El Tribunal ordena redistribuir escaños y paraliza la elección El Tribunal Constitucional ordenó al Congreso modificar la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y reavivó las disputas regionales. El Ejecutivo está preocupado.
Las elecciones de fin de año están nuevamente en duda. El Tribunal Constitucional falló ayer a favor de una demanda que presentaron parlamentarios cruceños observando al Congreso por no haber redistribuido los escaños de la Cámara de Diputados para los próximos comicios, decisión que paralizó el proceso electoral, provocó fricción entre las regiones afectadas y dejó al Legislativo con la obligación de encontrar una salida legal.
El fallo, que declara inconstitucional la reforma que el Congreso aprobó a la Ley Electoral para mantener en esta elección la vieja distribución de escaños, sin readecuarlos en función de los resultados del último censo nacional (como lo establece el artículo 60 de la Constitución), cayó como un balde de agua sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Corte Electoral, las regiones y los partidos en carrera electoral.
La incertidumbre se apoderó de todos ellos y ninguno de sus representantes se atrevió a señalar cuál será el destino inmediato de las elecciones convocadas para el 4 de diciembre, respuesta que dejaron en manos del Congreso, que decidió suspender su semana regional para tratar el tema a partir del próximo lunes.
El Tribunal se limitó a señalar que el Congreso está obligado a resolver "con urgencia" la vulneración constitucional en la que incurrió al omitir la redistribución de escaños que ordena la Constitución y que beneficiaría a Santa Cruz con cuatro curules más en la Cámara Baja, a Cochabamba con dos y, contrariamente, afectaría a La Paz, Oruro y Potosí, que perderían seis escaños.
El primer efecto del fallo fue la paralización del proceso electoral, anunciado en conferencia de prensa por los vocales de la Corte Nacional Electoral. Entre tanto, mientras en Santa Cruz habían festejos, parlamentarios de las regiones afectadas decidieron trasladarse a sus centros de origen para coordinar acciones de defensa del número de escaños que actualmente ocupan.
Parlamentarios de los tres departamentos anunciaron que podrían bloquear los comicios si se realizan en base a una nueva distribución de escaños, mientras sus colegas cruceños destacaban la seriedad y transparencia del fallo constitucional. El Ejecutivo convocó a una conferencia de prensa para pedir calma a los sectores afectados y sugerirles que cualquier expresión de descontento sea planteada en el ámbito del debate legislativo.
Entre tanto, los tres principales frentes en carrera electoral se pronunciaron en defensa de las próximas elecciones. Samuel Doria Medina, candidato de UN, dijo que esperaba que no haya cambios al proceso electoral y Hernán Terrazas, vocero de Podemos, expresó su deseo de que el proceso eleccionario no sufra alteraciones.
En el caso del MAS, el diputado Antonio Paredes denunció que existen intereses "de la derecha" que trabajan por el fracaso del proceso electoral, ante la evidencia de que su partido está muy cerca de ganar ese proceso.
El Congreso se reunirá a partir del próximo lunes para analizar este tema y la Corte Nacional Electoral explicó que, de hacerlo en los próximos 15 días, quedaría abierta la posibilidad de que la fecha de los comicios no sea cambiada, aunque exigirá cambios en las listas de postulantes.
EL FALLO
Inconstitucionalidad • El Tribunal Constitucional "declara inconstitucional el artículo 88 de la Ley Electoral, con los efectos derogatorios establecidos en el artículo 58, inciso tres, de la Ley del Tribunal Constitucional". El mencionado artículo definía que para las elecciones del 4 de diciembre se aplicaría la distribución de escaños vigente en los anteriores comicios, siendo que la Constitución ordena la redistribución en base al último censo.
Solicitud • El Tribunal Constitucional también determinó "instar al Poder Legislativo, que con carácter de urgencia sancione la ley modificatoria al artículo 88 de la Ley Electoral, ajustado a lo previsto por el artículo 60, inciso sexto, de la Constitución Política del Estado". Ese artículo establece que la asignación de escaños en la Cámara de Diputados debería hacerse en base a los parámetros poblacionales definidos en el último censo nacional.