Dividiendo la pizza del gas
Gonzalo Chávez A.*

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Uno de los espejismos que la sociedad boliviana está viviendo, a raíz de la enorme expectativa que han generado las rentas del gas natural, es que cree que si la misma pizza se divide en más pedazos, ésta crece automáticamente. Es una versión neopopulista de la multiplicación de los panes. Es el delirio de la cultura rentista bien acuñada por nuestros políticos.

Como el papel aguanta todo, la riqueza del gas está siendo disputada con uñas y dientes, ahora por municipalidades y universidades, pero les aseguro que en breve habrá otros sectores buscando un pedazo de la pizza del gas. A medida que avance el proceso autonómico, la disputa por las rentas del gas se regionalizará y será más intensa.

A rigor, cada boliviano tiene derecho a un pedazo del nuevo elíxir del desarrollo y ciertamente puede mostrar razones aún valederas para exigir su parte. La pelea por el IDH es apenas la punta del iceberg de un tremendo conflicto distributivo que viviremos en los próximos meses. En el país se está gestando una hiperinflación de expectativas sobre lo que se puede hacer con la renta del gas. El siguiente paso será un diluvio de demandas sociales y regionales sobre un Estado cada vez más débil para intermediar y resolver conflictos, independientemente de quien esté en el gobierno. En la fila para recibir algo de la platería de la Pachamama (el gas) están los pueblos indígenas y originarios, las comunidades campesinas, la Policía, las FFAA y otros grupos o regiones que pedirán lo suyo.

En un país pobre como el nuestro, las necesidades sociales y económicas son mucho mayores que los recursos; por lo tanto, los recursos del gas no alcanzan para todo. El desafío central es hacer un uso racional de estas rentas. El sentido común recomienda que antes de romper la piñata del gas deberíamos tener una estrategia de desarrollo de país que indique dónde vamos a invertir los recursos del gas de manera muy específica. El mandato del referéndum del gas es muy genérico. En los últimos años, en materia económica navegamos sin brújula ni mapa de navegación, no obstante los esfuerzos que se hicieron en los diálogos nacionales para construir agenda productiva y social concreta. Es de esperar que en las elecciones de diciembre los candidatos presenten proyectos específicos para el uso de los recursos del gas.

Una de las tensiones que emergió del conflicto del IDH se da por las necesidades que tiene el Tesoro General de la Nación (TGN) para mantener un déficit público sostenible, y las demandas locales. La estabilidad de precios es un patrimonio nacional y en gran medida depende de la salud de las finanzas públicas nacionales. Cabe siempre recordar que la inflación es el peor y más regresivo impuesto para la gente, especialmente para los más pobres.

En el 2002, el déficit público alcanzó al 8,8 por ciento del producto. A fin de año estará en torno del cinco por ciento, que básicamente corresponde al costo de la Reforma en Pensiones. El cierre parcial entre gastos e ingresos que se hizo en los últimos años se basó en programas transitorios, como el Impuesto a las Transacciones Financieras, la nacionalización de autos chutos, o donaciones externas. Hacia adelante el TGN seguirá padeciendo de una hambruna fiscal, porque sus gastos son muy inflexibles y por lo tanto no puede prescindir completamente de los nuevos ingresos del IDH sin poner en riesgo la estabilidad. En concreto, del total de gastos, el 43 por ciento, la friolera de 763 millones de dólares, se va en sueldos y salarios de maestros, médicos, policías y militares. El pago de pensiones y beneméritos representan el 24,6 por ciento, 436 millones de verdes. Las universidades se llevan 75 millones. Los intereses de la deuda interna y externa alcanzan al 16 por ciento del gasto total, 288 millones de dólares, siendo que la deuda externa ha ido bajando en cuanto la deuda interna fue subiendo hasta llegar, el 2005, a 1.800 millones de dólares. Buena parte de esta plata la pusieron los ciudadanos que tienen sus cuentas en el Fondo de Capitalización Individual.

En el año 2005, los subsidios al diesel y al GLP sobrepasan los 60 millones de washingtones. Esta avalancha de números es para mostrar que el TGN está con el agua en el cuello y no tiene mucho margen para cortar estos gastos, es decir que si no recibe ingresos del sector petrolero, el sistema colapsa.

Por otro lado, es verdad que prefecturas, municipios y universidades necesitan recursos para ofrecer una mejor educación, salud y para apoyar proyectos productivos locales, pero pedir cheques en blanco no es serio. Los recursos deberían transferirse a cambio de programas concretos de infraestructura social y productiva. La repartija de recursos se la hizo en base de la presión, nuestros municipios actuaron como sindicatos y mostraron otra de las facetas de la profunda crisis estatal. Con la propuesta del Gobierno, de los 417 millones del IDH, las prefecturas, municipios y universidades se llevarán algo así como 250 millones sin haber mostrado un proyecto o programa. Es un mal precedente para los que están en la fila esperando su parte de la pizza del gas.

Las regiones y sus gobiernos deben probar que el desarrollo local llega a la gente de manera transparente y eficiente. Los acuerdos entre los municipios y el Gobierno central son un ejemplo de lo que no debe hacerse a la hora que se inicie la descentralización fiscal, que surgirá del proceso autonómico.

*Gonzalo Chávez
es economista.
chavezbol@hotmail.com