La Constitución Política del Estado establece claramente que "la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley". (Art. 209)
Sin embargo, la ciudadanía se ha visto sorprendida por la tramitación de la personería jurídica para una agrupación política que con el nombre de Tradepa busca ser la expresión de los intereses castrenses.
Es más, se ha denunciado que la recolección de firmas necesarias para este proceso de aprobación se habría realizado en los cuarteles, obligando a los conscriptos a la firma de los libros de inscripción, lo cual puede ser una seria alteración a la libertad ciudadana de pertenencia a cualquier agrupación política.
También se viene manejando la idea de que este sería un mecanismo necesario para defender los intereses del Ejército en la futura Asamblea Constituyente.
Ello pese a que las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, tienen la misión fundamental de "defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales, asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país". (Art. 208).
Y precisamente esta misión fundamental de las Fuerzas Armadas hace que dicha institución exista en función del conjunto y el bien de la sociedad y no precisamente como una corporación más que lucha por conseguir el poder y ejercerlo, siendo que la propia Constitución señala que "toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición".
Es muy posible que los intereses de Tradepa se inscriban dentro de la lógica de defender los intereses sectoriales y corporativos que caracterizan la acción política en el país.
Esta tendencia tiene el serio riesgo de fragmentar aún más el país, y generar grupos de poder que se apoyen en intereses particulares por encima del bien del conjunto de la sociedad. Por ello no es recomendable esta fragmentación y menos aún promovida por instituciones que dependen directamente del Presidente de la República, que son las encargadas de velar por el orden constitucional y que detentan el uso legítimo del poder armado.
Al contrario, las Fuerzas Armadas están llamadas a constituirse en un instrumento de unidad y paz, que contribuya al verdadero desarrollo nacional.
*René Cardozo es sacerdote jesuita. Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
Comprometedor subsidio
En el caso de Bolivia, el contrabando del GLP, la gasolina y el diesel oil es aún un problema.