Es de esperar que las agrupaciones políticas busquen aliados para las elecciones, especialmente cuando se teme que los resultados muestren una gran dispersión que haga difícil lo que ahora se busca: la gobernabilidad requerida para administrar, sin mayores sobresaltos, un Estado moderno.
La historia reciente muestra que las candidaturas en nuestro país no han concitado mayorías sólidas; es decir que no es suficiente obtener unos pocos votos sobre los demás. Lo que debe contar es el deseado apoyo de una porción mayor de los electores. En efecto, lo sucedido hasta ahora es que esos resultados fueran considerados como virtuales empates, o sea la representación de insignificantes diferencias.
Si vamos a creer en las últimas encuestas —son parciales pues sólo se refieren a áreas urbanas y a cuatro ciudades— vemos que estamos yendo, nuevamente, a ese empate que presagia acuerdos que, en el pasado, fueron circunstanciales y representativos de la mera búsqueda de copar la administración pública, antes que conformar frentes con propósitos comunes, con principios coincidentes, con ideologías compatibles. Así es como resultaron gobiernos amorfos, con agudas contradicciones internas, con objetivos disímiles.
Ahora, eso del 21, 20, 15 y siete por ciento que correspondería a los más favorecidos según las recientes encuestas, hace avizorar que en las próximas elecciones no habrá un claro ganador; el país se dividirá en por lo menos cuatro pedazos más o menos equivalentes, sin considerar los votos en blanco y las abstenciones, con el añadido de las distintas visiones regionales, que también buscan satisfacer legítimas expectativas.
Ya hay afanes para concertar alianzas con cualquier tendencia, aun con la diametralmente opuesta en orientación y en propuestas. No interesa la afinidad programática, sino llegar al poder a toda costa. En estas condiciones, poco habrá cambiado y pocas serán las esperanzas de elevar los valores cívicos y la madurez política.
Los correteos y acoso por lograr el apoyo de un Alcalde —cuyo curioso proyecto electoral ya naufraga— ratifica que todo vale; que ya es aceptable mezclar izquierdas con derechas, proyectos de nacionalización con propuestas francamente neoliberales, y a hombres de cualquier antecedente, ya sean conservadores, liberales o revolucionarios extremistas.
Y qué decir de las siglas. No hay empacho en ponerse cualquier etiqueta, por ejemplo la de izquierda revolucionaria, y pactar con cualquier opción de la derecha o del centro. Es que eso de revolucionaria solamente fue un rótulo que se quedó sin hacer cambio alguno, o sea sin revolucionar nada.
Cuando se advierten fallas en un sistema, cuando las experiencias son malas, cuando hay peligros de convulsión, hay que cambiar. El cambio puede provenir de algo menos efectista que una poco clara Constituyente. La respuesta pudiera ser una nueva y razonable ley de partidos políticos que tienda a unificar tendencias, antes que fomentar la dispersión del electorado, como resulta de la actual apertura para la participación electoral de agrupaciones llamadas ciudadanas —como si los partidos no fueran también conjunto de ciudadanos— que fue producto del sólo afán populista de ganar simpatías.
*Marcelo Ostria es abogado y diplomático.
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