La Fiscalía decide sacar al MST de las tierras que ocupó Una reunión de autoridades nacionales y locales determinó dejar que el Ministerio Público aplique la ley. El Fiscal del Distrito envió a la zona una comisión. Los dirigentes son convocados a declarar en Portachuelo.
Un momento para el descanso • Pese a la tensión que se vive en Santa Rosa del Sara, un grupo de campesinos conversa y descansa después de la comida que improvisaron ayer.
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, envió un equipo de fiscales a las propiedades tomadas por miembros del Movimiento Sin Tierra con el objetivo de notificar a los líderes y advertir que “lo mejor sería que desalojen por las buenas”, entre tanto, la tarde del martes la autoridad del Ministerio Público pidió al comandante de la Policía Departamental, Federico Gonzales, el trabajo previo de Inteligencia y la organización de una acción para intervenir dicha ocupación.
Según pudo comprobar El Nuevo Día, en el lugar del problema unos 200 campesinos todavía mantienen en su poder maquinaria agrícola y amenazan con resistir si acaso la Policía ingresa a la zona.
De inmediato, los fiscales iniciaron la investigación y entregaron citaciones a los líderes para que acudan a declarar a la localidad de Portachuelo, se los espera hoy por la mañana, antes de tomar una medida por la fuerza.
Este tema mereció la atención de las autoridades nacionales, desde el presidente Eduardo Rodríguez, quien manifestó su deseo porque se imponga el cumplimiento y el respeto a la ley. “Ese es un comportamiento que debemos asumir todos, desde las autoridades”, dijo.
El ministro de la Presidencia, Iván Avilés, confirmó que el Prefecto de Santa Cruz le comunicó la decisión de dejar en manos de la justicia y los fiscales la resolución de este conflicto.
El fin de semana al menos 200 personas afiliadas a los sindicatos 5 de Mayo y Nueva Jerusalén del Movimiento Sin Tierra ocuparon cuatro propiedades de la provincia Sara, a más de 130 kilómetros de Santa Cruz. El argumento para cometer esa acción es que aparentemente en los terrenos no se hizo ningún trabajo ni existen cultivos.
Según los informes, los campesinos ocupan las propiedades Nuevo Horizonte del candidato a prefecto, Rubén Costas; Puesto Miriam, de Mortimer Domínguez; Isla Los Andes, de Hubert Jiménez, y Grupo Portachuelo, de Ángel Paz.
Aniceto Segovia, uno de los dirigentes, dijo que los empresarios afectados “son latifundistas que avanzan sobre las tierras de los campesinos y no como buscan hacer creer a la opinión pública”.
Aseguró que cada familia campesina posee allí terrenos de 50 hectáreas para su vivienda y el cultivo de alimentos.
Sobre este conflicto, el director del INRA, Roberto Tórrez, pidió a los campesinos que acudan a las instancias legales para demandar el acceso a la tierra. “Para eso está la ley y las comisiones agrarias, donde todos los sectores tienen sus representaciones. El INRA es el ente operativo y ejecutor de las decisiones que toman las comisiones”.
El presidente del Comité Cívico de Santa Rosa, Daniel Vespa, señaló que las autoridades lo- cales se encuentran muy preocupadas por un posible enfrentamiento y responsabilizó anticipadamente al fiscal Jaime Soliz, “de cualquier hecho de sangre que pueda registrarse”. “Sabemos que la Prefectura y la Fiscalía intervendrán, estamos preocupados, porque el Gobierno decidió tomar una acción que podría generar violencia. Hay más de 20 mil campesinos movilizados”, afirmó. Santa Cruz, El Nuevo Día-ABI-ANF
Zona de Conflicto
Toma • En marzo de este año las centrales campesinas de Jenecherú y Las Pavas ingresaron a la propiedad de El Choré.
Denuncia • Denunciaron que desde el 17 de marzo hay presencia militar en la zona de Jenecherú. Acusaron a los empresarios de pretender extender sus propiedades.
Solución • El INRA otorgó documentos que legalizan el asentamiento de los campesinos.
Un momento para el descanso • Pese a la tensión que se vive en Santa Rosa del Sara, un grupo de campesinos conversa y descansa después de la comida que improvisaron ayer.