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Según estos registros oficiales, de 195 jubilados beneficiados con este rango elevado de rentas, 106 pertenecen al área judicial y reciben cada mes un pago por jubilación equivalente a un promedio de 12 mil bolivianos, por lo que el Tesoro General de la Nación (TGN) debe erogar 1.276.322 bolivianos mensuales.

Las rentas más altas benefician a ex trabajadores de las áreas judicial y bancaria; entre los casos se menciona, por ejemplo, a un ex funcionario del Poder Judicial con matrícula 340124 RLE, quien cobra una renta de 27.740 bolivianos, mientras que su colega con registro 260609DGG recibe 21.168 bolivianos mensuales por este concepto. Como estos casos, existe una larga lista de funcionarios de los que no revelamos sus nombres por razones de respeto a su privacidad.

Como en el Judicial, el Senasir revela que en el sistema universitario 23 personas reciben rentas de un promedio de 8.883 bolivianos, en la banca privada 17 jubilados se benefician con rentas de un promedio de 11.256 bolivianos, en el sector fabril 13 personas cobran mensualmente un promedio de 9.715 bolivianos y en el sector fabril 13 personas reciben un promedio de 9.715 bolivianos.

Según la planilla, el TGN eroga 143.679 bolivianos mensuales para cubrir el pago de rentas a estos jubilados que se benefician con las cuestionadas rentas altas.

Ante esta situación, el Gobierno analiza la posibilidad de emitir una norma que permita establecer un límite al pago de rentas que sobrepasen los 8 mil bolivianos, ya que el presidente Eduardo Rodríguez considera que las pensiones deben estar adecuadas a la realidad que vive el país.

Según el Ministerio de Hacienda, se requieren cerca de ocho millones de bolivianos adicionales por año para cubrir el pago de estas rentas.

En marzo del 2004, el Gobierno del entonces presidente Carlos Mesa fijó, mediante un decreto supremo, un tope de 8 mil bolivianos para las rentas de los jubilados del país, pero tras una demanda de los afectados ante el Tribunal Constitucional, la medida quedó anulada por un fallo que declara inconstitucional la norma emitida al respecto.

Ahora, el Ejecutivo trabaja en un mecanismo constitucional para conseguir el mismo objetivo: eliminar en el país el pago de rentas sobredimensionadas.