Organizaciones sociales alteñas ordenan la desobediencia civil PROTESTA • Por la demora en la salida de Aguas del Illimani, la COR y la Fejuve aprobaron que los vecinos se instalen agua y alcantarillado particularmente y que no se pague el consumo.
APROVISIONAMIENTO DE AGUA • Dos niños de Achica Arriba cargan agua en bidones.
En señal de protesta por la permanencia de Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA) en las ciudades de El Alto y La Paz, las organizaciones sociales alteñas instruyeron a sus bases la desobediencia civil, con lo que los vecinos podrían optar por no pagar las facturas de consumo e incluso gestionar, por vía particular, la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Eliodoro Equiapaza, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa ciudad, informó ayer que en vista de la dilatación de las negociaciones entre el Gobierno y AISA para que esta empresa deje de operar en ambas ciudades, la Fejuve y la COR El Alto instruyeron a los vecinos no seguir más trámites burocráticos para acceder a estos servicios básicos.
En declaraciones a radio Panamericana, dijo que los vecinos financiarán particularmente la instalación de redes de agua, con inversiones más económicas. Aseguró que éstas constarán entre 45 y 65 dólares, mientras que Aguas del Illimani cobra 155.
“Es una estafa si se considera que la empresa vino a invertir al país. Entonces, no tramitaremos más en las oficinas de AISA y los vecinos hablarán directamente con los técnicos y plomeros para que se use los mismos accesorios y materiales que emplea la entidad a un costo más bajo”.
Por su parte, el presidente de la Fejuve, Abel Mamani, sostuvo a La Razón que ya son muchos los ciudadanos que optaron por las “conexiones directas y el no pago de la factura de consumo”. El propio Mamani dejó de cancelar el servicio hace más de tres meses. “Los vecinos están en rebeldía mientras no se tomen decisiones sobre la salida de AISA”.
Ambos dirigentes acusaron al Gobierno de no tomar decisiones oportunas y de actuar al margen de la ley por haber permitido que la transnacional haya cancelado una de las tres boletas de garantía, fuera del plazo previsto. “Además, estamos viajando a Sucre para presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el contrato que se firmó con la empresa porque éste no tiene aprobación del Congreso Nacional, como debería ser pues se trata del manejo de recursos naturales”, manifestó Mamani.
No descartan intervenir AISA
El Gobierno anunció que si las negociaciones para la salida de Aguas del Illimani no prosperan, no se descarta una posible intervención a la empresa, asumiendo la probabilidad de que esta acción derive en procesos judiciales internacionales.
El delegado presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, dijo ayer que la búsqueda de una solución concertada está en la última fase de negociación, aunque admitió que si no se llega a un acuerdo eventual con AISA “la otra alternativa puede ser la intervención”.
En todo caso, explicó que ese sería un recurso extremo que llevaría al país a enfrentar procesos internacionales. Según Lazarte, lo ideal será aplicar la auditoría integral a la que se opone la empresa, pero que es la alternativa con más perfil hasta el momento.
Por el Gobierno negocia un asesor particular del Presidente. Hoy se tomará una decisión.