IDH, transparencia y equidad
Carlos Causace*

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Las discusiones públicas acerca de los destinos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a las que de manera oportunista se han sumado con fuerza las universidades públicas y los municipios —ambos sectores estuvieron ausentes en la lucha que los movimientos sociales libramos por la recuperación de los hidrocarburos— creemos que son un sano ejercicio de transparencia para que todos sepamos dónde irán a parar esos recursos.

La transparencia es una forma de ponerle un candado a la tentación de farrearse la plata por parte de los políticos de turno. Si bien es importante participar en la definición de políticas públicas que son de interés de todos, de la misma manera es necesario que sea una participación igualitaria y una definición consensuada.

Los pueblos indígenas estamos convencidos que todos los bolivianos tenemos que acceder a estos beneficios, sea a través de planes de desarrollo departamental, de inversiones municipales, de fondos de inversión social, etc., pero siempre con equidad.

Pero que la gente sepa oportunamente y que participe en el debate sobre cómo se van a distribuir esos recursos, no garantiza que sean asignados correctamente. Las dudas comienzan porque, salvo unos pocos, casi todos los municipios están manejados por personeros de los partidos políticos; lo que significa que vamos a tener que vigilar muy bien cómo invierte cada municipio. Juntos con el sistema universitario son hoy por hoy focos principales de corrupción, así lo vienen denunciando periódicamente los medios de prensa.

Por este motivo, los pueblos indígenas hemos exigido la creación de un sistema de asignación directa de estos beneficios y la nueva Ley de Hidrocarburos reconoce este derecho junto a los de otros sectores, y es que se considera que existe una deuda histórica con los 37 pueblos indígenas que hasta ahora continúan marginados del desarrollo. Con los beneficios directos del IDH, los pueblos indígenas podremos invertir más en proyectos forestales y agropecuarios autogestionados.

Según información del Servicio Nacional de Impuestos, por concepto de IDH el Estado estima recaudar durante la gestión 2006 la suma de 428 millones de dólares. De acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de la nueva Ley de Hidrocarburos, el 4% será asignado para "cada uno de los departamentos productores de su correspondiente producción fiscalizada", lo que corresponde a 53,6 millones de dólares a distribuirse entre Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. También se asigna el 2% "a cada unos de los departamentos no productores" correspondiendo distribuir un aproximado de 133,9 millones de dólares por igual entre La Paz, Beni, Potosí, Pando y Oruro).

Aplicando un principio de equidad, la ley establece que "en caso de existir un departamento productor que reciba menos que un departamento no productor, el TGN nivelará su ingreso...", este es el caso de Chuquisaca que deberá recibir 20,5 millones adicionales. Por tanto, de los 428 millones estimados, un total de 207,5 millones corresponden a los departamentos productores y no productores, quedando un saldo de 220,5 millones de dólares que según la ley deben ser asignados "a favor del TGN, los pueblos indígenas originarios, las comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros". Aunque corresponde al ejecutivo definir la distribución de este saldo, pensamos que lo responsable es concertar conjuntamente. El Gobierno debe promover la consulta y la participación; para garantizar la transparencia y la equidad.

*Carlos Cuasase
es presidente de la Organización Indígena Chiquitana.