El costo del tiempo político
Mariella Pereyra Ortiz*

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Tenemos que reconocer que en Bolivia vivimos tiempos angustiosos, plenos de confusión e incertidumbre. El deterioro del nivel de vida es alarmante, la amenaza del desempleo, la fragmentación social y organizativa ha alcanzado su nivel máximo; mientras los sueños por la construcción de una nueva sociedad boliviana se han reducido a su expresión más tímida.

La ciudadanía boliviana está hastiada de las prácticas partidarias poco transparentes, corruptas; de las continuas movilizaciones y bloqueos de los movimientos sociales, cívicos, sindicales y gremiales; ya no quiere saber más de mensajes demagógicos que se quedan en palabras, que no se traducen en actos; exige prácticas coherentes con el discurso y respeto a la institucionalidad democrática.

En el contexto de un creciente escepticismo popular en relación con el sistema político y sus actores, coexiste la ausencia de una propuesta política alternativa, rigurosa y creíble. La acción política nacional está huérfana de modelos explicativos y orientadores, porque la mayoría de los viejos modelos se han derrumbado y los nuevos no logran demostrar su efectividad en términos de crecimiento con equidad. Los esfuerzos por revertir el retroceso socioeconómico han desembocado en frustración e impotencia.

La antesala de los comicios presidenciales de diciembre traen a mi memoria esa regla práctica de la política, de la cual no se escapan ni aquellas sociedades con larga tradición democrática y con actores políticos que ofrecen programas y acciones concretas: “El mayor costo político es el costo tiempo”.

El tiempo político para hacer algo se mide por el grado de respaldo y credibilidad social. En otros términos, por la más inconstante y voluble de las categorías que configuran las relaciones de poder. No se trata de terminar un programa de gobierno en seis meses, se trata de comenzarlo. Tampoco se trata de inventar nada, sino de actuar con sensatez y sin mezquindades, dando continuidad a las políticas públicas que merecen tenerla y revisando las insuficiencias de los procesos que merecen ajustes. En estos casos, el tiempo calendario puede ser cinco años pero el tiempo político es inversamente proporcional.

Lo expuesto no quiere decir que los gobiernos con iniciativa pueden evitar los costos políticos. Al contrario. Hay que recordar que el desgaste es paralelo al ejercicio del poder. Todo gobierno lo sufre. Si es bueno, con mayor intensidad. Pero la diferencia está en que el costo tiempo se debe generar por hacer algo importante.

Lo irónico del caso es que la regla suele ser ignorada precisamente por quienes más deberían observarla. Es decir, por administraciones políticas que carecen de consistencia sociopolítica y cuyas únicas intervenciones se reducen a destruir lo existente sin propuestas alternativas. Nada los apura. Parece que tienen todo el tiempo del mundo para la intrascendencia.

Parece un perogrullo, pero dada la coyuntura por la cual estamos atravesando en Bolivia, me parece oportuno señalar que el tiempo pasa y conlleva un costo. Sí, el tiempo pasa...

*Mariella Pereyra
es cientista política.