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Las negociaciones han sido intensas para llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los representantes de las alcaldías y de las universidades. La última oferta realizada por el Gobierno de otorgar un 25 por ciento, es decir, algo más de diez millones de bolivianos ha sido rechazada enfáticamente porque, según dijeron los voceros, no abastece las expectativas de los demandantes.

No se acaba de comprender la actitud ni de las alcaldías ni de las universidades. Las primeras, a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Participación Popular, reciben recursos de coparticipación tributaria, así como han sido beneficiadas con dinero del alivio de la deuda. Por otro lado, perciben recursos por ingresos propios. Muchos de los gobiernos municipales han superado sus estados deficitarios y ahora, incluso, son sujetos de crédito. En suma, están mejor que hace 11 años. Es cierto, por supuesto, que al igual que los ingresos han sumado las responsabilidades, se han duplicado. Eso está claro. Pero insistir intransigentemente con acceder a un porcentaje caprichoso del IDH es demasiado y, encima, anunciar medidas como la huelga y la paralización no es razonable, más cuando el clima de incertidumbre sobre el tema hidrocarburos es alto.

Sobre las universidades ya se ha observado demasiado el uso de sus recursos económicos. Las universidades están en el ojo de la tormenta, atestadas de denuncias que tienen que ver con irregularidades. ¿Tendrán claro para qué exactamente desean un porcentaje del IDH? ¿Será para mejorar el sistema universitario en general? Todo es duda.