de los sectores de la base de la pirámide social boliviana. Conste que otras opciones político-electorales aparecen ajustadas a igual lógica electorera. ¿Les dará resultado? Altamente improbable.
En la actualidad, juntar a empresarios con los cocaleros del Chapare, por ejemplo, sería tan imposible como unir el aceite con el agua. Demasiados contrapuestos los intereses que separan a ambos sectores. Los empresarios quieren desarrollo con seguridad jurídica. Las comunidades del trópico cochabambino, simple y llanamente “coca cero”. Es decir, alargar lo más que se pueda el circuito coca-cocaína.
Las capas medias urbanas (ascienden a más del 60 por ciento de la población), en su mayor parte concentradas en la economía informal, buscan también estabilidad política y el orden social, por lo que tienen intereses y visiones de país no conciliables, igualmente, con los de segmentos sociales atrapados en la onda neopopulista (cooperativistas mineros, COB, dirigentes vecinales, Codes, etc.).
Naturalmente que nada impedirá que uno o más empresarios aparezcan en las listas de candidatos del MAS o que indígenas y mujeres de pollera figuren en las nóminas de postulantes a cargos electivos que presenten a la Corte Electoral Tuto o Doria Medina. Pero estas mezclas no tendrán influencia alguna en la dirección final del voto ciudadano. De manera alguna tendrán los efectos político-electorales de una “alianza de clases”.
Serán puro connubio de individualidades igualadas en una táctica electorera que apunta solamente a objetivos personales (diputación, senaturía, ministerio, etc.).
*Mario Rueda Peña es abogado y periodista.
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