Después de haberse hecho pública la intención de Telecom Italia de vender el paquete accionario que posee en la empresa Entel SA, se han vertido diferentes opiniones no siempre correctamente relacionadas con los hechos.
Sobre la base de mi experiencia en el cargo de Delegado para la Revisión y Mejora de la Capitalización, plasmada en varias publicaciones e informes, deseo puntualizar algunos aspectos de esa operación, sin pretender agotar toda la complejidad que tiene ese tema.
En primer lugar, la decisión de vender acciones es una atribución privativa de su dueño, el accionista mayoritario de Entel SA, aspecto en el cual el Estado boliviano no puede interferir. Según el Presidente de Entel SA, esa decisión,
madurada en el último año, corresponde a un cambio de estrategia de esa empresa multinacional con respecto a sus inversiones en América Latina y no está aparentemente relacionada con la situación política y social del país ni con la rentabilidad de la empresa.
Sin embargo, el problema de vender el 50% de las acciones de Entel SA reside en el valor real de esas acciones y en el precio exigible. Acá interviene la prima de emisión de 380 millones de dólares: el eventual comprador debería pagar, por las acciones de la Telecom, un precio que incluye el 50% de la prima de emisión. O sea estaría comprando dinero, destinado a inversiones reguladas, con dinero libre, lo que es un absurdo. De ahí el afán de la Telecom de proceder a la distribución de la prima de emisión, previamente a la venta de sus acciones. Si la Telecom ha cumplido con el contrato de suscripción de acciones, como habría certificado el Ministro de Desarrollo Económico, entonces ese contrato ha quedado extinguido y la empresa Entel SA ya no tendría obligaciones contractuales con el Estado boliviano. En particular la Junta de accionistas podría, como ha hecho el día martes 20, decidir la distribución de la prima, y algo más, entre los accionistas.
¿Qué pasa con la distribución de la prima? ¿Quién gana y quién pierde? Obviamente gana la Telecom, ya que se facilita la venta de sus acciones, además de permitirle recuperar 195 millones de dólares de su inversión. Gana también el Fondo de Capitalización Colectivo (FCC) administrado por las AFP’s, ya que con ese dinero podrá recuperar la fracción del patrimonio del FCC invertido en el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y tener liquidez para el pago del Bonosol. Ganan los bonosolistas, porque las utilidades de Entel no son en principio afectadas por la disminución del patrimonio, habida cuenta que esos 380 millones de dólares contribuían sólo con unos 5 millones de dólares al año a la utilidad de la empresa y menos de la mitad al FCC. Gana el país, si las AFP’s mantienen el compromiso de invertir parte del dinero recuperado por el FCI en apoyar al desarrollo del país (principalmente mediante fondos de contraparte de nuevos caminos). Finalmente, si fuera Cotas el comprador de las acciones, tendríamos a una empresa cruceña invirtiendo a escala nacional, en contracorriente a las tendencias separatistas que se atribuyen al oriente.
Y el TGN, ¿qué gana? Este es un tema delicado que el anterior gobierno estaba tratando con mucha atención. De acuerdo a normas contables, la prima de emisión no es una utilidad, de modo que la disminución del patrimonio por ese concepto no tributa. Sin embargo, la transferencia de 195 millones de dólares de la Telecom al extranjero podría tributar mediante el impuesto a las remesas al exterior (12.5% de 195 millones de dólares, o sea más de 24 millones de dólares), por el peculiar origen de la prima de emisión de esa empresa capitalizada. Esperamos que las actuales autoridades no descuiden el interés del país en esta legítima operación financiera.
*Francesco Zaratti fue delegado presidencial para la Revisión y la Mejora de la Capitalización.
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