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La negociación comenzó hace cuatro meses, cuando se aprobó en grande la ley ampliatoria de la Ley 1551 y el Ministerio de Hacienda la observó. La determinación de ingresar a las movilizaciones surgió el jueves, cuando el Gobierno tomó la decisión de retraer su propuesta y de dejar en punto cero la negociación. No hemos roto las negociaciones, pero con el último planteamiento entendemos que el Gobierno decidió ya no continuar con la tratativa.

¿Está la Universidad Mayor de San Andrés abierta al diálogo?

Nuestra posición es buscar el diálogo porque es la única forma de solucionar este conflicto. No nos cerramos a ninguna propuesta. Queremos escuchar y también demostrar nuestros argumentos para encontrar un punto de consenso que dé respuestas.

¿En qué invertiría la UMSA los recursos en caso de que el Gobierno ceda a la demanda?

Mediante una resolución, el Consejo Universitario ha establecido por unanimidad que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no van a ser utilizados en sueldos o en gasto corriente. Se va a establecer una partida y una cuenta especial que destine los recursos a infraestructura, investigación para proyectos de desarrollo en La Paz e interacción social en el marco de la proyección de la universidad en las provincias. Ese es el destino exclusivo que se ha decidido para los recursos del IDH.

¿Cómo se va a fiscalizar que el dinero no sea desviado hacia otros fines?

Se ha planteado crear un mecanismo de control social donde participen, por ejemplo, organizaciones sociales y cívicas que puedan verificar el uso de los recursos. Nosotros presentamos al Ministerio de Hacienda los estados financieros para que los evalúen. Ahí se puede evaluar también la utilización de los recursos.

¿Qué respuesta tendría que dar el Gobierno para que se suspendan las medidas?

Nosotros ratificamos la demanda de coparticipación en el 5% del total del IDH. Sobre esta base, estamos llanos a analizar de dónde provendrían estos recursos, sea una fuente regional o del TGN.